La política es muy dura con aquellos políticos a los que les reserva papeles increíbles en escenas absurdas. La portavoz de la Generalitat es una especialista en este difícil género de seguir un guion disparatado con la mejor de las sonrisas. Su última aparición, actuando como portavoz de la mitad del gobierno, rozó la genialidad. Según dijo Meritxell Budó, el presidente Torra no puede convocar elecciones porque ahora con todo lo que avecina por culpa del virus Cataluña necesita un gobierno fuerte y no un gobierno en funciones. Literalmente. ¿En qué gobierno estaría pensando Budó al hablar de un gobierno fuerte?

Las elecciones catalanas vienen siendo reclamadas por todos los partidos catalanes, a excepción de JxCat, desde hace meses, pero quien prometió convocarlas fue el propio presidente de la Generalitat. Aquel 20 de enero, Torra afirmó solemnemente: “El Govern, ningún gobierno, puede funcionar sin unidad, sin una estrategia común y compartida en cuestiones fundamentales y sin lealtad entre los socios”. Luego se despachó a gusto contra ERC a la que acusó de desleal por haber aceptado que la pérdida de su escaño como diputado era inevitable tras ser inhabilitado por el TSJC. Era la enésima crisis de confianza entre los socios de la coalición y parecía la definitiva.El gobierno fuerte de Budó es un fantasma institucional que debería tener fecha de caducidad según el calendario de Torra, una vez aprobados los presupuestos en el Parlament. Pero ahora, Torra se desdice alegando la gravedad de la crisis provocada por el coronavirus y aquel gobierno declarado en funciones por el propio presidente pretende pasar por un ejecutivo con fuerza suficiente para encarar la reconstrucción del país. Una frivolidad, porque la relación entre los socios ha empeorado justamente por la gestión de la pandemia, en la que la mitad republicana del gobierno ha hecho lo que ha podido y la otra mitad ha utilizado la institución como factor de desestabilización del gobierno de Pedro Sánchez.

Quim Torra no se va a ir porque quiere que le echen. Convocar elecciones según lo anunciado hace casi cuatro meses supondría aceptar el fracaso de su gobierno y no es que a Torra le interese lo más mínimo la gobernación de la Generalitat autonómica (como ha confesado desde la tribuna del Parlament), pero no está dispuesto a conceder ninguna ventaja a ERC convocando unas elecciones anticipadas. A Torra le puede hacer caer ERC, retirándole el apoyo parlamentario, o el Tribunal Supremo, confirmando la sentencia de inhabilitación. Cualquiera de las dos opciones es mucho mejor para sus intereses personales y para los de su partido que tomar la iniciativa prometida en enero.

La actitud especulativa de Torra descansa en la convicción de que el miedo atroz de ERC a presentarse ante el electorado independentista como el causante de la caída del gobierno le atenace de tal forma que prefiera esperar a la intervención de la justicia. Pero esta opción tampoco es buena para los republicanos. En este sentido, las recientes declaraciones de Oriol Junqueras fueron de una ingenuidad ensayada: señor presidente haga el favor de convocar elecciones antes de que el Tribunal Supremo las provoque.

Junqueras sabe de los peligros para su partido de llegar a una caída de Torra por inhabilitación. Los diputados republicanos se verán obligados a abandonar a Torra a su desgracia cuando JxCat les rete a votar en el pleno a favor de desobedecer al Tribunal Supremo, abismo en el que ERC no va a precipitarse porque aspira a gobernar Cataluña después de Torra. Y aun así, ERC soporta estoicamente el envite de Torra y el incumplimiento de su promesa.  

El escenario preferido de Torra es el de ser desposeído de los honores de la presidencia por el Tribunal Supremo ante la pasividad de ERC. Una maniobra redonda. Él pasa a engrosar la lista patriótica de los represaliados por el Estado español y los republicanos suman una nueva deslealtad a su reciente currículum de independentistas pragmáticos. Este plan es mucho más atractivo que la opción que le plantean ERC, PSC, los Comunes, Ciudadanos, el PP y hasta la CUP: asuma su incapacidad para gobernar, váyase a casa antes de que lo haga el TS y evite el desprestigio de las instituciones catalanas.    

En este panorama, la broma de Budó sobre el gobierno fuerte tiene poca gracia. Es un mal presagio plantear que la reconstrucción del país deba enfrentarse (aunque solo sea inicialmente) con un gobierno paralizado por la desconfianza de los socios, dividido, preocupado principalmente por debilitarse mutuamente a la espera de unas elecciones inevitables. ERC calcula día a día el rédito electoral que le queda para ganar y JxCat gana tiempo para decidirse por un candidato, mientras observa complacida el desgaste de su adversaria. Cuesta adivinar en que lugar quedan los intereses del país en esta estrategia.