Seamos claros, que el borrador del Govern sobre el nuevo currículum escolar no recoja la sentencia del TSJC sobre la inmersión no significa que esta no vaya a aplicarse. El contencioso sobre la presencia de un mínimo de 25% en castellano en la enseñanza obligatoria en las escuelas catalanas se salda con un victoria inequívoca de la posición defendida por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

Sencillamente, quien va aplicar esa sentencia son los centros educativos, aunque desde la Generalitat no se envíe una orden expresa y directa exigiéndolo, y pese a que tanto el president Pere Aragonès como el conseller de Educación, Josep González Cambray, hagan declaraciones en un sentido aparentemente contrario, afirmando generalidades como que “el catalán no se toca” o llamando a defender “la escuela catalana”.

Que en el borrador que se ha conocido se defina “al catalán como la lengua vehicular y de referencia”, mientras se obvia al castellano, no significa nada. O mejor, dicho: la Generalitat va a obedecer haciendo ver que no hace nada o incluso que planta cara. Se trata en resumidas cuentas de dar autonomía a los directores de los centros para que cumplan con el mandato del TSJC, pues en último término serían ellos los responsables de un delito de desobediencia, tal como ha recordado recientemente la Fiscalía cuando ha archivado las denuncias contra Aragonès y Cambray por llamar a incumplir la sentencia del 25%.

Los centros tendrán en virtud del decreto que acabe aprobándose capacidad para gestionar un número de horas suficientes con las que impartir ese 25% en castellano. Es probable que haya algún director zorrocotroco que se niegue a ello, y para este los lazistas siempre tendrán a punto una caja de resistencia, llena de palmaditas en la espalda por su “inquebrantable lealtad monolingüística”, mientras las élites nacionalistas llevan a sus hijos a centros trilingües.

Es la estrategia tan recurrente de los nacionalistas cuando están contra la pared: obedecer afirmando que se desobedece. La inmersión lingüística quedó hundida en 2020 cuando el TSJC sentenció la obligatoriedad para todos los centros educativos de ese porcentaje mínimo de castellano, y no solo para los casos individuales de aquellas familias que lo habían solicitado. En realidad, en todas las escuelas donde la justicia ha tumbado los proyectos monolingües las resoluciones judiciales a favor de un mínimo de castellano se han cumplido, en este caso sí, por orden de Generalitat, pero de forma discreta, sin hacer ruido.

Ahora, en cambio, se va dar a los directores la capacidad para que adecuen los proyectos lingüísticos a la legalidad con la excusa de “promover un aprendizaje de las lenguas desde una perspectiva plurilingüe e intercultural, fomentando el aprendizaje de las lenguas oficiales en Cataluña, además de una o dos extranjeras, y reconociendo las lenguas y culturas familiares del alumnado”. Pues ya está, se acabó la inmersión. Digámoslo, celebrémoslo, y felicitemos a la AEB.