El ayuntamiento de Les Borges Blanques --localidad de la comarca de Les Garrigues, en Lérida--  ha declarado persona non grata al rey de España. La cosa ha salido adelante porque gobiernan los procesistas, pero es de una inutilidad manifiesta. Aparte de que arrogarse la representación de todos los habitantes del lugar es de una audacia exagerada. Mejor habría sido celebrar un referéndum más práctico que el del 1 de octubre y ver si había unanimidad a la hora de hacerle un feo al monarca. ¿Y si hay gente en Les Borges Blanques que no tiene nada en contra del rey o que, incluso, siente por él cierta simpatía? ¿Y si uno de esos monárquicos va un día a hacer gestiones a Madrid y aprovecha para dejarse caer por la Zarzuela para hacerse con Felipe VI uno de esos selfies que los separatistas se hacen con Puigdemont, si es que lo pillan en un buen día, ya que más de uno se ha llevado un chasco y se ha quedado compuesto y sin foto? ¿Cómo esperan que lo reciban? ¡A patadas, claro!

Si a mí me declararan persona non grata en algún municipio de la Cataluña profunda, les enviaría una nota que pusiera: “Lamento que me detesten sin haberse tomado la molestia de conocerme, pero su decisión no me afecta: nunca se me ha pasado por la cabeza la idea peregrina de visitar su infecto villorrio”. El cargo le impide a Felipe VI redactar una nota parecida, pues no creo que sea por falta de ganas (en otras épocas, el rey de turno habría mandado arrasar el pueblo, ejecutar al alcalde y urgir a sus tropas a la práctica de la violación y el saqueo). Igual ni se ha enterado. Y es que la declaración de persona non grata es un brindis al sol, una antigualla que no sirve para nada más que reforzar la autoestima de los cuatro cazurros que toman la decisión.

Es como esos referéndums, en pueblos o barrios, sobre la elección entre monarquía o república. Suelen ganar los republicanos, pero a su majestad, como en el caso de ser declarado persona non grata, le chupa un pie. En el mundo político, como en la realidad, no ofende quien quiere, sino quien puede. Enviar a Alfonso XIII al exilio fue un éxito del republicanismo español, pero declarar persona non grata a su bisnieto no pasa de ser otra chorrada nacionalista que no sirve para nada.

Lo mismo ocurre con esas pomposas iniciativas del parlamento catalán en las que se anuncia una comisión de investigación de los supuestos chanchullos de la Casa Real o la inminente desconexión de la justicia española. Esa misma justicia las anula y aquí paz y después gloria. Todo es farfolla, exhibicionismo y demagogia a cargo de una gente que, a falta de poder hacer algo trascendental por la nación catalana, se conforman con chinchar a la autoridad vigente, cual moscas cojoneras aparentando que no son del todo inofensivas.

Chinchar. Ese es el único motivo de todas esas propuestas que proliferan en la Cataluña procesista. Todo lo que vaya más allá de chinchar conlleva un peligro para sus promotores, y todos viven demasiado bien bajo la bota de los Borbones como para poner en peligro su cómoda situación social. Felipe VI ya acumula suficientes problemas --entre la parienta, el cuñado enchironado y las trapisondas sexuales y financieras de su señor padre-- como para preocuparse de que unos rústicos le declaren persona non grata o de que unos republicanos ganen un referéndum ful sobre el sistema político que debe regir España. Eso sí, hacer el ridículo es completamente legal en nuestro país. Y, en algunos casos, parece de obligado cumplimiento.