La posible formación de un Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía con el apoyo externo de Vox, tiene estos días en vilo a millares de individuos de esa comunidad. Sus garbanzos penden por primera vez de un hilo. Después de 36 años de poder omnímodo y aplastante del PSOE, toda una era está a punto de pasar a mejor vida. En consecuencia, puede verse de patitas en la calle un sinfín de amigos y compañeros del partido de Susana Díaz y Pedro Sánchez. La limpia que se avecina se va a asemejar bastante a las purgas estalinistas.

Se desconoce el número exacto de paniaguados que el PSOE incrustó en la Junta. Casi cuatro décadas dan para mucho. Los tentáculos de la Administración andaluza se expandieron por dos vías. Una es la propia Junta de Andalucía y su fronda de consejerías. La otra consiste en la llamada Junta bis o administración paralela. Esta última es prácticamente inabarcable. Sus apéndices se extienden hasta los rincones más recónditos de las ocho provincias sureñas.

Se compone de 330 corporaciones, consorcios, empresas, entes, agencias, fundaciones y otros tinglados subterráneos. Pero no todos los que trabajan en esas entidades van a perder el chollo, porque su enquistamiento en el aparato administrativo está plenamente afianzado.

En efecto, ante el temor de perder las elecciones, la Junta aprobó siete años atrás la Ley de Reordenación del Sector Público. Gracias a ella, se integraron en la Junta cerca de 20.000 trabajadores que venían prestando sus servicios en empresas pertenecientes al ámbito oficial. De golpe y porrazo devinieron funcionarios. La Junta de Andalucía emplea hoy directamente a unas 267.000 personas. De tal colectivo, 24.000 están adscritas a la Junta bis.

Si los partidos de la derecha se ponen de acuerdo e instauran Gobierno, la depuración comenzará en todo caso por las cúpulas. Éstas alojan a más de 500 altos cargos y personal de confianza. La lista incluye a los 13 consejeros, más los viceconsejeros, secretarios generales, directores y delegados provinciales. Además, cada uno de ellos alberga su correspondiente séquito de asesores de todo tipo.

A esta turbamulta de lapas hay que agregar la nutrida cohorte de presidentes, consejeros delegados, directores, gerentes, etc, de la nube de compañías y sociedades públicas.

La mentada tropa tiene desde las pasadas elecciones autonómicas un pie fuera de la administración, por lo que haría bien en ir poniendo sus barbas a remojar.

Queda por ver si esos puestos se amortizan, o bien toman el relevo otros enchufados de PP y Ciudadanos. Ambos partidos tienen dicho que quieren aligerar el cuerpo de altos cargos, porque sobran vividores por todos lados.

Mutatis mutandis, los males de la Junta de Andalucía son extrapolables punto por punto a Cataluña. Durante el infausto tripartito que comandaron sucesivamente Pasqual Maragall y José Montilla, las formaciones que lo constituían se dieron con fruición a montar empresas y covachuelas sin cuento.

Más tarde, el advenimiento de Convergència y sus sucedáneos no supuso la clausura de un solo engendro. Por el contrario, brotaron como setas otros de nuevo cuño. Hoy el parque de entes dependientes de la Generalitat supera los 400 y bate todos los récords habidos y por haber en la piel de toro.

La legión de sanguijuelas que se nutren del presupuesto en Cataluña tiene poco que envidiar a la de Andalucía. Además, como por estos pagos mediterráneos nuestros políticos son más altos y más guapos, han decidido ante sí y por sí elevar sus pagas hasta las cotas más crecidas de la península Ibérica. ¿Acaso nuestros dirigentes son unos fuera de serie merecedores de tan copiosas prebendas? No lo parece, a juzgar por las magnitudes macroeconómicas del Principado.

La prodigalidad de los sueldos obscenos se añade a la malversación sin tasa ni medida que se viene perpetrando desde hace décadas para impulsar los objetivos identitarios y secesionistas.

Fruto de tamaño despilfarro es que Cataluña yace hoy sumergida en una colosal deuda de casi 80.000 millones de euros, con tendencia irreprimible a seguir la escalada. El 80% de dicha deuda está contraída con España. Jamás de los jamases salda el Gobierno autonómico sus balances con equilibrio. Ello acarrea de forma incoercible más déficit y más pasivos, que se cargan sobre las espaldas de los ciudadanos.

Hace años que la Generalitat no puede emitir deuda nueva en los mercados financieros, porque su papel luce la poco honrosa calificación de bono “basura”.

Cada día que pasa se hace más evidente que el Govern nunca podrá afrontar con sus solas fuerzas el reembolso de la pesada losa. Más tarde o más temprano no quedará otro remedio que la asunción de la deuda por parte del Estado. Las tragaderas de los contribuyentes son ilimitadas y aguantan eso y mucho más.