La pérdida del Gobierno por parte del PP y la llegada de Sánchez y el PSOE ha tenido una repercusión importante en el conflicto de Cataluña. No hay duda que se ha producido una distensión de la situación y una oportunidad con el tiempo para encontrar primero una salida y después una solución al actual conflicto institucional y social.
No todo está aclarado, hay sectores por las dos partes que verían con buenos ojos el regreso a la situación anterior. Son los partidarios del “cuanto peor mejor”, y sus principales representantes son los afines a Puigdemont-Torra por un lado y al PP y C,s por el otro.
Hoy son muchas las voces que se levantan a favor de una distensión, especialmente entre los partidarios de la izquierda federalista y sectores con una cierta influencia en la opinión publicada.
A la vez se percibe un cierto cansancio entre la ciudadanía e incluso entre los sectores proclives al pensamiento procesista. Sólo hay que ver la disminución de la capacidad de movilización de los últimos tiempos que parece cada vez más reducida al sector más “enragé”. La división entre los independentistas es cada vez más evidente y difícil de esconder. Por un lado los fieles a Puigdemont que junto con su vicario Torra han lanzado un nuevo sujeto político “la Crida” que no acaba de cuajar y con la ANC, como principal puntal social, partidarios de mantener la confrontación con el Estado, y de la otra ERC con el apoyo social de Ómnium que tienen junto con sectores del PDCat una actitud aparentemente más dialogante.
El problema principal parece hoy la existencia de los políticos presos. Muchas voces y no sólo en Cataluña se levantan cada vez más considerando que es exagerado hablar de un delito de rebelión, incluso el Presidente del Gobierno y algunos ministros han hecho referencias en este sentido, y la propia Abogacía del Estado lo ha reducido a sedición en su demanda ante el TS. Y esto iría emparejado a la consideración de una prisión preventiva exagerada y la carencia de una posible libertad provisional. Es importante que estas consideraciones se hagan especialmente desde sectores no independentistas tanto catalanes como españoles.
Esta importante realidad importante hasta el momento no se ha visto acompañada por algún tipo de autocrítica por parte de los sectores más pragmáticos del independentismo. No es aceptable que desde el conjunto del independentismo se reclame la libertad de los presos en razón de “que no han hecho ningún delito” y que la única sentencia aceptable para ellos es “la de libertad sin cargos”.
La solución hoy sólo puede venir por la vía del diálogo. Se tiene que reconocer que la respuesta judicial ha sido desproporcionada pero a la vez se tienen que reconocer los errores efectuados por el sector independentista, y como tales las graves vulneraciones de la ley producidas especialmente en los plenos del Parlament de los días 6/7 de septiembre del último año. Es difícil un diálogo entre las partes que pase para aceptar la inocencia y la carencia de responsabilidades de los políticos presos.
A la vez hay que tener en cuenta la complejidad del proceso judicial. Especialmente por la realidad de la autonomía del poder judicial respecto al poder político contrariamente a lo que proclaman los independentistas. El poder judicial tiene una autonomía real respecto al poder político. Y el poder judicial es en gran parte profundamente corporativo y conservador en nuestro país. El poder judicial está muy resentido especialmente por los desacatos de los dirigentes independentistas hacia las resoluciones de los diversos tribunales. E incluso se podría añadir que los intentos de presionar con movilizaciones populares al poder judicial podrían revertir en contra de los propios encausados.
Es momento de encontrar una salida a la situación en Cataluña y esta sólo puede pasar por el diálogo entre las partes para encontrar una salida, especialmente entre el gobierno del estado y los actores políticos incluyendo los sectores más pragmáticos de las fuerzas independentistas. Encontrar una salida no es encontrar la solución que sería algo posterior. Y la salida podría estar en el reconocimiento de los errores efectuados en el proceso por parte de los independentistas y en la posibilidad de indulto, después del juicio, posibilidad que el Gobierno del Estado ya ha insinuado.
Asimismo no es momento de propuestas que no tienen cabida en un futuro cercano. No es momento de plantear referéndums ni ninguna otra cuestión que hoy en día están fuera de la realidad. Ahora hace falta una salida lo más pragmática posible. Renunciar al unilateralismo a cambio del indulto por los políticos presos. Y a continuación diálogo para encontrar una solución a la situación sin prisas y con consenso de las partes.
Lo primero que hay que hacer es tratar de reconducir la fractura de la sociedad catalana y esto nunca puede pasar por la imposición de una parte sobre la otra. Por eso actualmente un referéndum no haría más que profundizar la fractura ya existente. Hoy en día por mucho que algunos quieran insistir no hay ningún “80%” favorable a ningún planteamiento. Quizás en otro tiempo podía haber un 80% favorable a algún tipo de referéndum. Hoy hay que decirlo rotundamente esto no es cierto. La sociedad catalana está rota y polarizada y hay que partir del principio de que no se puede imponer una parte a la otra.
La independencia no es aceptable y el mantenimiento de la situación actual tampoco. Habría que negociar una salida consensuada basada en más autogobierno, en un acuerdo que, este sí, fuera sometido a referéndum del conjunto de la ciudadanía. El objetivo que hoy es muy difícil, a la vista de la posición de las fuerzas de la derecha española y de parte del independentismo, sería un acuerdo de autogobierno en una vía federal para lo cual haría falta un cambio constitucional hacia una España Federal que hoy por hoy no parece verosímil. Por lo cual habría que buscar fórmulas posibilistas y para ello hacen falta menos dogmas y más “savoir faire” político, es decir POLÍTICA EN MAYÚSCULAS. Por todo ello la salida política definitiva no hay duda que será lenta y difícil.