Fueron días de vino y rosas, alegrías y huidas hacia adelante. Meses en los que Artur Mas ordenó a sus consellers elaborar planes estratégicos y de contingencia para sustituir a la Administración central. En los albores del 2015 la hoja de ruta del independentismo detallaba cómo iban a ser los dieciocho "actos de soberanía" a seguir para lograr que Cataluña se convirtiera en un "sujeto político y jurídico soberano".

Dicen que en aquella época Ferran Mascarell --el Fouché de las cortes de Maragall, Clos, Montilla, Mas y Puigdemont-- vendió la teoría y la necesidad de crear "estructuras de Estado". Luego irrumpieron en escena Mas-Colell y Oriol Junqueras con la receta de la Agencia Tributaria; incluso algún que otro osado, henchido de furor patriótico, planteó la necesidad de crear una milicia catalana. De aquella ingenua idea de fundar un banco central catalán ya nadie se acuerda ni en los programas electorales; tampoco de tomar el control de las fronteras y aduanas o abrir embajadas en las Maldivas...

La desconexión de España fracasó estrepitosamente. ¿La razón?: Las famosas estructuras ya existían --la Generalitat es por definición estructura de Estado-- y la intención de crear otras fuera de la legalidad era un brindis al sol tan falaz como inútil.

Siete años después de la aventura secesionista se da una paradoja que sorprendería incluso a G. K. Chesterton. Aquellos que predicaron la necesidad de construir un nuevo andamiaje institucional, segregado de España, hoy se muestran incapaces de gestionar con solvencia las administraciones que gobiernan. Pere Aragonès, condicionado por la presión de sus socios del Govern, es incapaz de articular un diálogo constructivo con todas las fuerzas políticas catalanas. Es un presidente acomplejado, temeroso del qué diran, que nunca llegará a ser el mandatario que el país necesita para recuperar la normalidad.

Un Govern, como el de Aragonès, al que le trae sin cuidado la imagen y el buen nombre de sus fuerzas de seguridad genera escepticismo en la ciudadanía. Si a ello sumamos un escándalo por corrupción en la cúpula del cuerpo de bomberos, convendrán conmigo que la gestion de la cosa pública en Cataluña no pasa por su mejor momento. El conseller Joan Ignasi Elena afirmó "antes muero que tapar un caso de corrupción" sin darse cuenta de que ha llegado al cargo, políticamente hablando, ya difunto.

Y, hay que decirlo claro, los gestores actuales de nuestras instituciones son los segundones de los que hace apenas siete años abogaban por construir las famosas "estructuras de Estado". Mascarell vegeta en la Diputación, Junqueras conspira y Mas navega por el mar de los Sargazos. A sus epígonos les falta oficio, actúan con torpeza y les sobra gesticulación en busca de indulgencias plenarias.

¿Y el Parlament? El Parlament de Cataluña es, por definición, un órgano legislativo y representativo del Estado contemplado en el Estatut y la Constitución. Si la cámara catalana es, como sostienen los secesionistas, la expresión máxima de la voluntad popular que emana de las urnas, su funcionamiento debería ser ejemplar en todos los sentidos. Lo debería ser en la forma, en el fondo y en la actitud de las personas que ostentan su máxima representación pública (tengo mis dudas sobre la idoneidad de la actual presidenta).

Estas últimas semanas el Parlament ha sido fuente de noticias preocupantes más allá del sesgo sectario que le imprime la mayoría de la mesa. Las jubilaciones de oro de algunos funcionarios, las trifulcas a muerte entre letrados aireadas en los medios de comunicación, las dimisiones o el debate sobre las dietas por desplazamientos de los diputados, han deteriorado la imagen de la institución. Para completar el panorama, la presidenta Laura Borràs y sus acólitos arremeten contra las decisiones judiciales e intentan obstaculizarlas.

En su día no fueron capaces de crear el armazón de un Estado independiente y ahora su nefasta gestión de la política cotidiana deteriora, aun más, el buen nombre de las instituciones del país. Su insolvencia devalúa y desestructura las autenticas estructuras de Estado.