Amadeo Petitbò: "Quien no comparta el principio de Calviño no debería formar parte del Ejecutivo"

Amadeo Petitbò (Barcelona, 1946), catedrático de Economía Aplicada, es uno de los grandes referentes económicos en España. Conoce el mundo de la empresa y el de la administración, sabe cómo se puede regular para mejorar la competencia y ha abogado en toda su carrera profesional por la libertad política y económica, promoviendo lo que después se conocería como la capacidad de emprender. Habla tranquilo, con precisión. Vive en Madrid desde hace décadas, pero mantiene siempre un hilo directo con Cataluña, donde tiene viejos amigos. Fue presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y director de la Fundación Rafael del Pino, con la que sigue relacionado. Petitbò no se esconde y tiene claro en esta entrevista con Crónica Global que en España debe ahora primar el discurso de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, porque es lo que se defiende en Europa. "Quien no comparta la posición de Calviño no debería formar parte del Ejecutivo", avisa.

--Pregunta: ¿Se debe o se puede ahora cuestionar la reforma laboral? ¿Qué le ha parecido ese acuerdo en el Congreso entre el PSOE, Podemos y Bildu?

--Respuesta: La reforma laboral ha sido un instrumento que ha contribuido positivamente a crear puestos de trabajo. Los datos avalan esta opinión. Sólo tiene sentido reconsiderar la reforma si se perfecciona con la mirada puesta en la ocupación y en el trabajo en el seno de las empresas. Sólo quieren aniquilarla quienes desconocen el funcionamiento del mercado de trabajo, los criterios de la Unión Europea o desean obtener réditos políticos aunque ello suponga dejar a muchos trabajadores sin trabajo, cuestión que no forma parte de sus prioridades. El acuerdo de este miércoles --exhibido como un triunfo por los señores Iglesias y Otegi-- ha sido un error político de primera magnitud, sólo apto para personas que desconocen el funcionamiento del mercado de trabajo. Dicho error lo reconoce, acertadamente, la propia ministra Calviño: "Sería ahora absurdo y contraproducente abrir el debate sobre la reforma electoral". Y le asiste la razón cuando sostiene que la prioridad es "impulsar el empleo y el apoyo a las empresas", algo de sentido común que debería ser la prioridad del gobierno. Y quien no comparta la posición de Calviño no debería formar parte del Ejecutivo. En consecuencia, lo mejor que puede hacer el gobierno es asumir la responsabilidad de su error y dedicar sus esfuerzos a mejorar las condiciones de nuestra economía y devolver los derechos fundamentales a la ciudadanía.

Amadeo Petitbò durante la entrevista con 'Crónica Global' / CG

--La crisis del Covid-19 que, desde el punto de vista sanitario, ha entrado en una fase de control, provocará ahora una crisis económica. ¿De qué envergadura, a su juicio? ¿Será más larga de lo que se pensaba inicialmente en España, y por qué?

--No estoy seguro de que el Covid-19 esté bajo control. Ni en España ni en otros países. Por esta razón, pese a las buenas noticias acerca de una vacuna, no comparto la euforia de muchos políticos inexpertos. No disponemos de un proceso riguroso y exhaustivo de recogida de datos y desconocemos las oportunas relaciones causales y los contrafactuales. Los “informes” de los “expertos” y la documentación correspondiente no están disponibles en las páginas web del Ministerio de Sanidad o de la presidencia del Gobierno. Además, desconocemos la literatura científica manejada y su interpretación. Los cambios de opinión son continuos y algunas medidas adoptadas contradicen la lógica económica más elemental.

--¿Cómo lo percibe usted?

