La industria tiene una importancia capital en la economía mundial, permitiendo el crecimiento y el desarrollo de numerosos países. Se caracteriza por ser un sector que genera importantes valores añadidos y contribuye a crear empleo estable y de calidad. Las economías más desarrolladas del mundo poseen una potente base industrial y la misma es clave para su crecimiento equilibrado, por su capacidad de mejorar la competitividad de la economía, su decisiva aportación en inversión tecnológica y su alta capacidad exportadora. Además, la industria se convierte en un elemento de estabilidad de las economías por su capacidad de adaptarse al entorno y a los ciclos económicos adversos.
La industria, que genera un decisivo “efecto tractor” sobre otros sectores económicos, también está sufriendo, más allá de la pandemia, otras amenazas relacionadas con la globalización. Las tensiones comerciales a nivel mundial, los nuevos escenarios políticos, tecnológicos y demográficos, son algunas de ellas. El peso de la industria española en la producción agregada nacional ha ido reduciéndose progresivamente a lo largo de los últimos años, realidad que debemos revertir. Debe ser una gran prioridad política nacional crear las condiciones y los sistemas de incentivos que hagan posible una reconcentración de actividades productivas avanzadas.
No se pueden crear las condiciones necesarias para reindustrializar nuestro país sin estabilidad política. La libertad de contratación, el respeto a la propiedad privada, al libre mercado, a la libertad de empresa y el fortalecimiento de la seguridad jurídica e institucional son principios íntimamente ligados al desarrollo industrial de las naciones. Esos pilares deben ser la base que permita alcanzar un Pacto Nacional por la Industria, elaborado con el máximo consenso, respetando el cumplimiento de los compromisos, rindiendo cuentas y con ética política. El sector industrial necesita un plan a largo plazo, independiente de vaivenes políticos, que dé estabilidad a nuestra economía y que la posicione en el lugar que le corresponde por su nivel de desarrollo económico.
Ese Pacto Nacional por la Industria podría ser el foro adecuado para impulsar una profunda actualización de la Ley de Industria y puede servir también como catalizador para la creación de un Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria que incorpore también a relevantes agentes económicos para abordar los principales retos de futuro.
El marco administrativo y jurídico en el que se mueven las empresas debe ser más simple y ágil. Se debe abordar la agilización y fortalecimiento de nuestro sistema judicial. Hay que impulsar importantes cambios en la normativa referente a los Planes Urbanísticos de Desarrollo Industrial. También, resolver las carencias en defensa de la competencia y el refuerzo de las patentes “made in Spain”. Necesitamos unas cuentas públicas saneadas, un sistema financiero robusto y cercano a las necesidades de nuestras empresas, un marco fiscal competitivo y predecible. Es importante resolver la morosidad empresarial, apostar con decisión por la digitalización y la Industria 4.0 y lograr un marco energético asequible y equilibrado. Hay que darle prioridad a infraestructuras que ayuden al retorno de las inversiones, elevar el tamaño medio de la empresa española, facilitar su internacionalización, crear las condiciones para atraer talento e inversión extranjera y apostar por mejorar la formación profesional de los trabajadores, entre otros aspectos.
La reindustrialización de nuestro país sería un objetivo meramente teórico si finalmente no tuviera como objetivo final la creación de puestos de trabajo para los españoles, manteniendo y mejorando los existentes. El mercado laboral adolece de un exceso de segmentación y elevada temporalidad, asociada a empleos de baja calidad y bajos salarios, a la vez que persisten problemas de paro elevado y altos niveles de desempleo de larga duración. Las tasas de desempleo y subempleo en el mercado de trabajo español están muy por encima de las de la gran mayoría de los países de la Unión Europea, tanto en las fases expansivas como, sobre todo, durante las recesivas. Son preocupantes los desajustes de sobrecualificación e infracualificación laboral en determinados sectores, la elevada pobreza laboral, el inmenso desempleo juvenil, el poco dominio tecnológico y de idiomas extranjeros y los cambios que producirá sobre el mercado laboral la imparable digitalización. La industria puede reducir estos desequilibrios en el mercado laboral ya que ofrece empleos de más calidad, cualificados y bien remunerados.
No podemos reindustrializar nuestro país sin un plan estratégico transversal con una visión de 360 grados. Necesitamos una nueva política industrial en la que las administraciones públicas y el mercado no se sientan sujetos excluyentes, sino que, al contrario, tengan la profunda convicción de que son agentes complementarios que se desarrollan y colaboran de manera estratégica, colaboración público-privada que resulta hoy determinante para el éxito de la industria en términos de su competitividad en los mercados internacionales.