La economía de un país es como un tren del siglo XIX. Una vez se ha detenido, necesita un tiempo para volver a ir a la velocidad de crucero. En los próximos meses, éste será el principal peligro. Si las autoridades no adoptan medidas excepcionales, el ferrocarril económico irá más lento de lo que iba y el nivel de vida de una sustancial parte de la población disminuirá.

Desde mi perspectiva, la principal actuación extraordinaria debería consistir en el desembolso por parte del BCE del coste de la crisis sanitaria generada por el Covid – 19 y de la reactivación económica de los países que forman parte de la zona euro.

El método sería una donación a cada estado por un importe equivalente al 15% de su PIB. En el caso de España, supondría un ingreso extra para la Administración de 186.713 millones de euros. Una cuantía más elevada que la suma gastada en educación y sanidad pública en 2019 (alrededor de 125.000 millones euros).

La aprobación de la anterior medida haría imprescindible un gran consenso entre los países del área. Para que exista alguna posibilidad de obtenerlo, la donación en términos del PIB debería ser idéntica, a pesar de que probablemente algunas naciones queden mucho más afectadas que otras. El motivo es la escasa solidaridad existente entre ellas. Un ejemplo claro fue la crisis económica y financiera iniciada en 2008.

El importe del 15% del PIB serviría principalmente para sufragar el coste suplementario de los servicios sanitarios, el impacto económico de la casi total paralización de la actividad durante un mes y el funcionamiento del país a medio gas durante dos adicionales.

Las naciones menos afectadas por el Covid–19 no deberían devolver el capital sobrante al BCE. La mitad del dinero no utilizado podrían dedicarlo a la inversión en infraestructuras en I + D + i. La otra parte iría destinado a amortización de la deuda pública.

Durante los tres meses indicados, el capital donado por el BCE serviría para que ningún asalariado ni autónomo perdiera ni un solo euro de ingresos por la pérdida temporal de empleo o debido a la reducción de la demanda de sus productos o servicios.

También para compensar parcialmente a las pymes por los beneficios dejados de obtener, pagar las cuotas de la Seguridad Social de todos los empleados que han sufrido un ERTE y las de los que trabajan para sí mismos y han cesado temporalmente su actividad.

El objetivo de la donación sería inyectar más dinero en la economía mediante un elevado incremento del gasto de la Administración y, de esta manera, equilibrar rápidamente la caída de la demanda del sector privado con un aumento de la del público. En otras palabras, ayudar de forma decisiva a que la recuperación tenga forma de V en lugar de U.

La política monetaria expansiva adoptada implicaría una pérdida para el BCE equivalente al importe de la donación. No obstante, la única repercusión práctica sería el asiento contable en que aquélla queda reflejada. Ninguna Administración, ni empresa, ni ciudadano debería rascarse el bolsillo.

Evidentemente, el funcionamiento de un banco central es diferente al de una compañía. Si ésta sufre una pérdida, los perjudicados son sus accionistas. En este caso, no hay ningún damnificado porque dicha entidad es la propietaria de la máquina de fabricar dinero. Una posesión que no posee ninguna empresa ni banco comercial o de inversión.

En una coyuntura normal, la política propuesta constituiría una gran equivocación, pues generaría una elevada inflación. El aumento del dinero en circulación provocaría un incremento de la demanda de bienes que no podría ser en seguida compensado por uno equivalente de la oferta, dada la existencia de una escasa capacidad productiva infrautilizada. El resultado sería un exceso de demanda y una considerable subida de los precios.

El aumento de la tasa de inflación provocaría la pérdida de competitividad de las empresas nacionales. Por tanto, las exportaciones disminuirían y las importaciones subirían. Con mayor o menor celeridad, el PIB caería. No obstante, no lo haría el nivel de precios. En consecuencia, el país padecería estanflación (recesión y elevada inflación).

Un caso extremo de dicha combinación lo representa actualmente Venezuela. Una también negativa, pero en menor medida, la padecieron numerosos países de Europa a finales de la década de los 70. Entre ellos, estuvo España, cuya tasa de inflación superó el 20% en algunos años del indicado período.

No obstante, en la actualidad, no estamos delante de una coyuntura normal, sino verdaderamente excepcional. La emergencia sanitaria generará en casi todos los países de la eurozona deflación y recesión. En dicho contexto, un gran incremento del gasto público, financiado por la donación del BCE, elevará notablemente la demanda de bienes, pero solo un poco la tasa de inflación.

La diferencia con la situación anterior radica en que ahora la mayoría de las empresas no está utilizando una importante parte de su capacidad productiva. En el nuevo escenario, la anterior combinación pasará a la historia y será sustituida por una considerable expansión del PIB y un moderado incremento de los precios.

Con la finalidad de convencer a los incrédulos, quiero recordarles que la compra de deuda pública y privada, por parte de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra o el BCE, durante la actual década no ha generado en ningún momento una elevada tasa de inflación, siendo dicha adquisición una distinta manera de incrementar el dinero en circulación. Entonces, ¿por qué la ha de generar en un contexto donde la caída del PIB será más abrupta?

En definitiva, disponemos de los instrumentos necesarios para salir rápidamente de la recesión que se nos avecina. No son nuevos, sino muy antiguos. Para emplearlos, es imprescindible llegar a un consenso entre los distintos países de la eurozona y romper un viejo tabú: la impresión de billetes por parte del banco central no siempre es mala. Unas pocas veces, el helicóptero que lanza dinero es una buena opción. Ésta es una de las ocasiones.