Hoy el Congreso aprobará la propuesta gubernamental de extender 15 días más el estado de alarma con un apoyo parlamentario casi unánime, del que solo se desmarcarán las fuerzas independentistas con su abstención. A priori ese amplio respaldo supone un aval para las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con una oposición que ha rebajado desde el pasado fin de semana el tono de sus criticas ante la extraordinaria gravedad de la situación.

Ahora bien, en la semana seguramente más dura de la pandemia en España lo relevante es que el Gobierno ha optado por una decisión tan valiente como arriesgada. Ha apostado por no restringir el confinamiento, dejando que aquellas actividades económicas no esenciales para la lucha sanitaria contra el coronavirus y el abastecimiento básico de la población puedan seguir desarrollándose. El objetivo es doble. Evitar una parálisis total del sistema productivo que agrave el desempleo y disponer de una mínima base para remontar económicamente cuando pase la crisis sanitaria.

Es una opción valiente porque lo fácil en un momento de tanta angustia e incertidumbre sería clausurarlo todo con el argumento de minimizar los contagios. Pero por eso mismo se trata de una apuesta arriesgada. De entrada porque va en contra de la experiencia italiana, que se ha convertido en el anticipo de lo que luego ha acabado sucediendo en España y donde el pasado domingo el presidente del Consejo de Ministros Giuseppe Conte anunció el cierre de todas las actividades productivas no imprescindibles.

También de lo que aconsejan algunos expertos españoles a partir de modelos matemáticos, un criterio con el que determinados líderes políticos territoriales, como el presidente murciano Fernando López Miras (PP) y muy particularmente el catalán Quim Torra (JxCat), argumentan desde hace días su exigencia de confinamiento total. También en ERC se han sumado a esa tesis para justificar su abstención este miércoles en el Congreso.

Estamos ante un debate sobre cuanto más habría que confinar para bajar la curva de la pandemia que es de una enorme trascendencia. Los costes económicos del cierre completo son muy considerables, incluyendo también el de vidas humanas ya que el paro también mata. Se trata como ayer explicaba en twitter el catedrático de la UPF Benito Arruñada de una “decisión endiablada” porque cuanto más se agrave la recesión económica más posibilidades hay de sumergirnos después en una crisis sociopolítica que lo agrave todo. En medio de esta difícil encrucijada, lo peor para el Gobierno sería tener que rectificar si el pronóstico de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias, de que el número de contagios y muertes va a empezar a disminuir dentro de unos días no se cumple.

Entonces las voces para cerrarlo todo pueden llegar a imponerse, alcanzando al propio Ejecutivo, donde la vicepresidenta Nadia Calviño ha logrado resistirse a la tesis de la parálisis completa que probablemente sostenían otros ministros. Así pues, se trata de una apuesta valiente para mantener el pulso económico, pero arriesgada a la vista de lo sucedido en Wuhan o Lombardía. Más allá de los errores que haya cometido el Ejecutivo de Sánchez en minusvalorar la posibilidad de una pandemia planetaria, al igual que el resto de gobiernos europeos, con esta decisión se la juega. Ojalá acierte.