Javier Tajadura: "El poder central en España se ha quedado vacío de competencias, desnudo"

Javier Tajadura Tejada es Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Habla con una clara predisposición didáctica, sorprendido por los equívocos, o por el exceso de teatralización, aunque sabe muy bien que eso forma parte del debate político. Autor de una extensa obra, Tajadura ha estudiado a fondo la Constitución, y entiende que el legislador se equivocó al plantear la posibilidad de rehacerla por completo, aunque el juego de mayorías lo impida por la falta de consenso. Su apuesta es la reforma, con retoques constantes que actualicen la Carta Magna, cuando se considere necesario, que es la forma que utilizan los países del entorno europeo. Javier Tajadura es coautor de un libro excepcional, junto con Josu de Miguel Bárcena: Kelsen vs Schmitt. Política y derecho en la crisis del constitucionalismo (Guillermo Escolar, 2018). En esta entrevista con Crónica Global señala: "El poder central se ha quedado vacío de competencias, desnudo". 

--Pregunta: El fallo del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, ¿ha podido ser un exceso, teniendo en cuenta esa dialéctica que a veces se establece entre la literalidad de la ley y el espíritu del legislador, en aquel momento del constituyente?

--Respuesta: Lo que veo, más allá de eso que apunta, es que se ha dado una importancia excesiva. El fallo no me sorprende en absoluto. Me parece razonable. Se discutía sobre qué era limitación o suspensión de derechos. Es una cuestión técnica, para nada es una elucubración doctrinal, como se ha querido difundir. Porque eso era lo que debía decidir el tribunal, si una suspensión del derecho basta o no con el estado de alarma. Lo que se discute es el artículo 7 del decreto, con la prohibición general de circular. Que es una suspensión es claro y se debe tener en cuenta de cara al futuro. La reacción del Gobierno me ha parecido sorprendente. El tribunal no se ha sumado, en ningún caso, a aquello que apuntaban algunos, sobre la falta de libertad y de que estábamos en una dictadura. Para nada. Lo que dice es que, si necesitábamos estar encerrados, bien encerrados estuvimos. Pero en un estado de derecho lo correcto hubiera sido la aplicación del estado de excepción. ¿Que se hubiera tardado un día más por la necesaria autorización del Congreso? Seguro, pero es que había que hacerlo de esa manera. De hecho, la Constitución es muy garantista y eso demuestra que se quería hacer así. Esa fue la voluntad. El Gobierno, por tanto, podría haber reaccionado de otra manera. Para mí lo más grave no es eso, sino el hecho de que una magistrada haya señalado públicamente que recibió presiones de cómo debía actuar. Eso es más propio de Polonia o de Venezuela. Y eso es gravísimo. Se debería hablar mucho más de eso que del propio fallo.

--El Gobierno, por tanto, a su juicio, ¿no debería haberse dado por aludido, como derrotado?

--No, porque no es ninguna derrota. Es una derrota para los que no querían restringir nada. Se trata de mirar al futuro, para otras ocasiones. Y creo que habrá más sentencias en las que el Ejecutivo se sentirá desautorizado. Seguro que se rechazará la prórroga de seis meses del estado de alarma. Y otra cuestión también, y es que se utilizó el decreto de alarma para delegar las competencias de restricción de derechos a las comunidades, cuando se dice que sólo se podrá delegar cuando la crisis afecte a una sola comunidad. Si se acepta a dos, ya no se puede delegar, y, en cambio, se hizo para todas. Ahí habrá otra anulación. El Constitucional ha sido garantista. También el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero no el de Valencia, que ha permitido toques de queda sin estado de alarma. Y lo grave para los ciudadanos es que haya limitación de derechos, que será una cuestión necesaria, pero que requiere que exista el estado de alarma.

--Entonces, el debate de fondo no es jurídico, sino político. ¿Al no haber consenso político se buscaron fórmulas que no cumplían los requisitos legales?

--Me parece que es el gran problema y esa es la singularidad del país. En ningún otro se ha planteado este conflicto sobre el marco legal, sobre el confinamiento. Se ha utilizado de forma partidista. ¿Por qué actuó de esa manera el Gobierno de Sánchez? Pues porque no tenía los apoyos necesarios y decidió prorrogar por espacio de seis meses, para no tener que negociar cada quince días el estado de alarma.

--¿Es culpa de los dos grandes partidos?

--Efectivamente. Es el problema de fondo. Ni se pusieron de acuerdo con la crisis territorial ni con la crisis sanitaria. Ya no sé qué debe pasar para que lo hagan.

--Pero, en todo caso, el presidente del TC, González Rivas, se ha mostrado contrariado con ese fallo, lo que muestra que todo es interpretable.

--Claro, sí, es algo complejo. Pero la última palabra es la que cuenta, aunque me parece que es cierto que se debería haber hecho un esfuerzo para lograr un mayor consenso. La legitimidad del voto, de seis a cinco, existe. Y no se ha votado por bloques. Pero se podría haber buscado un mayor consenso.

--A partir de la decisión de los indultos a los políticos independentistas, ¿se puede pensar en una reforma Constitucional? Al margen de si eso es lo que prepara o no el Gobierno de Sánchez, ¿la reforma no puede demorarse por más tiempo?

