Enmiendo la mayor que desde hace tiempo se escucha y que desde hace dos días se ha vuelto casi un lugar común. Contra lo que se afirma tan alegremente, el problema no es la pretendida politización de la justicia, sino la creciente idiotez de los políticos. El mensaje grupal por WhatsApp que se ha difundido del portavoz del PP en el Senado y exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, es el último ejemplo de ello. El consejero de Interior, Miquel Buch, lanzó ayer la teoría según la cual su filtración a los medios había sido intencionado, supuestamente para evitar que el magistrado conservador Manuel Marchena abandonara la presidencia del tribunal que juzgará a los líderes del procés. Conjetura nada inocente que en los próximos días va a volverse muy útil para los independentistas.

Si leemos con atención la totalidad del texto que Cosidó envió a sus 146 compañeros de la Cámara Alta lo que sobresale es una defensa del acuerdo con el PSOE que él celebra como “esperanzador” porque significa que el PP va obtener “más de lo que le correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras fuerzas políticas”. Es evidente que el portavoz popular estaba respondiendo a algunas críticas internas que, a tenor de su polémico mensaje, incidían en dos temas: el futuro de la composición de la Sala Segunda (de lo Penal, competente para juzgar aforados) y la ventaja de que el juez que condenó a su partido por el caso Gürtel, José Ricardo de Prada, abandone la Audiencia Nacional; “mejor vocal [del CGPJ] que poniendo sentencias contra el PP”,  dice Cosidó sin ningún pudor a sus conmilitones.

Este vergonzoso mensaje lo que desvela es tanto el afán por controlar la justicia, que tiene mucho de imaginario pero que se manifiesta desacomplejadamente, como la chulería del personaje en cuestión. Cosidó llega a afirmar que, en el reparto de cromos, el PP sale ganando (“una jugada estupenda”, escribe), no solo por la buena noticia que significa el ascenso de Marchena a la más alta magistratura de la justicia, sino porque supuestamente su partido se garantiza también el control de la Sala Segunda “desde detrás” y de la Sala 61 (la encargada de juzgar asuntos de relevancia política como la ilegalización de los partidos). Es bochornoso que un responsable político se exprese en esos términos, causando un daño enorme al prestigio de la justicia en medio de unas circunstancias muy críticas que no hace falta enumerar. Lógicamente, los medios y las fuerzas separatistas van a utilizar a fondo este descrédito, de entrada para intentar nuevamente recusar a Marchena como ayer mismo anunció que haría la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva.

El pacto entre PP y PSOE para renovar los vocales del CGPJ era una buena noticia porque evitaba el bloqueo de esa institución en un momento en el que urgía el relevo de la cúpula del Tribunal Supremo tras una gestión pésima por parte de Carlos Lesmes. Y el nombre de Marchena para presidirlo, elogiado por su prestigio, autoridad e independencia, también. La fórmula de elección parlamentaria del gobierno de la judicatura nos puede parecer mejorable, probablemente lo sea, aunque la intervención del poder político no es una excepción, sino algo bastante habitual en los otros países democráticos, que la izquierda había reivindicado tradicionalmente para compensar el corporativismo y el mayor conservadurismo de los jueces. Lo que ocurre es que los políticos, y menos aún el Gobierno, no podían ni debían anunciar un nombramiento que corresponde en exclusiva a los nuevos vocales de CGPJ, aunque estos hubieran aceptado un acuerdo implícito entorno a la figura de Marchena. El problema, pues, no es la politización de la justicia, que no existe de forma substancial ni relevante, sino la idiotez de unos políticos que no tienen el más mínimo sentido institucional. Mientras en Cataluña los constitucionalistas tenemos que batallar cada día contra gruesas descalificaciones sobre la calidad de la democracia española, nos preguntamos ante la repetición de situaciones tan lamentables ¿qué hemos hecho para merecer esto?