Desde una perspectiva económica, el doble shock de oferta y demanda podría derivar en una caída del PIB que supere el 14% (el Banco de España menciona el 12,4%). En este caso, la “V asimétrica”, tal y como ha sido anunciada, sería una quimera. Me preocupa que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital no ofrezca ninguna hoja de ruta --con los correspondientes escenarios (V asimétrica, V, U, L)-- que tranquilice a los inversores y a los mercados a corto y medio plazo. Esta cuestión es relevante pues, a mi juicio, el optimismo del Gobierno no es creíble y hay razones para pensar que, en un escenario pesimista, no recuperaremos los niveles de producción equivalentes a la evolución normal de la economía hasta finales del ejercicio 2022 o principios del ejercicio 2023. La recuperación de la ocupación tardará más tiempo. Todo dependerá de las estrategias y financiación europeas, de nuestras propias estrategias y del control efectivo de la epidemia (medicamentos, vacunas). Europa ha dado pasos y Alemania y Francia ya han hecho propuestas operativas. En este contexto, asegurar la liquidez de las empresas y tramitar las ayudas con rapidez y eficacia es fundamental. Y no parece que sea el caso, aunque será inevitable.

--Por ello el Gobierno español ha anclado sus esperanzas a la respuesta de la Unión Europea. Pero con las dudas que plantean los países centrales de la UE, y tras la decisión del tribunal de Karlsruhe sobre los límites del BCE, todo se complica más. ¿Es el MEDE la solución? ¿Debería el presidente Sánchez confiar ya en el MEDE? 

--La decisión del tribunal de Karlsruhe tiene poco recorrido. De hecho, no preocupa al BCE. Es una muestra más de la costumbre de algunos tribunales de convertirse en reguladores; algo que debe ser jurídicamente rechazado por la inseguridad jurídica que genera. De hecho, la fiscalización del BCE corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Lo relevante en relación con esta cuestión es que España acumula una deuda y un déficit público elevados en el contexto de una fuerte crisis económica e incertidumbre sobre el futuro económico inmediato. Por ello, cabe pensar que, a pesar de su pertinencia, las ayudas procedentes del MEDE, del Sure y del Banco Europeo de Inversiones no serán suficientes para cubrir las necesidades financieras generadas por los programas del gobierno. Primero se gasta sin demasiado control y, luego, se piensa acudir a la financiación sin conocer sus reglas; en particular, se desconocen las condiciones del Fondo de Reconstrucción, tan necesario como lento en su diseño si bien lo que se ha dado a conocer del borrador esta semana refleja que las ayudas se condicionarán a la introducción de reformas estructurales. En todo caso, el margen de maniobra es reducido. De momento, el Gobierno había elegido la estrategia de renunciar al MEDE y, sensatamente, ha rectificado.

--Porque, si analizamos las medidas tomadas, ¿Cómo ve la puesta en marcha de los ERTE hasta el 30 de junio? ¿Es una buena decisión o tiene limitaciones que se podrían compensar con otras medidas? 

--Ante el impacto de hechos inesperados deben tomarse medidas extraordinarias. Los ERTE están regulados por el eficaz Estatuto de los Trabajadores y ahora, en un contexto de reiterada improvisación, han sido objeto de reconsideración, la última por el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo. Los ERTE fueron diseñados para situaciones excepcionales, pero no de la magnitud de la actual crisis. En todo caso, una vez aplicados, debe evitarse que se conviertan en algo estructural que termine desincentivando la vuelta al trabajo. El Programa Nacional de Reformas sostiene, con singular osadía y autocomplacencia, que “la puesta en marcha de medidas de sostenimiento de la actividad económica ha conseguido frenar la destrucción de empleo y mantener los ingresos de los colectivos más afectados”. Estamos en la segunda parte del mes de mayo y nada hace suponer que la recuperación vaya a tener lugar tan pronto y con ímpetu. Estamos ante un problema laboral muy serio en el marco de unas expectativas inciertas. No olvidemos que, en el mes de abril, el SEPE abonó prestaciones por desempleo a 5,2 millones de personas y que el presidente del Gobierno se ha referido a 3,9 millones de personas afectadas por un ERTE. El problema de fondo reside en el hecho de que un porcentaje elevado de trabajadores acogidos a los ERTE, con una elevada probabilidad, perderá definitivamente su actual puesto de trabajo. Ante este panorama desolador el Gobierno todavía no ha ofrecido una respuesta creíble.

--A su juicio, las patronales, el conjunto de las grandes empresas, ¿están respondiendo bien ante la crisis? 

