Dentro de pocas semanas concluirán las investigaciones judiciales sobre la inmensa fortuna oculta amasada por el clan de Jordi Pujol Soley. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tiene en sus manos copiosa información procedente de las comisiones rogatorias que dirigió a una inacabable ristra de paraísos fiscales. Quedan por llegar varias más, por lo que no se descarta que el caso sufra alguna prórroga.

Van transcurridos casi siete años desde que la prensa madrileña reveló en noviembre de 2012 la existencia de los depósitos bancarios de los Pujol en Suiza.

Lo primero que hizo el patriarca fue negar como un bellaco las informaciones divulgadas, y a continuación anunció una lluvia de querellas contra los medios que habían osado publicar esas explosivas noticias. Todas las denuncias acabaron archivadas.

El ex muy honorable presidente saltó a la palestra en julio de 2014. Emitió un comunicado por el que atribuía el origen de la pasta a una supuesta herencia recibida de su padre, Florenci Pujol Brugat.

Desde entonces, los miembros de la saga no han sido capaces de presentar un solo documento acreditativo de la procedencia del dinero. Por ello, cabe inferir que lo del legado era un embuste como la copa de un pino.

A partir de la sorpresiva revelación, la estirpe estuvo de forma permanente en el disparadero. En particular, salieron a la luz los incontables trapicheos de Jordi júnior, sus trasiegos financieros en enclaves de medio mundo, sus mordidas y otras mangancias sin fin.

Con la instrucción a punto de terminar, la policía ha entregado su postrer informe al juez. Denuncia que el patrimonio acumulado por la banda asciende a la nadería de 290 millones de euros. Destaca, además, que los enjuagues dinerarios se instrumentaron mediante incontables transferencias a un arsenal de jurisdicciones opacas al fisco español.

Según la policía, la conducta de los Pujol procede incardinarse en el concepto de “crimen organizado” y se asemeja a las prácticas de la mafia. Asimismo, la percepción de las coimas va asociada indisolublemente a actos de concesión de obra o contratas con las administraciones públicas.

Las fuerzas de seguridad enumeran el saqueo perpetrado por el linaje pujoliano, vía comisiones ilegales, de diversos departamentos de la Generalitat, consejos comarcales, diputaciones, ayuntamientos y puertos marítimos.

En definitiva, no hubo órgano estatal, autonómico o municipal en Cataluña que escapase de las garras depredadoras de Jordi Pujol júnior.

Por mucho que uno se ponga a cavilar, es difícil hallar en el mundo occidental una región o demarcación territorial que haya sufrido un expolio sistemático y organizado por parte de sus políticos con mando en plaza de la escala que se ha dado en la Cataluña de los Pujol y su Convergència Democràtica de Catalunya.

Una vez que el magistrado dé por conclusa la instrucción, dictará la apertura del juicio. Allí se verá si la fiscalía puede poner negro sobre blanco las conexiones entre los centenares de millones hurtados y las adjudicaciones de obras públicas, que es el meollo del asunto.

Una cosa es la verdad judicial, o sea la que se puede probar sin ningún género de dudas durante un juicio. Y otra muy distinta, la realidad de unos hechos que en Cataluña son de sobra conocidos.

Xavier Salvador dejó escrito este mes de agosto que es “harto improbable” que ningún Pujol vuelva a prisión. La larga instrucción del sumario es una evidencia palmaria de las dificultades que ha arrostrado el magistrado. No sería la primera vez, ni será la última, que los presuntos mangantes se sustraen a la acción de la justicia y acaban yéndose de rositas.