Uno de los cambios discursivos más interesantes desde las dos últimas elecciones generales es la defensa creciente que viene haciendo Pablo Iglesias de la Constitución, siempre al hilo de sus artículos más sociales. En el debate electoral del pasado abril, el secretario general de Podemos sorprendió a los telespectadores con una reivindicación de la Carta Magna que exhibió en una versión de bolsillo, leyendo diversos fragmentos, para a continuación reclamar su cumplimiento y reprochar a sus rivales políticos, sobre todo a las derechas, que no la quisieran aplicar. Fue una gran novedad porque hasta entonces se había referido al texto constitucional de forma despectiva, a veces como “papelito”, otras como “candado del 78”, y postulando el inicio de un “proceso constituyente para poder decidirlo todo”. No obstante, como buen gramsciano, Iglesias siempre había tenido claro que no podía dejar la idea de “patria” en manos de la derecha. Por eso, no solo declaró al iniciar su andadura política que se sentía español, sino también que su deseo era “arrebatar el término España de manos de los patriotas de pulserita rojigualda que luego venden la soberanía y cierran colegios y hospitales”, declaró a El País en 2014. “Hoy decimos patria con orgullo”, “nuestra patria es la gente”, “amamos a nuestro país”, son frases repetidas por Iglesias y otros muchos dirigentes de Podemos desde su nacimiento.

Pero una cosa es postular lo que en filosofía política se llama “patriotismo constructivo” con el uso de metáforas inclusivas, para desmarcarse del nacionalismo etnocéntrico, de derechas o chovinista, y otra es salir directamente a disputar el terreno de juego al constitucionalismo como hace ahora. En un momento en el que cunde la sensación de desamparo entre muchos catalanes constitucionalistas porque los partidos soberanistas son tratados reiteradamente con laxitud a cambio de sus votos en Madrid, y en el que el propio término constitucionalista se estrecha porque la derecha pretende expulsar al mismísimo PSOE del consenso de 1978 por sus pactos con las fuerzas independentistas, es una buena noticia el giro discursivo de Pablo Iglesias. “Voy a trabajar para que la próxima década en España sea la década del constitucionalismo democrático, esto significa garantizar, blindar y ampliar los derechos sociales”, dijo este lunes en su toma de posesión como vicepresidente segundo del Gobierno (que prometió ejercer también “con lealtad al Rey”), abriendo el apelativo constitucionalista hacia una parte de la izquierda hasta ahora refractaria a calificarse así. Poco importa que Iglesias hable de “constitucionalismo democrático”, como si acaso pudiera haber otro que no fuera democrático. Lo esencial es el cambio de relato y que una fuerza política que nació para impugnar las bases de la Transición hace suyo el texto constitucional, aunque de entrada sea sobre todo para enfatizar los artículos en los que se habla del “derecho a la vivienda”, de un “sistema fiscal justo” o de que “toda la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general”, lo cual es tan legítimo como cualquier otra preferencia.

En relación al conflicto independentista, lo importante es que Iglesias y Podemos aceptan que la ley y la Constitución son los límites. “Yo no quiero que Cataluña se independice y no estoy de acuerdo con los independentistas en muchas cosas, pero creo que sus ideas hay que combatirlas políticamente y que además podemos negociar y encontrar algún tipo de acuerdo”, declaró el líder de Podemos en La Sexta la noche en la que Pedro Sánchez fue investido presidente. En dicha entrevista, no habló de autodeterminación ni postuló una consulta que no cupiera en la Constitución y matizó que, si bien defiende el concepto “presos políticos” porque los delitos por lo que han sido juzgados los líderes independentistas son de naturaleza política, el comportamiento de éstos no está al margen del derecho. Seguramente Iglesias desearía dar carpetazo a las condenas, pero se guarda muy mucho de cuestionar el juicio y la sentencia del procés. Todo eso son cambios que, en medio de tanta polarización, están pasando demasiado desapercibidos pero que evidencian su apuesta por redefinir el significado del constitucionalismo y disputárselo a la derecha.

“Lo fundamental es poner freno a las cosas que rompen España; ¿qué rompe España? la desigualdad; ¿qué rompe España?, que haya familias que no puedan pagar un alquiler o estudiantes que no puedan hacerlo, que las ayudas a la dependencia no lleguen. Eso es lo que rompe España, y el próximo Gobierno tiene que reconstruir todas las traiciones a España que determinadas políticas han motivado y roto la cohesión social. Cuando se habla de los problemas territoriales se olvida la España vaciada, nadie habla de esos españoles y españolas que viven en los pueblos sin servicios; el próximo Gobierno tiene que trabajar para evitar que se rompa España aplicando los artículos sociales de la Constitución”, ha repetido Iglesias estos últimos meses. Se trata, pues, de un discurso que hace de la justicia social y la igualdad de oportunidades el estandarte de la unidad territorial, apoyándose ahora sí en la legitimidad de la Constitución. Ante el estado depresivo en el que está sumido gran parte del constitucionalismo catalán porque la legislatura está en manos de ERC y eso hace temer nuevas concesiones que ninguneen a los catalanes no nacionalistas, el nuevo constitucionalismo de Iglesias refuerza el dique de contención en Cataluña frente al independentismo. Celebrémoslo.