--Las patronales deben ser think tanks solventes e instrumentos de defensa de los intereses de los empresarios. Las patronales --también el Gobierno-- deberían apoyar sus estrategias y propuestas sobre la base de tres pilares, considerados simultáneamente: la salud de los españoles, el freno de la actividad económica y la desaparición de miles de empresas y puestos de trabajo, sin olvidar el deterioro de la democracia debido a la peculiar gestión del estado de alarma. La defensa de los intereses de los empresarios debe hacerse sin concesiones innecesarias, con contundencia y cargándose de razón sobre la base de la información disponible y con los instrumentos de la teoría económica como referencia. En relación con las grandes empresas puede sostenerse que han hecho un esfuerzo considerable por mantener la actividad dentro de lo posible y, también, para combatir la pandemia. En efecto, han adaptado sus procesos productivos, han comprado y donado material sanitario, han fletado aviones…. He echado de menos la gratitud por parte del Gobierno, afortunadamente compensada por la de los ciudadanos y algunas administraciones. Desde otra perspectiva, dadas las circunstancias, desconocemos la opinión de los empresarios sobre cuestiones como la falta de liquidez, la complejidad y los retrasos en el proceso de gestión de las ayudas, la complejidad y las dificultades de los procedimientos o las insinuaciones sobre las subidas de impuestos, aunque pueden suponerse. Sobre estas cuestiones, a mi juicio, la respuesta de las patronales debería haber sido más efervescente. Como ha sucedido con su respuesta tras el camaleónico acuerdo entre PSOE, Podemos y Bildu.

--Una de las cuestiones latentes es que España deberá interiorizar, toda su clase política, que más allá de la fatalidad de un virus, que afecta a todo el planeta, su estructura económica es más débil de lo que se ha considerado. ¿Qué reformas sería necesario que acometiera de una vez? ¿Las pensiones, teniendo en cuenta que los países del Norte de Europa reprochan esa cuestión a España?

--A mi juicio, deben abordarse las cuestiones de fondo. La pandemia ha impactado en el contexto de una economía frágil, endeudada, con un elevado binomio déficit-deuda pública y con una elevada tasa de desempleo. No se aprovechó el reciente período de expansión económica para poner orden en las cuentas públicas. Lo primero que debe hacerse en la actual coyuntura es reducir el gasto público y la estructura del propio gobierno. Demasiados ministerios y demasiado gasto. Lógicamente, tal propuesta supone eliminar cualquier tentación de subir los impuestos. No olvidemos las lecciones del pasado: las subidas de impuestos tienen vocación de permanencia y entrañan subidas de gastos que, a la vez, exigen nuevas subidas de impuestos en una suerte de espiral diabólica cuyo final es letal: la ruina del sector público, pero también del sector privado e inevitables pérdidas de competitividad internacional. El asunto está suficientemente estudiado y cabe poca discusión al respecto. También deberían reducirse las cotizaciones a la Seguridad Social con el fin de incentivar la creación de puestos de trabajo y aumentar la recaudación. Adicionalmente, debe procederse a las reformas estructurales pendientes y a la liberalización de aquellas actividades sometidas a regulación ineficiente. En este punto la CNMC debería hacer propuestas al Gobierno que deberían ser atendidas. Todo ello sin olvidar la inversión en I+D y, en estos momentos, la creación de incentivos dirigidos a la atracción y retención de talento. Lógicamente, en condiciones competitivas, con elevada seguridad jurídica y sin presión fiscal disuasoria ni estorbos administrativos innecesarios.

--¿Debería alcanzarse un pacto sobre una nueva fiscalidad, para todos los tramos de rentas, para facilitar, por ejemplo, donaciones entre familiares en un momento en que se necesitará por la pérdida de empleos?

