Estamos acostumbrados a observar cómo los líderes políticos y sociales del procés --y los de otras fuerzas que les dan apoyo-- repiten de forma machacona un alud de falsedades con las que han intoxicado a no pocos catalanes, que las reproducen sin ningún espíritu crítico. Pero, pese a la asfixia ambiental, hay ocasiones en que a uno le saltan todas las alarmas. Y esto me ha sucedido a mí, profesora de Derecho y Deontología en el Grado de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), estos últimos días. En concreto, al hilo de dos hechos consecutivos.

El primero, al escuchar la intervención de la Consejera de Universidades, Gemma Geis, en el acto de inauguración del curso de mi Universidad. Sucedió el día 27 de septiembre. Junto al insoportable discurso de siempre sobre la existencia de “exiliados” y “represaliados”, Geis, profesora agregada de Derecho Administrativo en la Universidad de Girona, apuntaba que “ya son tres de los seis países fundadores de la Unión Europea los que han dictaminado que el Presidente Puigdemont no ha cometido ningún delito…”. Tras su intervención, todo aplausos.

El segundo hecho que me ha dejado perpleja y muy preocupada fue escuchar la entrevista de Xavier Graset, director del programa Més 324, al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Martín Blanco, el pasado 8 de octubre. Fue, en realidad, un debate en el que el entrevistador hablaba casi más que el entrevistado y, transmitiendo un evidente nerviosismo, defendía con uñas y dientes el discurso nacionalista, insistiendo de forma grotesca en que hace bien TV3 en hablar de “exilio” y “presos políticos” porque sigue así la estela de la RAE y del Consejo de Europa, respectivamente. No solo eso, Graset, como Geis, afirmaba sin ningún rubor que los tribunales de varios países europeos, en particular Alemania, han resuelto que Puigdemont no ha cometido los delitos que le imputa el Tribunal Supremo. De nada sirvió la rigurosa réplica de Martín Blanco que no es precisamente un lego en cuestiones jurídicas.

Es sencillamente un esperpento que una consejera de Universidades, profesora de Derecho --en un acto académico--, y un periodista veterano, director y conductor de un programa de un medio público donde se abordan abundantes cuestiones políticas, afirmen que el expresidente catalán, fugado de la Justicia, ha sido juzgado y declarado inocente en varios países cuando los tribunales alemán, belga e italiano no han hecho más que analizar y resolver una petición de entrega a España para que Puigdemont pueda ser juzgado por nuestro Tribunal Supremo, el único competente para hacerlo. No ha habido, por tanto, ningún juicio ni ningún pronunciamiento judicial que absuelva al líder de JxCat, por más que los voceros del régimen lo repitan como loros.

Lamentablemente no sorprende ver entre esos voceros a una profesora universitaria y a un periodista, ambos trabajadores del sector público. No olvidemos el incomprensible papel de la Asociación Catalana de Universidades Públicas tratando de forjar una especie de ideología oficial en nuestros campus y emitir constantes comunicados políticos siempre en apoyo de las tesis nacionalistas, o las gigantescas pancartas --por poner un ejemplo especialmente simbólico-- a favor del referendo ilegal del 1 de octubre colgadas en el edificio de TV3 en las tensas semanas del otoño de 2017.

Sin embargo, no por ello debemos restar importancia a estas cosas. Que dos personas con responsabilidades públicas tan notorias se atrevan a inventarse un juicio y una sentencia en un tema tan relevante y no reciban un alud de críticas que les obliguen a dimitir es un problema democrático de primer orden. Implica que el debate público está viciado en un grado seguramente muy superior al que pensamos.

El pasado curso se me acercaron varios alumnos para preguntarme por declaraciones políticas que no lograban comprender --por ejemplo, al hilo de los indultos--, que no les cuadraban con lo que habían entendido en clase. Pensaban ellos que algo había de falaz y querían saber qué era. Puede ser que los jóvenes estén hastiados del procés --sería de lo más normal-- y mucho más despiertos de lo que los guardianes de las esencias creen, pero no deja ser inquietante la suerte que corren esos estudiantes que cursan asignaturas de Derecho --u otras materias-- con profesores como Geis y conviven en familias y entornos que solo se informan a través de medios con el mismo sesgo que TV3.

Y en todo caso no perdamos de vista que Geis es consejera a propuesta de una de las fuerzas políticas más votadas en Cataluña --el partido de Puigdemont-- y Graset, periodista en el medio que prefieren la mayoría de los catalanes para informarse, Televisió de Catalunya. Así las cosas, todo apunta a que quizás deberíamos cambiar de estrategia para evitar ser definitivamente arrollados por el sinsentido. Tal vez una comedia de situación ironizando con todo este cúmulo de despropósitos podría surtir algún efecto. Y no bromeo.