Los partidos del Gobierno catalán acaban de acordar con el PSC la renovación de cargos institucionales que tenían notoriamente sobrepasados sus tiempos y que, al requerirse una mayoría cualificada, no fue posible durante estos años de atrincheramiento del independentismo.

El acuerdo representaría, si no el inicio de un tiempo nuevo políticamente, al menos sí una cierta desescalada de la polarización a la que nos hemos visto sometidos durante diez años en los que para el independentismo cualquier diálogo y ya no digamos acuerdo con los socialistas era como hacerlo con el mismísimo diablo.

Tener organismos públicos sin renovar según los tiempos estipulados es una anomalía que dice bien poco en favor del funcionamiento del sistema democrático. Esto resulta evidente cuando sucede en las instituciones españolas por la actitud de bloqueo que practica el Partido Popular con relación a la renovación de los órganos del poder judicial, lo que permite alargar una correlación ideológica que le resulta favorable, pero sin duda lo es también en Cataluña.

Haber tenido ininterrumpidamente durante diecisiete años como Síndic de Greuges al ínclito Rafael Ribó no solo ha sido poco saludable, sino que además la manera de éste de entender este cargo no ha hecho sino degradarlo en su consideración. Se podría hablar largamente de un personaje que, procedente de las filas burguesas e hijo del secretario de Cambó, recaló en la izquierda comunista durante años --dirigiendo el PSUC, donde encabezaba su ala izquierdosa-- para acabar siendo acogido en los brazos del pujolismo desde hace un par de décadas y recalando, finalmente y hasta la jubilación, en el relato y las prebendas del independentismo. El ejercicio de un cargo concebido como último recurso ciudadano y como auditor de las malas prácticas de las administraciones ha acabado por llevarlo a ser un instrumento más de agitación y propaganda al servicio del Govern y del procés.

Difícilmente comprensible, además, que este órgano disponga de más de cien empleados en nómina, más de sesenta de los cuáles son de libre designación del mismo Síndic. Una manera muy onerosa para las arcas públicas de hacer amigos particulares. No sé si el nombramiento de Esther Giménez-Salinas resulta el más adecuado, pero como mínimo abre una etapa e incorpora aire nuevo. Quizás no habría estado de más en el acuerdo alcanzado, que los socialistas hubieran impuesto cambios en el modelo y limitaciones en las prácticas abusivas --profusión de viajes incluidos-- de las dos últimas décadas.

El otro gran paquete del acuerdo entre gobierno independentista y el PSC ha sido en el ámbito de los medios de comunicación públicos, renovando el Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) así como el consejo de administración de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). No dudo de las intenciones socialistas de normalizar la gobernanza de estas instituciones, hecho desde el sentido de responsabilidad, pero en este tema costará que todo ello no sea leído en clave de repartimiento de cargos, porque parece que los temas de fondo que afectan al sistema catalán de medios públicos ni tan solo se ha tocado en las negociaciones. Nombres y solo nombres para establecer y mantener sueldos y cuotas de cargos, este es el mensaje.

Designaciones aparte, se mantiene un modelo, especialmente en la televisión, donde se confunde público con gubernamental. Mucho mentar todo el mundo al ejemplo de la BBC británica, pero nadie está dispuesto a desplegarlo. El sesgo político de los informativos y de la programación en general han llevado a que tanto la Catalunya Ràdio como TV3 sean un instrumento de construcción de relato y activación del independentismo, desoyendo y desconsiderando la, al menos, mitad del país que no participa de esta fantasía. Una parcialidad y una instrumentalización política que avergüenza y sobre la cual se pueden poner ingentes ejemplos, el último de los cuales es precisamente cómo se informó de manera sectaria y despectiva, hace unos días, sobre el último cónclave de los socialistas catalanes.

Pero más allá del sesgo ideológico, político y cultural de los medios públicos catalanes, el problema de fondo es el de sostener un modelo donde justamente esto sea posible. Ciertamente, se trataría y no creo que esto se haya negociado, de mudar hacia un modelo de medios públicos dónde lo profesional estuviera por encima y al margen de lo gubernamental. El reparto entre ERC y Junts de las direcciones de la radio y la televisión, así como de los responsables de informativos resulta vergonzante y lo es más cuando los periodistas, perdiendo todo sentido de la dignidad, aceptan ser utilizados como cuotas de representación de partidos.

Uno se pregunta qué es lo que estamos enseñando en las facultades de periodismo de este país, cuando hay tantos profesionales dóciles dispuestos a servir a los partidos para escalar rápidamente, al poder en lugar de dedicarse a la elaboración de información sólida y veraz. El mensaje que se nos acaba de dar con la transacción es que todo va a continuar igual que hasta ahora. La única diferencia parece ser, ojalá me equivoque, la legitimación del abuso partidista de los medios públicos que acaban de hacer los socialistas. ¿Cómo van a denunciar y criticar a partir de ahora la dinámica de intoxicación y publicidad permanente que a buen seguro continuará? El mantenimiento de la ficción del procés depende de ello.

Sé da al acuerdo la importancia simbólica de romper los bloques y seguro que la tiene, pero más parece este un ejemplo de los de “hace falta que algo cambie, para que todo se mantenga igual”. Quizás como le ha ocurrido demasiado a menudo a la socialdemocracia europea, hay demasiadas prisas para aparecer como alternancia posible cuando, en realidad, la ciudadanía lo que quisiera es una alternativa real.