Mucho se ha hablado estos últimos días de las misivas enviadas a Felipe VI por parte de altos mandos militares retirados o en la reserva y del penoso contenido de algunos mensajes en WhatsApp en los que estos mismos exoficiales sueñan con fusilamientos masivos y golpes de estado para poner fin “al cataclismo nacional” al que vamos derechos por culpa del actual Gobierno “socialcomunista” y sus aliados “filoetarras e independentistas”. La primera reacción ante este tipo de informaciones que generan mucho ruido es quitarle trascendencia tanto por su condición de jubilados y dudosa representatividad, como porque hoy es del todo improbable que se orqueste un golpe contra el orden constitucional desde las fuerzas armadas. Un escenario inimaginable en la España del siglo XXI miembro de la Unión Europea y la OTAN. Por ahí afortunadamente no deberíamos preocuparnos.

Sin embargo, el intento de los autores de esas misivas de involucrar al rey en un clima de opinión antigubernamental es un reflejo de la radicalización de una parte considerable de la derecha. Es decir, no estamos ante un movimiento de militares nostálgicos del franquismo, sino ante unos grupos de exmandos que han sucumbido al clima agónico sobre el futuro y la unidad de España que se alimenta desde la ultraderecha de Vox y por desgracia también desde las filas del PP de Pablo Casado. Lo más grave que se ha dicho a propósito de esas cartas son las declaraciones de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en las que no ha tenido reparos a compartir su “literalidad” porque, afirma, “hay muchos españoles preocupados por la deriva que está tomando la política”. La dirigente popular tiene derecho a combatir democráticamente al Gobierno de izquierdas y sus acuerdos con ERC y EH Bildu,  pero es inaceptable que justifique o ampare a quienes proponen su derrocamiento. Como tampoco tiene pase que la derecha en general niegue recurrentemente al Ejecutivo de coalición su legitimidad o que se invoque la defensa de la Constitución para bloquear la renovación de aquellas instituciones del Estado que necesitan de mayorías reforzadas. La iracunda beligerancia en política acaba produciendo monstruos que después es muy difícil volver a encerrar.

El Gobierno actual es el resultado del juego democrático de mayorías y minorías en el Congreso tras unas elecciones celebradas “de forma limpia y controlada”, tal como ha recordado otro grupo de militares retirados, agrupados en el Foro Milicia y Democracia. Porque, efectivamente, entre las fuerzas armadas hay pluralidad de opiniones. Lo que nadie tiene derecho es a patrimonializar el patriotismo o los símbolos nacionales, ni tampoco la figura del jefe de Estado, como por desgracia hace tan a menudo la derecha. Se podrá argüir que también la izquierda es sectaria  y empezar con el juego de acusaciones sobre quién empezó primero. Y es cierto que hay declaraciones desafortunadas y hasta inquietantes de algunos ministros, sobre todo de Unidas Podemos, y actitudes de clara deslealtad hacia la Corona del vicepresidente segundo Pablo Iglesias. Pero ninguna crítica al Gobierno de izquierdas justifica la más remota ensoñación golpista o criminal contra los rivales ideológicos. Si la oposición cree que se está vulnerando la Constitución en el sentido que sea, ahí tiene el Alto Tribunal para dirimir interpretaciones. Pero nadie que de verdad sea constitucionalista puede mostrarse mínimamente comprensivo con las vergonzosas afirmaciones de esos exoficiales y sus venenosas misivas al jefe del Estado.