Después de dos años sin renovarse, el Congreso ha votado esta semana a los cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), pero tanto el procedimiento como algunos de los nombres propuestos han convertido ese ejercicio de desbloqueo en un fiasco o, como ha dicho algún diputado, en un “trágala”.

El procedimiento está desfasado porque sigue obedeciendo a la lógica del bipartidismo, cuando este ya no existe, y los dos partidos principales, el PSOE y el PP, continúan proponiendo los nombres y repartiéndose los cargos. En esta ocasión, los socialistas, con el acuerdo de Unidas Podemos (UP), propusieron a los magistrados Juan Ramón Sáez Valcárcel, próximo a UP, e Inmaculada Montalbán, que pasaron el trámite del Congreso sin dificultades. Mucho más polémicos han sido los nombres propuestos por el PP, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, especialmente el primero. Espejel fue apartada de los juicios de la trama Gürtel por su proximidad al PP, aunque ella lo niega.

La extraordinaria proximidad de ambos al PP no impidió que, sin ruborizarse, el presidente del partido, Pablo Casado, se felicitara por el pacto alcanzado con el PSOE y declarara que los nombramientos eran un paso en la despolitización de la justicia. Después de estar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque está politizado, entre otras excusas, a Casado le parece que colocar en el TC a dos personas que han tenido mucha relación con el PP es una manera de despolitizar la justicia. Asombroso.

El reparto de cargos entre el PSOE y el PP determinó que la sesión del Congreso en la que se examinaba –es un decir— a los candidatos fuera boicoteada por más del 25% de la Cámara. ERC, el PNV, EH Bildu y el PDECat no participaron en el debate, mientras que Ciudadanos y Vox asistieron al inicio de la sesión para denunciar el “teatrillo” o el “paripé” y luego se ausentaron y no votaron. La ratificación, de todas formas, salió adelante con 242 votos a favor, 12 abstenciones y ningún voto en contra.

Y eso pese a que hasta el portavoz socialista en la comisión de nombramientos, Odón Elorza, puso en duda la imparcialidad de Arnaldo, destacó su proximidad al PP y denunció su beligerancia contra el actual Gobierno y contra la izquierda en un total de 331 artículos que el candidato ha escrito en el digital El Imparcial, dirigido por Luis María Anson. Arnaldo ha colaborado más de 150 veces con FAES, la fundación encabezada por José María Aznar, actividad que no citó al detallar su extenso currículum. Durante años, Arnaldo ha compatibilizado su trabajo como letrado de las Cortes y la abogacía en un despacho privado, lo que está vetado a los funcionarios, aunque él alega que esta prohibición no le afecta porque su actividad privada se limita a asesoría y consultoría. Pese a la intervención crítica de Elorza, el PSOE cumplió el pacto con el PP y votó a favor de Arnaldo.

Arnaldo ha mantenido relaciones estrechas y negocios con el expresidente balear Jaume Matas, condenado por corrupción, y con el expresidente madrileño Ignacio González, que fue encarcelado también por corrupción. El candidato del PP al Constitucional estuvo imputado en el caso Palma Arena por abonar 42.000 euros a Matas después de que el Gobierno balear adjudicara a la empresa de Arnaldo tres contratos. El caso fue después archivado. En su declaración ante el juez del caso Palma Arena Arnaldo admitió haber pagado a Matas por encargos que incluyeron la venta de un solar de 14.000 hectáreas en el paraíso fiscal de Belice.

Arnaldo y el probable próximo presidente del TC, Pedro González-Trevijano, intervinieron en 2010 para facilitar “algún vínculo académico” a Matas, entonces ya expresidente de Baleares. González-Trevijano era en esa ápoca rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Arnaldo también ha tenido relaciones con el testaferro de Ignacio González en el caso Lezo, el uruguayo Fernando Belhot, que también apareció como testaferro en el caso Erial, en el que está imputado el expresidente valenciano Eduardo Zaplana. En el sumario del caso Lezo figura cómo Arnaldo prometía a González tenerle informado de los cambios en la fiscalía por si pudieran favorecerle.

La empresa de Arnaldo, Estudios Jurídicos y Procesales, SL, llevó a cabo 562 servicios profesionales entre 2002 y 2009 para decenas de administraciones públicas: el Estado, comunidades autónomas, diputaciones y municipios, entre otras. Igualmente trabajó para 19 instituciones, fundaciones o empresas públicas. Según la cadena SER, las administraciones gobernadas por el PP adjudicaron a la empresa de Arnaldo trabajos por un total de 776.289 euros, a los que hay que añadir 203.250 euros del Gobierno de Coalición Canaria y el PP.

Arnaldo también ocultó al Congreso que al menos hasta 2020 seguía figurando como administrador solidario de la empresa, mientras que en su currículum enviado a la Cámara aseguraba que su relación finalizó en mayo de 2017 y que desde entonces ejercía la abogacía autónomamente.

Con este historial, no es extraño que Íñigo Errejón diga que, al aceptar a Arnaldo, el PSOE y el Gobierno se han tragado un “sapo”, lo que solo puede desprestigiar más al ya desprestigiado Tribunal Constitucional.