--Es una asignatura pendiente. Los cambios sólo se han producido en los artículos 13 y 135, por exigencia del proceso de integración europea. Si lo comparamos con otros países, éstos han hecho muchas más reformas, como Italia o Alemania. A pesar de las exigencias de mayorías parlamentarias importantes, de dos tercios y de tres quintos para reformar la Constitución, existe un problema doctrinal importante. A diferencia de Italia o Alemania, en España no se distingue bien la diferencia entre reforma y destrucción de la Constitución. La reforma siempre tiene límites. Pero en España se indica que se puede cambiar entera, utilizando el procedimiento de reforma. Y, cuando se confunde eso, se puede levantar otra Constitución. Porque puede pasar que los que queramos una reforma, no la veamos posible porque existe un riesgo de que se destruya la actual. Y que es mejor mantenerla. Lo que se ha planteado en esa posible reforma es que se incluyan cláusulas sobre la secesión que podrían destruir la unidad de España. Esa petición, del secesionismo catalán o vasco, no tendría cabida en ninguna constitución europea. El contexto actual, con el Gobierno apoyado por independentistas, no parece el más idóneo para esa reforma.

--¿Mientras no haya un consenso básico entre los dos grandes partidos, será imposible?

--No es la misión del Tribunal Constitucional la de suplantar al constituyente. Aunque ha marcado un camino abierto y España es un estado Jurisdiccional autonómico como dice Manuel Aragón. El Constitucional ha construido el estado en favor de las autonomías, desbordando el marco de la Constitución. En dos cuestiones, por lo menos, en relaciones internacionales y en la administración de Justicia. Aunque el artículo 149 marca que son competencias exclusivas de la administración central, el Constitucional ha permitido que las asuman las comunidades. Se ha llegado a un momento en el que el poder central se ha quedado vacío de competencias, desnudo. Entonces, si se aborda una reforma, ¿en qué consistiría? Se debería acometer en clave federal. Pero, ¿qué se entiende por federalizar? Muchos consideran que se trataría de profundizar en el autogobierno. Pero creo que no queda mucho camino por recorrer, porque ya no hay más competencias por transferir. Como dice Muñoz Machado, existe un caos absoluto, con muchos conflictos competenciales. La reforma sí debería incluir el reparto claro de competencias, porque eso daría seguridad jurídica. En ese sentido, beneficiaría a todos, porque sería una racionalización. Pero no se puede vender eso como más autogobierno. Lo que daríamos es seguridad jurídica.

--Sin embargo, eso no resolvería la cuestión nacional de Cataluña. ¿Federar España solventa el problema catalán?

--La federación y el nacionalismo no es compatible. No va a satisfacer a los nacionalistas, pero sí a los catalanistas o a los regionalistas que quieran un buen funcionamiento del autogobierno y que sea de forma racional.

--¿Se debería buscar, entonces, que una mayoría en Cataluña apostara por ello, aunque se mantuviera una minoría independentista en contra?

--Efectivamente, debería ir por ahí.

--¿Es la solución a medio plazo?

--Sí, la única solución jurídica es la reforma constitucional, con consenso político, porque con otros experimentos del tipo reforma del Estatut del 2006 no arreglaremos nada.

--¿Ve ese peligro?

--Con la gestión del Covid hemos tropezado cinco veces, con el Estatut, ¿podríamos tropezar dos veces? Una cuestión que los nacionalistas han denunciado es que el Tribunal Constitucional retocó el Estatut que se había votado en referéndum. Ahora no podría pasar, porque en 2015 se votó en el Congreso la reintroducción del recurso previo de inconstitucionalidad. Pero, a propuesta del PNV, se ha vuelto a pedir que desaparezca ese control previo, y parece que el PSOE está dispuesto a apoyar esa medida junto al resto de partidos independentistas. Es muy grave. Está pasando desapercibido. Y estaríamos en las mismas.

--El problema del Estado federal, es que tampoco quiere ninguna comunidad transformarse en estado federal.

--La mayoría no plantea problemas. Pero si ven avances, tampoco querrán quedar relegadas.

--Entonces, ¿la salida es la de reformar leyes orgánicas y caminar sobre la marcha?

--No lo sé, pero es evidente que hay un caos competencial, como ha señalado muy bien Muñoz Machado. El Gobierno de Mariano Rajoy encargó una comisión para la reforma de la administración que concluyó que no había ni una sola materia que se pudiera atribuir en exclusiva al poder central o a las autonomías. Se pedía una racionalización. Al mismo tiempo, Artur Mas hizo lo propio, aunque con la conclusión de su comisión de que lo mejor era que todo lo hiciera la Generalitat. Lo que hay son duplicidades y un encarecimiento del modelo.

--¿El problema es que el poder central no está presente en las comunidades, que no ejerce un papel de coordinador?

--Principalmente en dos campos, en educación y en sanidad. Cuando dicen las comunidades que tienen competencias en sanidad, olvidan que el poder central tiene el poder de coordinar y la legislación básica. Pero no utiliza esas dos cuestiones. Hay una destrucción de la función pública sanitaria. A un médico con plaza en Logroño se le impide la posibilidad de desplazarse a Sevilla, por ejemplo. Se compartimenta a la gente en sus pequeñas provincias.

--¿El Gobierno federal implica un gobierno fuerte?

--Un gobierno racionalizador, clarificador, que acabaría con el caos. Se debe fortalecer el poder central, porque ahora está debilitado.