El año nuevo empieza siempre con buenos propósitos a la par que con deseos para un mundo mejor. Parece ser que en nuestros deseos para el 2020 olvidamos pedir la erradicación del sistema patriarcal y por ende de la violencia machista, o quizás es que nuestros deseos, como la mayoría de actos que realizamos en nuestra vida diaria, carecen de perspectiva de género, y por lo tanto olvidan a la mitad de la sociedad, las mujeres.
Fuera lo que fuese, lo cierto es que ni en la peor de las pesadillas podíamos imaginar un inicio de 2020 como el que estamos viviendo. Ocho mujeres, ¡ocho!, en un mes. Cada cuatro días una de nosotras es asesinada por su pareja o expareja en ese lugar en el que nos enseñaron de niñas que estábamos a salvo: casa –gritábamos- salve. Y reíamos contentas, ilusionadas y tranquilas, sabiendo que en ese lugar nadie nos podía dañar.
Años después descubriríamos que ahí, justo ahí, es donde nos matan. Hace apenas unos días, lo descubría también Ciara, la menor de tres años, asesinada junto a su madre, Mónica, la madrugada de Reyes en Esplugues de Llobregat. El día en el que la magia de la Navidad se heló en los balcones.
Desde 2003, 1041 mujeres en España han caído víctimas de la violencia machista, 164 en Cataluña. Las cifras son la punta del iceberg. Las mujeres sufrimos desde que nacemos hasta que morimos violencia machista. En formatos diferentes, sí, pero violencia. Algunas sobreviven; aunque sea bajo el yugo del maltrato diario de diferente formato (psicológico, físico, sexual, laboral o institucional). Otras muchas, demasiadas siempre, no lo consiguen.
Ante esta realidad hiriente y sangrante, ante este retorno de la ideología neomachista sustentada por las fuerzas políticas de derechas y ultraderecha, ante las fake news que hablan de denuncias falsas, cuando éstas se sitúan, según la Fiscalía General del Estado, en tan sólo el 0,01%; en definitiva, ante esta guerra no declarada contra la mujer moderna, debemos ser contundentes y exigir políticas públicas preventivas y transformadoras, que promuevan la igualdad de género entre mujeres y hombres desde la pequeña infancia.
Y debemos hacerlo rápido, sin duda y sin dudas. Llevamos demasiado tiempo justificando lo injustificable. Demasiado tiempo aceptando comentarios sexistas de partidos políticos, de personajes influyentes de todo tipo y calaña que utilizan los medios de comunicación como altavoz; demasiado tiempo reconociendo que el supuesto neutro universal incluye a las mujeres, cuando en realidad, por mucho que diga la Real Academia Española, todas y todos sabemos que lo que no se nombra, no existe; demasiado tiempo, en definitiva, reconociendo como neutrales decisiones tomadas desde la perspectiva del establishment patriarcal al que estamos sometidas mujeres y hombres gracias al sistema de géneros imperante.
Y después de tanta y tanta violencia machista, después de tantas maltratadas, física y psicológicamente, después de tantas acosadas sexualmente en sus lugares de trabajo (más de 14 millones de españolas afirman haber sufrido acoso), después de tantas agredidas, ultrajadas y violadas, después de haber llorado a todas y cada una de nuestras 1041 asesinadas por violencia machista, debemos declarar de manera clara y contundente la situación de emergencia, y exigir responsabilidades.
Por eso, y por ellas, los partidos judiciales catalanes deben rendir cuentas sobre los motivos que le llevan a denegar el 52% de las órdenes de protección, según datos del Consejo General de Poder Judicial, concentrándose en Cataluña los que más órdenes rechazan de España. Recordemos que somos la segunda comunidad autónoma con más asesinadas por violencia machista (la primera es Andalucía con un millón más de habitantes), y que de los ocho asesinatos machistas de 2020, tres han sido en Cataluña.
Por eso, y por ellas, es inaceptable la propuesta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suprimir, por criterios economicistas, hasta diez Jutjats de Violència sobre la Dona (VIDO), cinco de ellos en el Baix Llobregat, la comarca en la que, en tan sólo 30 días, se han producido dos asesinatos por violencia machista (tres si contamos a la pequeña Ciara).
Por eso, y por ellas, es inadmisible que la Generalitat haya destinado únicamente 340.000 euros para indemnizar a 91 supervivientes de violencia machista grave, cuando existen más de 60.000 denuncias y 7.000 sentencias.
Por eso también, y por ellas, sobre todo, exigimos al Gobierno de la Generalitat, que se prioricen en los presupuestos políticas para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como aquellas de atención integral a las supervivientes de la violencia machista. La situación de emergencia requiere amplitud de miras y voluntad y compromiso político con la lucha feminista, porque mientras el machismo siga arrancando vidas y esperanzas, la respuesta política de las instituciones sólo puede y debe ser la priorización de recursos y esfuerzos para su erradicación. Puestos a optimizar, optimicemos la vida, las vidas de las mujeres.