El modelo económico de Madrid está principalmente sustentado en tres pilares: unos tipos impositivos muy reducidos en los tributos cedidos, una gran concentración de poder político, económico y financiero en la capital y una legislación regional facilitadora de la actividad empresarial.

Las cifras avalan al modelo y certifican su éxito. Ninguna otra autonomía consigue unos resultados mejores. Entre 2001 y 2019 fue la comunidad con mayor crecimiento económico (109,58%) y la cuarta donde más aumentó la población (28,01%). En el último año, efectuó la  aportación más elevada al PIB español (19,3%) y consiguió una producción per cápita (35.999 euros) superior a cualquier otra.

Los principales impuestos cedidos a las regiones son patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Entre las comunidades del régimen tributario común, Madrid es la única que tiene un tipo efectivo nulo del primero, bonifica más el segundo (99%) y cobra un menor porcentaje de los dos últimos (6% y 0,75%, respectivamente).

El efecto capital es muy relevante en la comunidad y está principalmente sustentado en cuatro elementos: la presencia de la parte más importante de la Administración General del Estado, la ubicación de las oficinas centrales de la mayoría de las grandes empresas del país, las mejores infraestructuras de la nación y un fácil y rápido acceso a numerosas redes de transporte.

El primer componente es el que otorga poder político a la capital de España. Por un lado, induce a instalarse en la comunidad a numerosas empresas cuyos ingresos dependen en gran medida del BOE. En los últimos años, más del 60% de los contratos adjudicados por la Administración General del Estado fueron a compañías que tenían su sede en la autonomía.

Por el otro, la gran presencia de funcionarios y empleados públicos constituye una fuente directa de renta y riqueza, pues es la segunda en número (396.381 trabajadores), aunque la tercera en población. Los motivos son dos: la retribución de los primeros supera a la que obtienen los que trabajan en el sector privado (2.654,4 euros versus 1.772 euros en 2018) y la comunidad concentra una sustancial proporción de los que perciben un salario más elevado.

Además de por la proximidad al poder político, numerosas empresas optan por instalarse en Madrid por constituir ésta la principal plaza financiera del país, situarse en ella las sedes operativas de la mayoría de los bancos más importantes y facilitar su ubicación un rápido desplazamiento de sus trabajadores a cualquier otra parte de la nación o el extranjero.  

Durante las dos últimas décadas, el gran objetivo de los gobernantes de la Comunidad ha sido la obtención del éxito económico. Para lograrlo, han impulsado la atracción de capital y talento, tanto de otras autonomías como de distintos países. Y han dotado a su capital de una imagen de ciudad abierta que impide a nadie sentirse forastero. A diferencia de otras regiones, ni la construcción de una nación ni el control social de la población ha sido una prioridad.

En el año 2020, tenemos dos ejemplos de dicha visión: la reforma de la ley de suelo que pretende impulsar la construcción de viviendas para lograr una más rápida salida de la crisis y, en pleno rebrote del Covid, la adopción de disposiciones que restringen en menor medida la movilidad de las personas y la actividad empresarial que en otras autonomías.

No obstante, el principal impulsor del círculo virtuoso actual lo constituye un tipo efectivo nulo del impuesto de patrimonio y uno insignificante de sucesiones y donaciones. Dichos tipos atraen a Madrid a una sustancial parte de las familias más ricas del país. Éstas crean empresas, generan ocupación, compran inmuebles y realizan gasto en la capital. Por tanto, aumenta la actividad económica, el PIB y la recaudación de impuestos.

Las mayores oportunidades de empleo y los superiores salarios complementan el efecto atracción. Ahora los cautivados son los trabajadores. Muchos de ellos tienen formación universitaria, viven en una ciudad de provincias y quieren triunfar en su profesión. El municipio donde trabajan ya no pueden ofrecerles lo que ellos desean y vienen a Madrid a desarrollar su carrera profesional.

Los tres pilares en que se sustenta su modelo económico también atraen al capital extranjero. Para la mayor parte de éste, no hay lugar más atractivo para realizar una inversión en España. Los datos de los últimos años así lo atestiguan. No obstante, el del 2º trimestre de 2020 lo deja muy claro: el 83% de dicha inversión la recibió la Comunidad, yendo a Catalunya solo un 11,6%

En definitiva, Madrid realiza dumping fiscal. Los principales beneficiados son los ricos, pues lo que pagan en la capital de España es muy inferior a lo que abonarían en el resto del país. Dicha política tributaria equivaldría a permitir al mejor equipo de fútbol del mundo jugar con las manos, además de con los pies. Por eso, es necesario acabar con ella y establecer un tipo impositivo mínimo común en todos los tributos cedidos.

No obstante, en ninguna otra autonomía dicho dumping hubiera tenido el éxito conseguido en Madrid, con la excepción potencial de Cataluña. Un ejemplo de ello lo constituye Canarias. Para determinadas actividades, el impuesto de sociedades es del 4%, por ser un territorio insular y ultraperiférico. No hay en Europa un tipo nominal más reducido. Sin embargo, la captación de empresas lograda es decepcionante.

Las medidas necesarias para fijar unas reglas de juego equitativas para todas las autonomías deberían comportar también una mayor descentralización de la Administración General del Estado, una inversión en infraestructuras en otras comunidades sustancialmente superior y la promoción entre inversores extranjeros de otros muchos municipios, especialmente los que en los últimos años han sufrido un gran declive industrial.

En cualquier caso, es necesario realzar lo logrado por la Comunidad de Madrid en las dos últimas décadas. Ha tenido el viento a favor y lo ha sabido aprovechar. La comparación con Cataluña deja muy bien a la primera y mal a la segunda.

No obstante, como generalmente les sucede a los gobiernos de derechas, su punto débil es la distribución de la renta. La autonomía más rica del país no debería ser la tercera con mayor desigualdad, pues el incremento de la recaudación de impuestos generado por el elevado crecimiento de la actividad económica debería destinarse en gran parte a su disminución. Una comunidad va bien cuando casi todos sus habitantes mejoran, no solo cuando lo hace una parte.