Ya era hora de acabar, de una vez, con un mausoleo dedicado no solo a un criminal, sino a un genocida. Quien según el actual Código Penal sería responsable penalmente de los Delitos contra la Comunidad Internacional, especialmente los de genocidio y de lesa humanidad. Delitos que en 1936 estaban previstos en los Convenios de La Haya y, posteriormente, ante los crímenes nazis fueron definidos expresamente y castigados con las penas más graves. Pero aquí, en España, la dictadura los cometió, siempre con plena y garantizada impunidad, desde 1936 hasta 1975. El primero y fundamental autor y responsable de tan gravísimos delitos fue el hasta ahora “honrado” general Franco.

Ante una fecha como la de hoy, es necesario hacer un breve recorrido de lo que representó el golpe militar que él dirigió y ejecutó, con el apoyo del fascismo internacional. Pues ese criminal, aún hoy, después de 42 años de gobiernos democráticos, permanece ensalzado como un héroe. ¡Qué grave debilidad de nuestra democracia!.

Para valorar la justa decisión adoptada hoy por el Tribunal Supremo, nada mejor para valorarla positivamente que hacer presente lo que representó para España y sus ciudadanos aquel terrible 18 de julio de 1936, la guerra que le sucedió y la larga dictadura impuesta por la fuerza de las armas. Así lo describió, resumidamente, el profesor Casanova, refiriéndose a los fascismos europeos: “La destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y de los partidos políticos y la implantación de un Estado omnipotente, que sin duda fue el fascismo español uno de los más avanzados en su ejecución".

Pero lo más reprobable de la represión masiva impuesta por los facciosos es el contraste insultante que representa el mantenimiento, desde 1975, del mausoleo al asesino, frente a las más de 100.000 fosas clandestinas, dispersas por toda nuestra geografía, que ocultan los restos de miles de personas asesinadas impunemente. Precisamente, estos días, el Juzgado nº 1 de Almazán (Soria) ha abierto una investigación por la presunta aparición de restos humanos de cuatro personas con signos de violencia en La Riba de Escalote.

Para alcanzar sus objetivos, los facciosos dictaron las primeras normas jurídicas precisas para ello. Normas que, por sí solas, son claramente expresivas del retroceso político y social que evidencian el planteamiento planificado y sistemático de la destrucción del orden jurídico republicano.

Normas, todas ellas carentes de validez formal, como los Bandos de Guerra de 17 y 28 de julio de 1936 y cuantas disposiciones y leyes posteriores, que fueron dictadas con manifiesto abuso de poder y absoluto menosprecio del orden jurídico de la República. Así, crearon los Consejos de Guerra, constituidos por militares adictos, que funcionaban completamente al margen de las garantías y derechos de los encausados. No eran tribunales, eran instrumentos de terror causantes de detenciones arbitrarias, penas de prisión y condenas a muerte injustas y causantes de miles de víctimas indefensas. Todo ello en el marco de un régimen prolongado de detención y prisión que favorecía y protegía la tortura, bajo el control arbitrario de la Brigada Político-Social.

Y, desde el inicio de la sublevación, fueron adoptadas las medidas básicas para la destrucción del orden democrático, la disolución de los partidos y sindicatos, especialmente los integrados en el Frente Popular, la supresión de las libertades de expresión e información, las depuraciones de autoridades y funcionarios leales a la República, la suspensión del Tribunal de Jurado y, entre otras muchas medidas, tendentes a invalidar el orden republicano, la derogación del Estado laico y la implantación de un Estado confesionalmente católico, lo que quedó expresado en la primera ley de presupuestos para el clero cuando se refirió a éste como “cooperador eficacísimo de nuestra victoriosa Cruzada”.

Ante este brevísimo retrato de la enorme tragedia que representó el general Franco y su Régimen, por la que ninguno de sus autores y partícipes ha respondido penalmente, es realmente inconcebible que, hasta 44 años después de su muerte, la sociedad española haya tenido que soportar que las autoridades lo hayan mantenido como un “héroe”.