Resulta incomprensible que muchos militantes socialistas --catalanes o no catalanes-- se hayan convertido de la noche a la mañana en firmes defensores de la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Dicen que nada cambia puesto que el castellano sigue siendo lengua oficial y, además, así se respeta la pluralidad lingüística, que por otra parte ya está reconocida en la Constitución desde 1978.

La primera aclaración que se le podría solicitar a esta beligerante militancia es que definan qué es lengua vehicular, lengua propia, lengua materna y lengua oficial; y que completen el ejercicio con un recurso muy habitual entre los docentes: Diferencias y semejanzas. Las combinaciones resultantes son numerosas y paradójicas. Una lengua oficial no tiene porque ser vehicular, si la familia o un régimen político así lo deciden. La lengua materna de un individuo no tiene porque ser la oficial ni la vehicular del lugar donde reside. Y así hasta agotar todas las probabilidades.

Al introducir el factor numérico es posible despejar la incógnita de algunas de esas combinaciones. Si el 52% de la población de una Comunidad tiene como lengua materna una lengua oficial (p.e. el castellano), ¿es comprensible que se le niegue el derecho a elegirla como lengua vehicular en la enseñanza? Si esa negación se produce, ¿estamos en un Estado autoritario que no respeta derechos básicos de los ciudadanos o en un Estado social y de derecho fallido?

Otra cuestión para la militancia socialista en general: si el 32% de la población tiene como lengua materna una lengua oficial (p.e. el catalán) ¿es comprensible que esa sea la única lengua reconocida como “propia” de ese territorio y por tanto la única vehicular? Y una pregunta más: si pese a todo se admite que es la única “propia” pero se reconoce que “Todas las personas tienen el derecho de utilizar el castellano” (Estatut, 6.2), ¿cómo explica dicha militancia que se les niegue a usarlo en la enseñanza o se les multe por emplearlo? ¿Cómo comprender que una universidad como la Autónoma de Barcelona niegue a los miembros foráneos de un tribunal que ha de valorar una tesis doctoral con mención internacional el impreso del acta en castellano?

Según la ministra María Jesús Montero, en nuestro país cada uno se puede expresar “en las condiciones que le marca su territorio” (sic), se entiende que por el imperativo categórico de la entrepierna del gobernante nacionalista de turno. Cierto, como dijo Carles Francino, se ha pasado del “hable en castellano, coño” al “parli en català, collons”.

Los historiadores de la cultura han demostrado que el concepto “lengua propia” es una invención que bebe de postulados racistas, es decir, genitales El argumento para que se produjera dicha creación y se haya incluido en los sucesivos estatutos de autonomía es muy sencillo: “Para que sobreviva el catalán hay que matar al castellano”, o lo que Rufián y Bassa (la señora del me importa un comino España) han denominado con el eufemismo “blindar la inmersión”. Ese objetivo se repetía antes en voz baja y desde hace un par de décadas se declama sin complejo alguno ante concurridos auditorios, por miembros de colectivos de dudosa ética democrática como Plataforma per la Llengua u otros.

La historia demuestra que las imposiciones lingüísticas de una mayoría minoritaria o de una minoría mayoritaria que desprecien la pluralidad están condenadas al fracaso, previo progresivo deterioro de la convivencia con enfrentamientos de todo tipo. No parece muy adecuada la solución escogida por el Gobierno a petición de sus socios nacionalistas que, durante décadas, incumplen desde el Govern las sentencias de los tribunales de justicia respecto al punto 6.2. A saber, Sánchez y su orquesta han considerado que cuando no se aplica o respeta una norma de derecho lo más conveniente es suprimir la norma, en lugar de sancionar los comportamientos delictivos que atentan contra una parte muy significativa de la ciudadanía, ¿y así creen ellos que desaparece el problema?

Quizás la solución para salir del callejón al que ha conducido la política fascistoide y punitiva de la Generalitat, refrendada ahora por el Gobierno que dice ser de izquierdas, sea reconsiderar una tercera vía, la mestiza. Es una forma de resistencia cotidiana que practica al menos un 10% de la población que tiene como lenguas maternas tanto el catalán como el castellano, las dos oficiales, y a las que sólo les queda que sean reconocidas como vehiculares. No es necesario que se les llame propias, nunca un territorio ha hablado lengua alguna, aunque lo haya soñado un nacionalista, sea catalán, español, húngaro, polaco o birmano. Y si no están convencidos, militantes, hagan como los nativos americanos, agáchense y pongan la oreja en el suelo. Un gesto muy recomendable para alcanzar antes el entendimiento y, si escuchan algo, salir corriendo.