Los efectos del Covid sobre la economía se agravan cada día que pasa. Las previsiones del Banco de España se han ennegrecido esta semana de forma alarmante. Como dicen los aragoneses, a cada colada, más puerco.

Así, ahora estiman que el PIB puede alcanzar en el conjunto del año un desplome de hasta el 12,6%. Ello se debe, sobre todo, a la debacle que acaeció en el segundo trimestre como consecuencia de la declaración del estado de alarma y la subsiguiente oleada de cierres empresariales.

El mentado guarismo del BdE se traducirá en una escalada del paro hasta rondar el 19%. Pero lo peor de todo, según el supervisor, está por llegar. Porque el contingente de celtibéricos sin trabajo, según sus estimaciones, seguirá creciendo en el curso de 2021 debido a la terminación de los expedientes de regulación temporal.

Estos no computan como parados. Pero cuando concluyan, una parte considerable de ellos desembocará en el Inem. De esta forma el desempleo podría mantener la escalada hasta rebasar el 20% en el curso del año próximo.

El Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios podemitas van camino de igualar los siniestros récords de los antecesores líderes del PSOE Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que nos legaron unas espantosas tasas bananeras del 21% y el 22% respectivamente.

Para amortiguar el golpetazo, el Ejecutivo sanchista pone ahora en manos de las compañías mercantiles un fondo público dotado con 10.000 millones, mediante el cual les insuflará recursos líquidos frescos. Pero a cambio el Estado se convertirá en accionista temporal de los negocios rescatados. O sea, que el número de entidades cobijadas bajo el paraguas estatal va camino de crecer de forma exponencial.

Al día de hoy se desconoce cuántas sociedades privadas acudirán al Gobierno. De momento se han filtrado algunos nombres. Figuran entre ellos el gigante siderúrgico Celsa, propiedad de los hermanos Rubiralta Rubió, que arrastra una larga crisis; y el conglomerado turístico Globalia, de la familia Hidalgo, que incluye la línea aérea Air Europa, el turoperador Travelplan y las agencias de viajes Ecuador y Halcón. También suenan varias cadenas hoteleras, un ramo que atraviesa la depresión más profunda de la historia por la estampida de los turistas.

El Gremio de Hoteles de Barcelona informó esta semana de que tres cuartas partes de los establecimientos siguen con la persiana bajada. Para colmo de desdichas, los que han tenido los arrestos de abrir solo registran una ínfima ocupación del 10%.

Los antaño opulentos amos de los albergues han apremiado a la administración a poner ingentes sumas de dinero público a fondo perdido para salvar sus emporios inmobiliarios.

La entrada temporal del Estado como socio de los particulares puede ser una solución que salve muchos conglomerados. Lo que no es de recibo es que los señores de los alojamientos imploren el favor estatal en forma de ayudas “gratis total”. Es decir, que se les regale el dinero del contribuyente.

Cuando el turismo llovía como un maná celestial sobre sus hospedajes, jamás repartieron un céntimo entre el pueblo soberano. Los capitostes del sector arramblaron con todo el peculio. Al fin y al cabo, suyo era. Por ello, no deja de resultar chocante que ahora que gimoteen como plañideras y pretendan cargarle el muerto al común de los ciudadanos.

Entre pitos y flautas, todos los indicios apuntan a que nos adentramos irremisiblemente en un bache de profundidad insondable.