El juicio a los encausados por el prusés, al ser emitido en directo durante tanto tiempo por el mismo Tribunal Supremo, nos va a permitir sacar conclusiones sobre lo que ocurrió después del golpe constitucional perpetrado por el independentismo desde el mismo Parlamento catalán a partir de los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Enumeramos algunos de las hechos más importantes: el intento de celebración del referéndum del 1-O a pesar de su ilegalidad; la oposición tumultuaria y violenta a las actuaciones de la policía judicial durante los diferentes registros para evitarlo y durante la misma jornada de las votaciones; el acoso al que se sometió a la guardia civil y policía nacional en sus propias residencias; la dos declaraciones unilaterales de independencia realizadas por Puigdemont y la posterior huida de algunos de los políticos responsables.

En las últimas sesiones del juicio han pasado a declarar trabajadores contratados de forma precaria, funcionarios que arriesgan su propia carrera y proveedores que corren el riesgo de no recibir más pedidos. Todos ellos declaran en el Supremo manteniendo una posición que o parece ambigua o nos desconcierta. ¿Por qué? ¿No será que algunos de los testigos se vieron impelidos por sus propios jefes a ser colaboradores necesarios para la realización de actividades claramente ilegales sin que explícitamente estos se lo hubieran pedido?

¿No será que aquellas personas que se mueven en la disyuntiva de verse obligadas a realizar actividades ilegales o corruptelas, sin estar del todo de acuerdo con lo que sus propios jefes les exigen, pueden acabar intentando parecer trabajadores ejemplares para no poner en peligro su propio contrato laboral o carrera profesional? ¿Pueden incorporar comportamientos aparentando no enterarse de nada que no sea exclusivamente técnico, o aceptar que se haga la ilegalidad sin que lo parezca? En suma, trabajar mirando a otro lado y sin preguntar.

Al responsable de campañas de comunicación se le va a investigar por no atreverse a decir la verdad. El responsable de información de los Mossos sorprende por sus declaraciones de desmarque del primer día, pero los matiza a la baja el segundo día. Algunos proveedores no cobraban lo que hacían ni tampoco reclamaron, pero obtuvieron posteriormente nuevos pedidos. La jefa del servicio de contratación de presidencia nos dice que de los pedidos que no exista un proceso de contratación no se aceptan  facturas, pero tampoco se investigan. ¿Trapero en realidad disimulaba?

Esto se parece mucho a la ley del silencio u omertá (en italiano): el código de honor siciliano que prohíbe informar sobre las actividades delictivas en casos de delitos graves. En época de Pujol se le llamaba el “oasis catalán”. El nulo control sobre la situación por parte de trabajadores y empresas contratadas y las posibles recompensas si se actúa sin contradecir a los políticos obliga a intentar cumplir los deseos de estos. Atrapados por la mutua supervivencia, cabe esperar entre políticos responsables y trabajadores de la Generalitat mutua cooperación, ya que todos comparten el objetivo común de salir ilesos del incidente.

En el caso de Trapero parece evidente. Trapero llama irresponsable a su jefe político y asegura que tenía un plan para detener a Puigdemont si así lo ordenaba un juez. Con esas declaraciones no sólo se desmarca de los promotores políticos del proceso de independencia, sino que les está ayudando a desmontar la acusación por rebelión, de la cual los Mossos serían una pieza fundamental. Sus declaraciones están bien hilvanadas, pero sus actos previos al juicio las desmienten. Si esperaban disturbios, no parece lógico que los Mossos estuvieran en los colegios donde se realizaban las votaciones sin vestimenta apropiada y en número insuficiente para contenerlos. Las actuaciones del 20S y del 1-O no son coherentes con otras actuaciones de los Mossos, en las que si se ha repelido a manifestantes revoltosos o agresivos. Tampoco las declaraciones son coherentes con las de otros mandos policiales ni con las múltiples fotos de Trapero con políticos independentistas. Como mínimo, se dejaba querer. Así, a la par que se desmarca y se ayuda a su propia defensa, banaliza la acusación de rebelión.