2018 fue el año del conflicto del taxi y las VTC. Es un sector regulado y, como es lógico, tanto los taxis como las VTC presionan a los políticos para que regulen a favor de su negocio. Pero los políticos necesitan los votos de los ciudadanos para llegar al poder y aplicar sus políticas para transformar la sociedad. Esta es la base del modelo de democracia representativa que tenemos en España y que tienen los países de mayor renta por habitante del mundo.

Por eso la pregunta relevante es ¿qué piensan los ciudadanos? Nadie conoce lo que piensan todos los españoles y las encuestas, como estamos comprobando en las últimas veces que hemos ido a votar, tienen elevado margen de error. Por eso en las facultades de economía enseñamos a analizar las preferencias de los consumidores en una economía de mercado con diferentes opciones para elegir a través de las decisiones.

1.- ¿Qué han elegido los clientes de movilidad en Madrid y Barcelona en 2018? Las VTC han subido su cuota de mercado del 25% al 37% en un año. Si sumamos el total de licencias de taxis y de VTC en Madrid y Barcelona, el 75% son de taxi y el 25% de VTC. Por lo tanto, es evidente que los taxistas tienen un grave problema, y no es culpa de los políticos. La causa es que muchos clientes eligen coger un VTC en ambas ciudades antes que un taxi. Si divides 37% entre 25% sale 1,5. O sea cada VTC tiene un 50% más de clientes que un taxi.

2.- ¿Qué es lo ideal? Que convivan ambos modelos: taxi y VTC. Como economista, yo prefiero que convivan los dos modelos pero, sobre todo, como cliente. Tengo un recibo que me cobró Uber durante la huelga del taxi. Había mucha demanda, y el algoritmo interpretó con buen criterio que mi disposición a pagar era mayor, y me subió el precio. Y encima tardó 20 minutos en llegar.

3.- Ya se observa una pérdida de calidad en las VTC. La convivencia exige cambios en la regulación. En Australia han conseguido un modelo estable entre los modelos. Y han creado un fondo para compensar a los taxistas que se endeudaron comprando una licencia muy cara y que ahora no pueden pagar.

Sería como la propuesta que hizo un economista observador en 2009 para frenar los desahucios siguiendo el modelo de Obama en EEUU. Un mesa a tres entre el banco, el taxista y Hacienda y, en los casos probados de pérdida y riesgo de exclusión financiera, se reestructura la deuda y las pérdidas se reparten entre el banco, que se equivocó dando ese crédito, y el Estado. Y el taxista puede seguir con su actividad y su empleo.

También hay que adaptarse a la nueva realidad, y no obligar a los taxistas a llevar taxímetro, que es una tecnología del siglo XX, o a pintar los coches de un color como en 1960. Limitar las horas y los días que trabajan los conductores de VTC, etcétera.

En esto deberían estar nuestros políticos y reguladores. Los que opten por prohibir para proteger al taxi deben asumir que van en contra de las decisiones de sus votantes, y acabarán perdiendo su apoyo en las urnas. Veremos.