La dimisión de Jo Johnson, hermano del primer ministro británico, Boris Johnson, encierra un gran simbolismo: significa que el brexit ha dividido también a las familias, como ha sucedido en Cataluña con lo que algunos llaman catalexit. Jo Johnson, que ya abandonó el cargo de secretario de Estado de Transportes en el Gobierno de Theresa May, ha dejado ahora su escaño en Westminster y la Secretaría de Estado de Ciencia, Universidades, Investigación e Innovación. “En las últimas semanas-- ha dicho— he estado dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional”. En ese dilema, ha elegido la segunda opción porque discrepa de la política suicida y agresiva de su hermano y pide un nuevo referéndum para sacar al Reino Unido del marasmo en que lo han metido unos políticos irresponsables a base de mentiras.

Como en Cataluña, el Reino Unido está enfrentado y fracturado, con sus partidos divididos, manifestaciones en las calles de partidarios y contrarios al brexit y ante el peligro real de que el inmenso error del referéndum convocado por David Cameron acabe rompiendo el país, como afirmaba el viernes en una entrevista en El País la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, quien reclamaba una nueva consulta sobre la independencia para el 2020, pero nunca sin acuerdo con Londres.

Los paralelismos entre el brexit y el catalexit son cada vez mayores: “Un grupo de políticos –y Johnson es entre ellos el principal culpable— básicamente contaron a los ciudadanos un montón de mentiras durante la campaña del referéndum del 2016. Presentaron a la UE como un agente malvado culpable de todos nuestros males. Y prometieron cosas maravillosas en cuanto estuviéramos fuera. Nada era verdad”, dice Sturgeon en la entrevista. Lo que en el Reino Unido era la UE, en Cataluña era España, pero las mentiras eran las mismas.

La fractura en la familia del primer ministro británico coincide con el segundo aniversario de la aprobación en el Parlament de las leyes de desconexión, con cuya aprobación con nocturnidad y alevosía se consumó la ruptura entre catalanes que ya llevaba años fraguándose. La mitad de Cataluña excluyó a la otra media, con dos leyes iliberales que derogaban de hecho la Constitución y el Estatut sin una mayoría cualificada, muy lejos de los dos tercios de la Cámara que se exigen para cambiar la ley electoral o el Estatut. Cuando al cabo de unos meses el Tribunal Constitucional (TC) validó el procedimiento de lectura única, los independentistas intentaron convencer a la opinión pública de que lo ocurrido en los plenos del 6 y 7 de septiembre era legal. Pero era una nueva mentira porque el TC ratificó en otra resolución que se habían violado los derechos de los diputados de la oposición y además los grupos independentistas no habían finalmente utilizado la lectura única para aprobar las leyes de desconexión, sino otro artículo del reglamento de la Cámara.

En todo caso, los bochornosos plenos de septiembre fueron el inicio de la ruptura de la legalidad, que comportó después las querellas contra el Govern, los procesamientos y el juicio en el Tribunal Supremo. Ahora, cuando está a punto de conocerse la sentencia, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en una nueva demostración de que no respeta el Estado de derecho, acaba de declarar que no aceptarán el fallo si no es absolutorio y que “lo volverán a hacer”. En una conferencia en Madrid, comparó tres veces a Cataluña con Hong Kong y a España con China, una muestra de su finura política, y descartó votar a favor de una eventual nueva investidura de Pedro Sánchez mientras no acepte el “derecho de autodeterminación” de Cataluña.

Al margen de que ese derecho no es aplicable a la situación de Cataluña, los independentistas –y Torra el primero-- siguen repitiendo el mantra de que el 80% de los catalanes están a favor de un referéndum, sin especificar sobre qué, aunque dan por supuesto que es sobre la autodeterminación. Las cifras oficiales, sin embargo, les desmienten: en las últimas elecciones catalanas, los partidos partidarios del referéndum (ERC, Junts per Catalunya y la CUP) sumaron el 47,3% de los votos. Si, con generosidad, sumamos todos los votantes de Catalunya en Comú-Podem alcanzan el 54,7%. Que dejen, pues, de una vez de hablar del 80%.