Tengamos todos claro que en cualquier estado democrático es imprescindible controlar el buen uso del dinero público a través de órganos fiscalizadores.

En algunos países (no el nuestro), a pesar de que es absolutamente democrático elegir a sus miembros a través de designación parlamentaria, no lo hacen así y consiguen que la politización del organismo sea simbólica y no estructural. Tampoco en todos los países democráticos estos organismos tienen poder jurisdiccional. En muchos (Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Finlandia o Irlanda) deben elevar el expediente que estén acometiendo a la judicatura además de estar ellos mismos, como órganos de control económico, supeditados a un estamento superior de inspección. Así ocurre en Portugal mediante auditoria o en el Reino Unido mediante su parlamento.

Por tanto, no voy a ser yo la que, teniendo en cuenta la evidente casuística cuestionable del funcionamiento y competencias del Tribunal de Cuentas español, defienda el actual funcionamiento del mismo.

Otra cosa es el vodevil, que en estos últimos días se ha convertido la gestión de estos avales capitaneados por el consejero de la Generalitat, el Sr Giró, y que se ejemplifica en la sencilla y acertadísima pregunta que realizó el reputado y veterano periodista de RTVE Lluís Falgàs en la rueda de prensa del pasado martes: “¿Avalaría usted con su patrimonio personal la fianza que pide el Tribunal de Cuentas?”

A la falta de respuesta a la cuestión y a los balbuceos del consejero echando pelotas fuera se añadió, al día siguiente, un nuevo acto al sainete.

Si el martes no se podía poner en riesgo a los funcionarios del Institut Català de Finances (ICF) y por tanto el aval no encontraba interlocutor, el miércoles, el veleta consejero Giró, tras recibir llamadas de "Gent de l’Institut Català de Finances que m’ha demanat que per ells no quedi” (sic), decide que será el ICF quien avale lo que 24 horas antes no debía hacer por arriesgado. 

Y yo me pregunto, sin dar crédito a lo que escucho, ¿ayer blindábamos a los funcionarios del ICF y hoy, tras esas llamadas, les ponemos en riesgo? ¿Pero en qué país de irresponsables vivimos que las decisiones recaen al albur de las inquietudes y compromisos de un determinado funcionario con una determinada ideología y a su disponibilidad a asumir riesgos? ¿Acaso en este Govern la potestad de decidir sobre un tema tan importante y trascendente se deja en manos de la valentía, inconsciencia o irresponsabilidad de los técnicos? ¿No deben ser los políticos quienes decidan cómo y de qué manera se utilizan las instituciones de Cataluña?

O es legal y por lo tanto se hace, o bien no es legal y es peligroso y por tanto no se hace.

Todo esto es, de nuevo, un despropósito que vuelve a demostrar la forma improvisada como los líderes independentistas han ido gestionando todo lo que se han ido encontrando en este suicida camino de desgobierno, frustración, mentiras y deslealtades que iniciaron en octubre de 2017. Ese otoño en que, a pesar de que el choque de trenes y de que la correlación de fuerzas avisaba del desastre, los líderes acabaron lanzándose, ellos y, por tanto, también a sus conciudadanos, por el barranco.

Ah, y aún otro apunte significativo: ¿sabemos si se ha hecho el estudio de solvencia preceptivo en cualquier aval? Es norma archiconocida que antes de avalar cualquier cantidad de dinero cualquier entidad responsable de ese aval debe hacer un estudio de solvencia de la persona o empresa avalada. Así, cualquier director de cualquier sucursal del pueblo más remoto de cualquier entidad bancaria sabe que no puede dar un aval a un cliente sin que éste acredite la solvencia para devolver la cantidad que se avala. Por tanto, aquí y ahora deberemos dar todos por hecho que este Govern que es muy responsable ya ha acreditado dicha solvencia, ¿verdad?

Y para acabar la temporada antes de las vacaciones ya me gustaría a mí saber, en esa República Catalana que anhelan, quién y cómo se designaría a los miembros de un futurible Tribunal de Comptes de Cataluña. Si hacemos memoria quizás deberíamos empezar a temblar. ¿Nos acordamos de la propuesta, claramente en contra de la separación de poderes, que hicieron en 2017 Puigdemont y sus acólitos en la que era el Poder Ejecutivo el que designaba directamente los jueces del Tribunal Superior de Justicia de esa república catalana ficticia?... Bufff…