Sin tener necesariamente que compartir el ideario político de Pablo Casado, se puede desear que, como líder del principal partido de la oposición, haga una oposición acertada. Una sociedad democrática madura articula sus opciones políticas en torno al eje derecha/izquierda. Por eso, el PP es tan imprescindible para la fortaleza de la democracia como el PSOE.

Lamentablemente, Casado no está haciendo la oposición que debiera y no solo por su frecuente lenguaje desabrido en los debates, que ahuyenta el sosiego necesario para tratar los temas políticos, sino también porque no presenta propuestas constructivas desde el espacio ideológico conservador al que pertenece. Y quien no hace buena oposición no hará buen gobierno.

Tomemos el caso de Cataluña. ¿Cuál es la alternativa que propone Casado a la Agenda del Reencuentro del Gobierno de España, las 44 medidas para atender reclamaciones insistentes desde Cataluña? La respuesta de Casado es “poner orden en Cataluña”, “aplicar la ley”, “traer a Puigdemont”, (re)centralizar determinadas competencias, rechazar la mesa de diálogo (a la que califica junto con Vox de “mesa de la infamia”).

Todo eso no es una alternativa, es solo ruido. ¿A qué “orden” se refiere? “Aplicar la ley” es una obligación y una función del poder judicial. “Traer a Puigdemont” es una necesidad cuyo logro también compete al poder judicial, de España y de otros países europeos. Las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, al amparo del 148 de la Constitución, forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya modificación requeriría una reforma de la Constitución. El diálogo es consubstancial a la democracia, rechazarlo suena a reniego contra la democracia. 

La mejor alternativa para Cataluña, además de oponerse a la pretendida necesidad de la independencia, es reducir la base social del independentismo, y así su apoyo electoral. Este es el objetivo buscado por la Agenda del Reencuentro, el objetivo primario de la cual es satisfacer necesidades reales de los catalanes. Los dirigentes independentistas son, ellos, el “conflicto” mientras detenten el poder institucional de la Generalitat usado sectariamente, poder que consiguen gracias al voto de miles de catalanes. Cuando suficientes catalanes los dejen de votar, pierdan la mayoría en el Parlament y no puedan formar gobierno, entonces el “conflicto” aunque persista en la calle habrá caído del tablado político.  

Lo que propone Casado no va en esa línea, al contrario, hace el juego al independentismo, lo confirma en su rentable estrategia de victimismo y confrontación. Tampoco en la política general acierta Casado en Cataluña. Su intención de derogar o reformar a la baja las leyes feministas, la ley del aborto o la ley de la eutanasia no ayuda en la sociedad catalana, mayoritariamente más abierta en esas cuestiones que la España profunda a la que Casado mira en exceso.

Casado no se pronuncia sobre asuntos candentes y de gran interés transversal en Cataluña como el Plan de Rodalies, el Corredor Mediterráneo, la financiación autonómica o la ampliación del aeropuerto de El Prat.

Casado en Cataluña no encuentra el tono propositivo y constructivo que hace falta. Sin duda, no comparte el del Gobierno y es lógico porque defiende una opción política distinta, pero que exponga el suyo, si lo tiene. Este silenciar lo positivo, al lado de los ruidosos mensajes sobre el orden, la ley, Puigdemont, las competencias, etcétera es preocupante, mueve a pensar que la ocultación y el ruido son la estrategia, algo de mal presagio para el conjunto de Cataluña.  

No se trata de complacer a los independentistas –que no se darán por satisfechos, salvo con la independencia imposible, luego nunca—, sino de atender las reclamaciones de autogobierno que sean fundadas, constitucionales, posibles en el contexto de España y compartidas por la mayoría de los catalanes. Sin alguna forma de participación del PP en ello, no habrá solución duradera en Cataluña. Recordemos las consecuencias de haber apartado al PP de la negociación del Estatuto de Autonomía de 2006. Con el PP en la mesa, el Estatuto habría sido menos ambicioso, cierto, pero viable en lo acordado y sin sentencia del Tribunal Constitucional.

Los independentistas deberían ser conscientes de la necesidad de la implicación constructiva del PP en Cataluña y hacer algo para facilitarla. Pero no, importantes sectores del independentismo abundan en el “cuanto peor, mejor” e identifican lo “peor” con un PP aliado con Vox, lo cual no favorece a Casado en Cataluña, por más que se ha buscado esa identificación por la estridencia de sus propósitos.

 Si va a mantener esos propósitos, Casado haría bien en explicarlos ya en Europa e intentar convencer –allí y aquí— de que su “orden” es la mejor oferta para Cataluña. Salvo que con tal oferta Casado identifica Cataluña con los independentistas e ignora al resto de los catalanes, asemejándose así a aquellos por partida doble.