--Como he señalado, en el contexto actual es necesaria una reconsideración de la estructura fiscal que incentive la demanda y la inversión privadas, y, por supuesto, la creación de puestos de trabajo. Hacer lo contrario sería una insensatez que sólo contribuiría a retrasar la salida de la crisis. Desde la perspectiva social, en España quedan muchos espacios por cubrir que no son atendidos desde el sector público. En relación con esta cuestión, las Fundaciones juegan un papel fundamental con más eficiencia que el sector público. Con el fin de responder a multitud de necesidades sociales es necesaria una ley de Fundaciones y Mecenazgo que tome como referencia la mejor regulación, para fomentar la generosidad de todos los ciudadanos, no solamente de los perceptores de rentas altas. Está demostrado que una ley de este tipo se traduce en una reducción del gasto público social neto.

--¿Pero se puede depender menos del turismo que representa casi un 14% del PIB y que se verá ahora muy afectado?

--El turismo es una fuente de riqueza pues contribuye al crecimiento económico y a la creación de empleo. La actividad turística exige fronteras abiertas y libre circulación de personas. El renacimiento de las tentaciones proteccionistas, además de su irracionalidad, tendrá un efecto negativo sobre el turismo y afectará, sobre todo, a aquellos países y zonas geográficas fuertemente dependientes del mismo. La decisión de imponer una cuarentena a los turistas tiene poco sentido --como ha subrayado el presidente Macron--pues tiende a expulsar del mercado a todos los turistas y, en particular, a aquellos que disponen de menos de dos semanas. Nadie vendrá a España para permanecer en cuarentena. La decisión del Gobierno, defendida por su presidente, entraña dos riesgos: el primero, la reacción de otros países (Francia, p. e.); el segundo, la pérdida de clientes, en muchos casos definitiva. En relación con la dependencia del turismo, quienes nos dedicamos a la organización industrial siempre defendemos que un país avanzado debe tener una base industrial potente, moderna, con altas dosis de I+D+I, con trabajadores cualificados y que destaque por su elevada productividad y competitividad internacional. Y que, a la vez, sirva de faro orientador a otros sectores de la economía. Un esfuerzo en este sentido es necesario.

--¿Entiende que Sánchez y Pablo Casado deberían dejar atrás sus diferencias y lograr un gran acuerdo para reprogramar España desde el punto de vista económico y también sobre la estructura política autonómica de cara a los próximos años?

--Este tipo de acuerdos siempre son aconsejables, especialmente en situaciones de crisis. Nos queda mucho tramo por recorrer para alcanzar la cima característica de los países políticamente avanzados en los que los programas de los partidos políticos tienen muchos puntos en común. En nuestro caso, los acuerdos alcanzados para formar gobierno y el tono de los debates parlamentarios ponen de manifiesto que el acuerdo entre los señores Sánchez y Casado es muy difícil. Deberían cambiar muchas cosas para que un pacto sea posible pues para alcanzarlo se necesita mucho sentido de Estado y mucho sentido común político. Lógicamente me refiero tanto a acuerdos de Estado entre Gobierno y oposición como a acuerdos entre el Gobierno del Estado y el de Cataluña cuya obsesión, en estos momentos, se concentra en la independencia, sin la más mínima intención de ceder al respecto. La historia de Cataluña es suficientemente elocuente. Ni Puigdemont, ni Torra, ni Junqueras son el presidente Tarradellas.

--¿Quién a su juicio no cree en ese acuerdo y sólo busca cargarse al adversario político? ¿Sánchez o Casado?

--Me hubiera gustado que la pregunta se refiriera a quién cree en este acuerdo y poder responder que ambos, los señores Sánchez y Casado. Y me gustaría que los referentes del acuerdo fueran una plataforma que asegurara una economía de mercado competitiva con la debida protección de la iniciativa privada, un gobierno limitado, la igualdad ante la ley, el fomento del trabajo y una red básica de seguridad de emergencia para todos los ciudadanos. Y, sobre todo, el desarrollo de las reformas estructurales pendientes.

--¿Considera que se abre una posibilidad diferente con un nuevo papel para Ciudadanos?

