La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, deberá declarar como imputada el próximo 4 de marzo en el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, a raíz de una querella presentada por la desconocida Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.

La querella afirma que el Ayuntamiento de Barcelona concedió de forma “arbitraria”, discrecional y sin concurso público subvenciones a entidades afines al equipo de gobierno como el Observatorio DESC –donde trabajaron la propia Colau y algunos concejales antes de participar en política--, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca --de la que la alcaldesa fue portavoz cinco años--, Alianza contra la Pobreza Energética o Ingenieros sin Fronteras. En teoría, las subvenciones eran para desarrollar proyectos en Perú o Mozambique, pero, según la querella, se utilizaban para “financiar los salarios, actividades y funcionamiento general” de esas asociaciones.

Colau ha declarado que el caso, del que se ha hecho cargo la Fiscalía Anticorrupción, “quedará en nada” y se niega a dimitir, como le exigiría el código ético de los comunes y como la alcaldesa había declarado públicamente que lo haría en caso de ser un día imputada. El punto 3.6 del código ético obliga a “comprometerse a la renuncia o el cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación judicial de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea en interés propio o por favorecer a terceras personas”.

Para rechazar la dimisión o el cese, los comunes aducen que no hay acusación de “ánimo de lucro” y que las subvenciones las concede la comisión de gobierno de forma colegiada. Sin embargo, aparte de que la acusación incluye otros delitos como tráfico de influencias, el código ético se refiere también a “malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea en interés propio o por favorecer a terceras personas”, que serían las beneficiadas miembros de esas asociaciones.

El problema de este tipo de incoherencias y de doble rasero es que algunos partidos, con el objetivo de aparecer ante la opinión pública como los más puros, van más allá de lo razonable en las exigencias ante una imputación y cuando llega la investigación judicial utilizan subterfugios para no cumplir el código ético. Es posible que la causa, como dice Colau, quede en nada --una querella anterior presentada por otra asociación fue archivada en julio pasado--, pero esa convicción no debería bastar para que la alcaldesa se salte el código ético del partido.

En el archivo de la anterior querella por los mismos hechos, la fiscalía descartaba el “trato de favor” a esas entidades, que ya habían recibido subvenciones con anteriores gobiernos municipales de otros partidos (el PSC y CiU), y recordaba que Colau y los concejales implicados deberían haberse abstenido al otorgar las subvenciones, pero rechazaba la existencia de delitos porque las concesiones podían haber incurrido, como mucho, en irregularidades administrativas. 

Ante la aparición de numerosos casos de corrupción, muchos partidos se comprometieron a que sus dirigentes dimitirían en caso de ser imputados, una condición que pone en duda la presunción de inocencia porque la investigación acaba de empezar o aún no se ha iniciado --como en este caso, en que el juez solo ha admitido a trámite la querella-- y puede fácilmente ser archivada. Por eso, para que no se produzca una injusticia, sería más lógico que el compromiso de abandonar el cargo se estableciese en el momento de la apertura del juicio oral o en caso de que hubiera condena. En lugar de hacerlo así, los partidos se lanzaron a una competición para ver cuál era más inmaculado, pero siguieron utilizando la corrupción de los rivales como arma arrojadiza al tiempo que minimizaban la propia.

¿De qué sirve un código ético tan estricto si después no se cumple? De nada. Porque en todos los casos las reacciones de los partidos obedecen a consideraciones políticas. El PP y Ciudadanos han pedido la dimisión de Colau, en aplicación del código ético de los comunes, Junts per Catalunya ha exigido “máxima transparencia” para que “no haya ninguna sombra de duda”, y el PSC, que forma parte del gobierno municipal, ha apelado a la “presunción de inocencia”.