El discurso separatista está plagado de falacias que lamentablemente han calado en demasiados ámbitos. Recientemente, nada más conocerse la apertura de una segunda investigación a Torra por desobediencia, desde la Generalitat se enviaba un comunicado a los periodistas en el que se hablaba de una “causa general contra el independentismo motivada por razones políticas” y se añadía que “el Estado Español tiene un problema con la libertad de expresión y los derechos fundamentales”. La misma propaganda victimista y torticera de siempre.

Existen, sin embargo, excelentes informes que prueban que quienes están vulnerando derechos fundamentales de manera reiterada en España son precisamente los separatistas. Recomiendo dos en particular: Golpe nacionalista a la democracia, presentado por SCC en el Parlamento Europeo en diciembre de 2017, y el remitido por Impulso Ciudadano en 2019 al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Voy centrarme en lo que sucede en Cataluña con uno de esos derechos: el derecho fundamental a la libertad de expresión. Justo el reclamo que ahora figura en el balcón del Palau de la Generalitat, tras ser obligado Torra por las autoridades electorales y judiciales a retirar la pancarta de apoyo a los políticos presos y a los fugados de la justicia.

Resulta inaudito que el poder nacionalista apele con tanta frecuencia a la libertad de expresión cuando no hace más que abusar de la suya y coartar la de quienes no comparten sus postulados. Pongo diversos ejemplos.

Encaja mal con la defensa de la libertad de expresión que los dos partidos integrantes del Gobierno catalán se repartan sin pudor los cargos clave de nuestros medios públicos, tal como han denunciado, entre otros, los propios trabajadores de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

Encaja mal con la defensa de la liberad de expresión contratar (con dinero público) a una empresa para que realice un seguimiento de los pronunciamientos en redes sociales de los consejeros del CAC propuestos por fuerzas políticas constitucionalistas.

Encaja mal con la defensa de la libertad de expresión aprobar una moción en el Parlament que condiciona las ayudas a los medios privados a que emitan la publicidad del referendo ilegal del 1-O.

También encaja mal con la defensa de la libertad de expresión presionar a periodistas, como ha hecho el Gobierno catalán con profesionales españoles y corresponsables extranjeros, según acredita Reporteros sin Fronteras.

Los ejemplos serían infinitos, pero quiero subrayar que encaja especialmente mal con la defensa de la libertad de expresión utilizar el poder para estigmatizar y/o tratar de silenciar a los discrepantes.

Un caso sangrante son las declaraciones de persona non grata por motivos ideológicos, que se aprueban con tanta frecuencia en plenos de corporaciones locales catalanas. En este vídeo se recogen los execrables “argumentos” de la CUP en la Diputación de Girona para declarar persona non grata al entonces Delegado del Gobierno Enric Millo, que actualmente ya no vive en Cataluña. En una línea muy similar, vean aquí la infame moción que ERC presentó en el Ayuntamiento de Sant Cugat contra Societat Civil Catalana, acusándola  de connivencia con el neonazismo, entre otras lindezas.

Ese mismo tono tan agresivo con los disidentes se aprecia incluso en personalidades que han llegado a presidir el Parlamento de Cataluña. Recordemos a Carme Forcadell cuando gritaba en un mitin que Cs y el PP no son pueblo de Cataluña. O el reiterado tuit de Núria de Gispert en el que animaba a la entonces líder de la oposición, Inés Arrimadas, a regresar a Cádiz. Son solo pinceladas.

Pero la intimidación no solo se ejerce con la palabra. Así, con total impunidad, los separatistas eliminan (o consienten que se haga) los símbolos comunes (banderas de España, bustos o cuadros del Jefe del Estado, denominaciones de calles y plazas… y, por supuesto, la lengua española) y lo invaden todo con su propaganda: edificios de la Administración, hospitales, playas, conciertos, ferias y hasta cabalgatas de Reyes, por más que impliquen a menores. Algunas campañas resultan realmente inquietantes, como es el caso de la megafonía del Ayuntamiento de Vic.

Un ambiente, en definitiva, que no hace más que coartar la libertad de expresión porque ésta es absolutamente incompatible con cualquier forma de presión. La espiral de silencio en Cataluña es atronadora. Hay miedo a disentir. Me lo reconocían en privado hace pocas semanas muchos colegas que prefirieron no asistir a los claustros universitarios que aprobaron el esperpéntico manifiesto único que siguió a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 14 de octubre, para no significarse.

Quien piense que exagero, que me explique cómo es posible que en un mismo Parlamento supuestamente democrático se impidan las comparecencias de entidades sociales constitucionalistas mientras que prófugos de la justicia, que trataron de derogar el orden constitucional, intervienen por videoconferencia (lo acabamos de ver en la Comisión del 155) para denostar una y otra vez a la democracia española.