--A mi juicio, el futuro de Ciudadanos, en estos momentos, es una incógnita. En muy poco tiempo ha dilapidado un caudal político cuya expresión más evidente fueron los resultados obtenidos en la última contienda electoral. El fracaso político siempre genera tensiones. Cs tiene que reinventarse con los problemas que conlleva su definición como partido centrista: una parte del partido a cada lado del eje central. Muchos de sus militantes dicen ser liberales, pero otros son socialdemócratas, cuestión que conlleva tensiones permanentes que deben ser resueltas con grandes dosis de liderazgo. Es difícil aunar voluntades sin una persona de alta talla política, con un fuerte carisma y con atractivo entre los votantes sobre la base de un programa sólido y creíble. Tienen mucho trabajo pendiente y han perdido militantes de peso. De momento han buscado amparo en el acuerdo con el Gobierno en relación con el Estado de alarma.

--La crisis, como decíamos, también pone en evidencia el funcionamiento del estado autonómico. ¿Hacia dónde debería caminar? ¿Ha llegado el momento clave para reformar la Constitución o hallar acuerdos que definan mejor qué competencias tiene cada parte?

--Este es un asunto complejo como puso de relieve Madariaga. Y debe resolverse con tino y con generosidad entre las partes, algo que no es sencillo, en un contexto de sosiego político. La complejidad tiene su origen en la historia y, también, en las diferencias entre los niveles de renta de las comunidades autónomas que conllevan la necesidad de transferencias de renta equilibradoras con el correspondiente riesgo moral. A ello puede sumarse las previsibles exigencias de Cataluña y el País Vasco. En cualquier caso, debería iniciarse una reflexión colectiva --insisto en lo de colectiva-- acerca de la pertinencia de dotarnos de un esquema político riguroso sustentado en los principios del federalismo competitivo basado en la lealtad y en la solidaridad. Sé que no es un asunto sencillo, pues exige una asignación racional de derechos y obligaciones entre las administraciones central y autonómicas --en la medida en que éstas deseen asumir responsabilidades-- de forma que se respete el acceso de todos los ciudadanos a los servicios básicos (educación y sanidad). Lógicamente, el Estado debe proteger las libertades (ley y orden), asegurar la unidad de mercado, el eficiente funcionamiento del sistema financiero, la competencia en los mercados de bienes y servicios y responsabilizarse de las infraestructuras (económicas y sociales) de alcance estatal. En este contexto las haciendas subcentrales podrían asumir voluntariamente compromisos fiscales en materia de recaudación.

Amadeo Petitbò comenta su visión para 'Crónica Global' / CG

--En Cataluña el presidente Torra ha jugado, al inicio de la crisis, a buscar el enfrentamiento con el Gobierno español. Usted vive en Madrid, pero ¿cómo ha visto lo que sucede en Cataluña en los últimos años, respecto al movimiento independentista? ¿Hay alguna ventana de oportunidad ahora para rehacer la situación política?

--Desde Madrid he visto el problema con preocupación. Llegue a Madrid con el año 1990 cuando Cataluña era una referencia para el conjunto de España y, también, para muchos europeos. Barcelona era una gran ciudad y una marca. Siempre sospeché que los Juegos Olímpicos generarían problemas derivados de la autocomplacencia, pero nunca llegué a pensar que alcanzarían el nivel actual. La historia pone de manifiesto que el riesgo del desencuentro siempre está presente, pero confiaba en la sensatez de los políticos y de los propios catalanes. Ahora, Cataluña ha perdido personalidad y reputación internacional y lo ha hecho con un elevado coste económico y con mucho despilfarro. La corrupción ha contribuido a ello y el adoctrinamiento en las escuelas ha agravado el problema. A todo ello se suma la ruptura de muchas familias por discrepancias sobre el papel de Cataluña en España y la forma de abordar la situación. En este contexto resolver el problema es muy difícil pues muchos políticos --y sus beneficiarios-- viven de la tensión permanente. Dicha tensión disfraza la mala gestión. No estoy seguro, a la vista de lo sucedido y del análisis histórico (recuérdese los Memorial de Greuges de 1760 y 1885, o el Mensaje a la Reina Regente de 1888, por ejemplo), que, al menos a corto plazo, las nuevas generaciones de catalanes tengan voluntad de encontrar una salida sensata al problema que no incorpore la independencia como exigencia. Pese a ello, es obligación de los políticos intentarlo.