Una vez más, los posicionamientos cuasi-dictatoriales y bolivareños del que hasta hace poco ha sido vicepresidente segundo del Gobierno, no dejan de sorprenderme. Tengo claro que para él y los suyos, los capitalistas --entendiendo por ello toda persona que ha levantado un patrimonio personal, concepto al que cada vez se acerca más, por no decir que ya es parte fruto de los emolumentos que perciben él y su mujer-- es el objetivo que batir, pese a que esos capitalistas sean quienes generan puestos de trabajo y realizan inversiones contribuyendo a la riqueza de nuestro país.
Pues bien, ahora toca ir contra los propietarios de los inmuebles. La filosofía morada es que prima el derecho a tener una vivienda digna --proporcionada por los propietarios de inmuebles, no por el Estado-- antes que el derecho igualmente reconocido en la Constitución española, a la propiedad privada.
Lo cierto es que, si el problema de la vivienda viniera de los infructuosos resultados que hubiera dado la política de inversión pública en viviendas sociales tendría cierto pase, porque el texto constitucional ya establece que el Estado puede regular la utilización del suelo para impedir la especulación, pero no es ése el problema. Para los morados aquellos que trabajamos y nos ganamos honradamente la vida somos unos indeseables; y si además de ganarte bien la vida, inviertes en tu país, más aún.
La Constitución a la que apelan --cuando les interesa, pues el texto constitucional en su artículo primero establece que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria y, este artículo, entre otros, no les interesa demasiado-- recoge como uno de los derechos de los españoles, reitero, el de la propiedad privada, derecho del que solo se te puede privar mediante la correspondiente indemnización.
Sin embargo, no es éste el objetivo pretendido; así, lo que propone la filosofía morada, como ya hiciera la Generalitat en su Decreto-Ley 17/2019 tumbado por el Tribunal Constitucional, son medidas coactivas, y, por supuesto, limitativas del derecho de propiedad privada. En el caso de Cataluña, lo que pretendieron es dar órdenes concretas de precios, plazos, arrendatarios, destino del alquiler... incluso estableciendo un régimen sancionador en caso de incumplimiento. ¡Ni Chaves en sus mejores tiempos!
La propuesta podemita a nivel nacional para la Ley de vivienda que se está redactando, pasa porque los “grandes tenedores” sean obligados a dedicar el 30% de sus inmuebles a vivienda social. Es decir, que la propiedad privada se convierta en pública, así ¡de un plumazo! Frente a tan democrática propuesta el PSOE plantea incentivos fiscales como el recargo en el IBI para aquellos propietarios que tengan cuatro viviendas y alguna de ellas lleve desocupada más de dos años. Todo son noticias en la misma línea, entre lo malo y lo peor...
Es decir, por si no tuviésemos suficiente con el enorme impacto negativo en nuestra economía derivado del coronavirus y la actual inestabilidad jurídica y política está frenando la inversión extranjera y disparando el cierre de empresas, ahora tenemos la gran idea de una especie de expropiación sin indemnización, que promete ser todo un revulsivo para levantar el país. Quizás nos compensan con billetes gratis de Plus Ultra al caribe venezolano, aunque con las restricciones a viajar solo podrán ir los vacunados, entre los que están los políticos.
¡Viva la libertad!