Los burgueses catalanes, propietarios de empresas pequeñas y medianas, de comercios y negocios de hostelería, han salido del confinamiento. En la calle se han encontrado con un semestre perdido y el aumento del impuesto de Sucesiones y Donaciones, el que más afecta a las empresas familiares, decretado por el Govern de Torra. También sube el tramo autonómico del IRPF para los ingresos medios-altos. Todo obra del partido heredero de Convergència, el que tradicionalmente representaba a la burguesía. Desde la desaparición de CiU, los pequeños empresarios votan a sus sucesores --ahora JxCat-- sin gran convicción y se buscan la vida en silencio. Tanta discreción ha dejado de tener encanto; hace temer despidos colectivos a la vuelta de las vacaciones y, sobre todo, más huida de sociedades y patrimonios. 

Ha desaparecido, o eso parece, aquel respeto histórico por el empresariado catalán que se mantuvo durante todo el siglo XX tanto dentro como fuera de Cataluña. Los parones o cierres futuros se reciben sin miedo, ni reacciones, como muertes anunciadas. El penúltimo anuncio ha sido el de Nissan, con 3.000 empleos directos y 20.000 indirectos.

 

 

Imágenes de la fábrica Nissan en Barcelona / CG

Solo las empresas familiares han protestado por la reciente subida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La introducción de nuevos coeficientes, la menor bonificación respecto a otros territorios, pone en peligro el entramado productivo catalán. En Madrid, el impuesto sobre la herencia está bonificado al 99%. No paga nadie. En Cataluña, los herederos con un patrimonio, societario e inmobiliario, de más de 500.000 euros verán duplicada la cuota a pagar. Los antiguos convergentes han sacado a David Bonvehí, presidente de PDeCAT, a dar explicaciones. Con cara de circunstancias, Bonheví ha asegurado que trabajarán “para eliminar ese impuesto”, ya que su “horizonte es conseguir un sistema fiscal eficiente”. ¡Lucharán contra un impuesto que acaban de aprobar ellos mismos! 

Soy de una familia cuyos abuelos y bisabuelos vivían en una casa-fábrica en el Poble Nou. Eran pequeños fabricantes. Desayunaban a las seis de la mañana con los trabajadores, vistiendo todos el mono de trabajo, y cenaban a las siete de la tarde. Nunca ví a aquellos hombres y mujeres, que comían, dormían y soldaban en el mismo recinto fabril de la calle Wad Ras hacer distinciones con su dinero. No había fondos privados ni patrimonio particular. Todo era para la fábrica. Las máquinas y la producción, primero. La peor etapa de su vida se produjo en julio de 1936, cuando las industrias del Poble Nou pararon. “El silencio de las máquinas fue la señal del desastre”, contaban. La fundición de metales volvió a abrir. Fue colectivizada por el Frente Popular y siguió produciendo, con el dueño de gerente y los mismos trabajadores. En vez de raíles, produjeron material de guerra, la forma suave de referirse a las bombas. La fábrica nunca paró. La nueva Barcelona se la llevó por delante sin que sus dueños se hubieran bañado nunca en el mar que tenían enfrente. 

Tras este tsunami vírico no se oye hablar de incentivos económicos a la inversión, de facilidades para el turismo o la restauración, tan esenciales para el PIB catalán. Con el Gobierno que preside JxCAT, Cataluña se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor carga fiscal de España. Hace años que los catalanes ocupan el escalón más alto del pódium del Impuesto de Patrimonio (IP), cedido en su totalidad a las autonomías. Pagan por lo ya pagado en el IRPF o en otros impuestos. Los madrileños han quitado el IP a través de una bonificación del 100%, al igual que otras comunidades autónomas, en mayor o menor medida. La consecuencia es que sigue aumentando la emigración fiscal desde Cataluña a otros territorios. 

El Govern necesita recaudar porque sube el gasto público y la economía se estanca; solo queda dar a la manivela de los impuestos cedidos, los que se controlan desde el Govern con total libertad o con la ayuda de los Comuns, a cambio de subir impuestos a los ricos. En la práctica, no paga más impuestos la alta burguesía o la gran empresa, con estructuras societarias y fiscales que les permiten pagar menos y fuera, sino las clases medias. 

Muchos empresarios y altos directivos catalanes ya solo vuelven los fines de semana a Barcelona. Mientras, la pequeña empresa familiar y la clase media paga la fiesta de sus supuestos aliados políticos sin rechistar. Tras el verano, Cataluña volverá a votar y quizás volverá a sorprendernos su nivel de patriotismo. También la fidelidad a las cenizas de un partido.