En España existe un abogado por cada 328 habitantes, casi el triple que la media europea, por lo que el oficio ya en continua precarización no tiene un futuro prometedor para muchos nuevos profesionales que se incorporan al mercado laboral.

El nuevo proyecto de reforma de la Ley Concursal, aprobado recientemente por el Gobierno, establece un nuevo proceso mediante formularios para las microempresas, que son el 94% del tejido empresarial, que les permitirá presentar su concurso sin abogado, ni procurador, ni administrador concursal.

Dicha liberalización y desregulación de la profesión será una dinámica creciente e imparable con las nuevas tecnologías, y afectará a aquellos procesos judiciales y administrativos estandarizados como pueden ser desahucios, incapacitaciones, reclamaciones de impagados, ejecuciones dinerarias, divorcios... cuya solicitud se instará directamente por el interesado con su identidad digital mediante formularios estandarizados y se tramitará por el juzgado o administración mediante flujos de procesos programados y resoluciones normalizadas que el juez o funcionario podrá personalizar a cada caso concreto.

A través del turno de oficio u otros canales privados, muchos abogados asistirán a aquellos interesados que no sepan o puedan instar estos procedimientos por sí solos, convirtiendo la profesión en una mecánica intensiva de muchos procedimientos frecuentes cuya retribución media será, si no es ya, deficitaria económicamente.

De esta forma, muchos profesionales serán gradualmente expulsados del mercado jurídico y deberán buscar nuevas oportunidades opositando al otro lado del sistema o en nuevos ámbitos fuera de la abogacía. Solo los mejor preparados y más eficientes seguirán manteniéndose cada año. Dicho excedente laboral, que ya es claramente previsible, debería ser mitigado por la industria universitaria, que debería innovar rápidamente ofreciendo nuevas alternativas formativas con mayor proyección futura a sus estudiantes para que no vean frustradas sus expectativas laborales. Los nuevos abogados que deseen incorporarse al mercado profesional deberán trabajar duro hasta situarse y encontrar su nicho de mercado fuera de los procesos estandarizados.

Hace unos años, en California, algunos graduados en Derecho presentaron una demanda colectiva contra 20 universidades privadas americanas por haberles creado falsas expectativas laborales con datos engañosos, ya que muchos acabaron trabajando como dependientes en comercios sin poder amortizar la cuantiosa inversión formativa realizada. En España, el subvencionado precio de las tasas universitarias públicas y el reducido coste de oportunidad de los jóvenes estudiantes distorsiona y ralentiza su toma de decisiones, que además se dirige con frecuencia a aquellas carreras universitarias más conocidas y ofrecidas por un sistema formativo generalmente poco innovador.