El revolcón del TSJM al Ministerio de Sanidad por motivo del cierre de Madrid es solo la punta del iceberg de lo poco cuidadosos que son nuestros políticos con las formas legales. No es el único ni será el último, sirva como ejemplo que el desmedido cierre de la hostelería catalana llegó al TSJC sin firma, número de decreto y ni siquiera fecha. Parece que el covid ha despertado los instintos autoritarios de unos políticos que se creen por encima de la ley, cuando no del bien y del mal, y hacen lo que les viene en gana tenga o no sentido, sea o no legal.

Los primeros problemas de los políticos con la justica se debieron a causas de corrupción. Se tardó en atajar esta lacra, pero finalmente hemos visto pasar por el banquillo de los acusados a políticos de prácticamente todos los partidos que han ocupado cargos muy relevantes a lo largo y ancho de la geografía patria. Incluso varios partidos han sido condenados como institución, siendo paradigmática la desaparición de Convergencia por la causa del 3%. El procés nos trajo la desobediencia, de salón eso sí, llegando al climax con la inhabilitación del presidente vicario no por una pancarta, sino por desobedecer, además a conciencia.

Tenemos a todo un vicepresidente del gobierno de España enredado en un caso tonto en el fondo pero preocupante en la forma. Romper una SIM de una colaboradora, amiga o amante no parece gran cosa, pero tratar de engañar a la Audiencia Nacional, caso que se demostrase, sería harina de otro costal. Y si el Tribunal Supremo valida las tesis del juez instructor será muy interesante ver el uso que hace de su condición de aforado una persona que propuso acabar con este privilegio. También los políticos nos han hecho a todos expertos en sedición y rebelión y en breve lo seremos de los indultos. Otra evidencia de la ligereza con la que los políticos se toman las leyes sirva la devolución por dos veces al Ministerio de Igualdad del proyecto de ley de libertades sexuales por parte del Ministerio de Justica por la mala calidad técnica de su redactado.

Donde a nuestros políticos se les ve más el plumero autoritario cuando no caciquil, es cuando dictan medidas arbitrarias que cercenan la libertad de los ciudadanos supuestamente para atajar la pandemia. Mentira, lo que quieren es estar por encima de la ley y usar la crisis sanitaria para reforzar sus poltronas de poder. La pandemia se ataja con confinamientos selectivos y para ello es necesario seguir los casos y actuar. Es peor que lamentable que una aplicación operativa desde junio aún no esté desplegada en todo el territorio nacional. Madrid se incorporó hace poco más de una semana y Cataluña se lo está pensando, supongo que se habrá atascado la traducción al aranés.

Si tuviesen vergüenza los políticos se les caería la cara cada vez que un juez les lleva la contraria por no saber hacer bien las cosas. En sus manos está cambiar las leyes, pero por desidia o por populismo no lo hacen. Y así la ciudadanía no sabe qué hacer ni a que carta atenerse porque cada vez es más frecuente que los jueces tumben normas que tienen poco sentido y son impropias de una sociedad del siglo XXI que puede hacer muchísimas cosas antes que encerrarnos o clausurar negocios.

Como remate a estos disparates está la amenaza de cambiar la ley que regula los nombramientos del Consejo del Poder Judicial. Siendo grave que los partidos elijan el órgano de gobierno de los jueces lo es más aún tratar de pasar de una mayoría cualificada a una mayoría simple. La interpretación de las leyes no debería hacerse nunca de manera partidaria, y menos por los tribunales que juzgan a los políticos aforados. Ojalá el Tribunal Constitucional tumbe un disparate que haría que nuestro país avanzase en su cada vez más acelerado deterioro institucional.

En resumen, padecemos una generación de politicastros mucho más prepotente que ninguna anterior lo que explica el profundo desprecio que tienen a las leyes y su cumplimiento.