Los presidentes de Grupo La Caixa, Caixabank y Banco Sabadell, comparecieron esta semana en el Parlament para declarar en el comité investigador que indaga las consecuencias de la aplicación del artículo 155.

Las manifestaciones de Isidro Fainé, Jordi Gual y José Oliu han servido para refutar algunas de las mentiras retorcidas que circulan profusamente desde el golpe secesionista.

El vasto aparato de agitación y propaganda del Govern, amén de la multitud de medios y panfletos subvencionados, repiten con descaro que Caixabank y el Sabadell trasladaron su sede social fuera de Cataluña debido a las presiones emanadas del Gobierno de Mariano Rajoy. Algunos órganos de difusión, más osados, llegan a asegurar que es el mismísimo Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, quien indujo a Fainé y Oliu a emprender la fuga.

Pues bien, los tres pesos pesados del establishment empresarial refutaron de plano tales infundios. Explicaron en la sede parlamentaria que se vieron forzados a mover el domicilio de sus grupos por un único motivo, a saber, la retirada masiva de depósitos que se desencadenó por esas fechas.

Quienes se llevaron la pasta no eran residentes de lejanas zonas de la península. Se concentraban, sobre todo, en las cuatro provincias catalanas. En cuestiones de dinero, como diría Eugenio d’Ors, los experimentos se han de realizar con gaseosa, nunca con champán.

Tras celebrarse el referéndum del 1 de octubre, la estampida de saldos escaló cotas tan alarmantes que los dos bancos se vieron obligados a adoptar medidas draconianas. De lo contrario, no habría cabido otro remedio que cerrar la caja, echar la persiana y declararse en insolvencia.

Según Fainé, Gual y Oliu, la odisea ascendió en una semana a la devastadora cantidad de 11.600 millones de euros. Así que, a toda prisa, los consejos de administración de los conglomerados hubieron de mover sus domicilios sociales a latitudes menos turbulentas. Gracias a esa rápida reacción, se pudo frenar en seco la sangría y se consiguió la ansiada vuelta a la normalidad para clientes, trabajadores y accionistas.

Otra patraña como la copa de un pino que se difundió a discreción por estos lares es que el Gobierno de Mariano Rajoy había ordenado que las empresas públicas extrajeran sus fondos de los dos bancos. De esta forma, pretendía influir sobre los respectivos órganos de gobierno para que desviaran sus cuarteles generales a otros meridianos.

Oliu negó tal especie de forma tajante y facilitó unos datos llamativos. En los días previos al referéndum, su entidad había captado 1.000 millones adicionales procedentes del sector estatal. Y tras el 1-O, la suma total de los recursos oficiales gestionados se mantuvo estable.

Por lo demás, los dirigentes bancarios echaron un jarro de agua fría a los ilusos que sueñan con un próximo retorno de Caixabank y Sabadell a estas tierras. “No se dan las condiciones para volver. Además, estamos muy a gusto en nuestras actuales sedes”, vinieron a decir.

Las aseveraciones de los tres personajes me traen a la mente unos augurios proféticos de Artur Mas, expresados en pleno procés, en el ardor de un mítin. Garantizó a su ferviente parroquia que Caixabank y Sabadell nunca se marcharían de Cataluña. “¿Y sabéis por qué no lo harán? Porque nosotros representamos el 20% del PIB del Estado español”. Que santa Lucía conserve la vista al señor Mas, porque en su calidad de oráculo poseedor de la bola de cristal, no tiene precio.

Los catalanes hemos contraído una apabullante deuda de gratitud con nuestros amadísimos políticos. Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra han logrado una hazaña que no está al alcance de cualquiera. En seis años largos de procés, han transferido su sede social más de 7.000 compañías, entre ellas los dos gigantes crediticios, casi todas las firmas cotizadas en bolsa y la flor y nata del repertorio financiero, industrial y comercial de la región.

Hoy por hoy, la sensación dominante apunta a que ni La Caixa ni el Sabadell, ni la inmensa mayoría de las sociedades exiliadas, abrigan el menor propósito de tomar el camino de regreso. 

En resumen, el daño que una sarta de políticos, visionarios y aventureros ha infligido al poderío económico de Cataluña es enorme. Y el empobrecimiento ya registrado, irrecuperable.