Tanto en Junts como en ERC se han cabreado de lo lindo ante el sorpresivo giro de guion que ha dado la Moncloa al informar de que los móviles del presidente Sánchez y de la ministra Robles fueron infectados hasta en dos ocasiones en 2021 por el troyano Pegasus, el mismo sistema de espionaje que los independentistas denunciaban que había sido utilizado contra ellos por parte del CNI.

Dudan de que sea verdad, lo describen como una cortina de humo, mientras ellos exigen que todo el mundo crea a pie juntillas que han sido víctimas de escuchas telefónicas masivas. El informe impulsado y seguramente redactado en su integridad por el activista Elies Campo, bajo el paraguas del Citizen Lab, ya ha sido suficientemente descreditado por investigadores de sobrada solvencia como José Javier Olivas, tanto en extensos y documentados hilos en Twitter, como en un magnífico artículo resumen que publicó en El Mundo (Escándalo útil, investigación teledirigida), el pasado 29 de abril.

Evidentemente, eso no significa que antes del 1 de octubre y a raíz del Tsunami Democràtic la inteligencia española, con autorización judicial, no investigase a algunos líderes separatistas con pinchazos telefónicos. Era su obligación, y demasiado poco les vigilaron porque ni se encontraron las urnas, ni se evitó la fuga de Carles Puigdemont, ni se sabe con certeza quién organizó el clima de altercados violentos como reacción a la sentencia del procés, en octubre de 2019.

El supuesto caso de espionaje a los independentistas catalanes se ha hinchado para fabricar una campaña de propaganda, muy útil en Cataluña para agitar de nuevo a su parroquia, alimentar sus terminales y, claro está, el negocio (con la venta de camisetas, "Catalangate, ens estan vigilant”, o pidiendo donativos a las entidades civiles del separatismo). Pero el escándalo sobre todo tenía la finalidad de empalmar con la comisión investigación que el Parlamento Europeo aprobó a principios de marzo sobre si los gobiernos de Polonia y Hungría habían utilizado el potente sistema israelí Pegasus para espiar a sus enemigos políticos, infringiendo el Estado de derecho.

Los separatistas, sobre todo el eurodiputado Puigdemont, vieron la oportunidad para acusar también a España y, ¡oh, casualidad!, el mismo día que se constituía dicha comisión, el pasado 19 de abril, y de la que el expresident forma parte, dieron una rueda de prensa denunciando el Catalangate. Por tanto, no hay nada improvisado: se fabrica el informe, aprovechando los contactos de Elies Campo con el grupo de investigación Citizen Lab, y un medio como The New Yorker lo publica sin someterlo a ningún control de calidad porque el periodista Ronan Farrow debe su notoriedad a destapar casos ilícitos, sexuales o políticos.

Por su parte, a Puigdemont le convenía muchísimo hacer bandera del escándalo, pues ahora mismo es poco menos que un apestado en la Eurocámara tras evidenciarse sus lazos con la trama rusa. Se abría así un mundo de posibilidades en la campaña del separatismo contra España, y en ERC no quisieron ser menos que Junts. De ahí que acabaran votando contra el decreto anticrisis y congelaran las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez. Exigían cabezas, como mínimo la de la directora del CNI, Paz Esteban, y apuntaron también a la ministra Robles, que valientemente salió a defenderse en el Congreso, dejándoles un recado: “Cuando se sepa todo, los que ahora acusan, callarán”. En el acoso político a la responsable de Defensa contaron también con la complicidad de Unidas Podemos.

Que la festividad en Madrid del 2 de mayo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, diera una madrugadora rueda de prensa revelando los casos de espionaje con Pegasus que han sufrido el Gobierno, evidencia las debilidades en la seguridad frente al mundo de la tecnología digital, ataques que también han sufrido presidentes de otros gobiernos del mundo (Johnson, Merkel, Macron, etc.), aunque no lo hayan reconocido, pero es una forma de matar el Catalangate para convertirlo en un caso de espionaje de dimensiones desconocidas.

El Gobierno de Sánchez renunció a dar la batalla frente a las disparatadas acusaciones del independentismo, excepto la ministra Robles que vio en peligro su puesto. Ante tamaña debilidad y como cortafuegos de cara a la reunión de este jueves de la comisión de secretos oficiales, ha decidido superar el caso por elevación, sumándose a la condición de víctima de un espionaje por parte de no se sabe muy bien quién.

Ya no hay Catalangate sino un Spanishgate. Es difícil que la directora del CNI no acabe antes o después siendo relevada, pero no por el espionaje que denunciaban los independentistas, sino por el sufrido por el Gobierno. Los partidos separatistas están que trinan y no dejarán de morder este hueso, pero el foco ya no está sobre ellos. Y en el Parlamento Europeo la carpeta sobre Pegasus no se llamará Catalangate.