Hay veces que las cosas ocurren como si como fueran hechas a posta, adrede, aunque evidentemente no sea así. La esperpéntica votación de ayer por la mañana es la continuación lógica de la farsa deliberada y consciente en la que se han instalado los partidos independentistas en el posprocés. El paralelismo entre lo sucedido el lunes en la calle y al día siguiente en el Parlament resulta asombroso. El engaño se manifestó primero el fin de semana y sobre todo el lunes con la celebración del primer aniversario del 1-O cuando una parte de los manifestantes se revolvió contra Quim Torra y el consejero de Interior, Miquel Buch. Mientras por la mañana el president tuvo palabras de ánimo hacia los "amigos de los CDR, que apretáis y hacéis bien de apretar", por la noche abandonó el Parc de la Ciutadella entre silbidos y gritos de dimisión de buena parte del público por no obedecer el "mandato del pueblo" y hacer efectiva la república proclamada el año pasado. Horas más tarde, los Mossos tuvieron que finalmente intervenir para evitar un intento de asalto a la cámara catalana por parte de la chiquillada ultra radical ansiosa por protagonizar un momento épico en sus vidas.
Al día siguiente se volvió a repetir la misma contradicción entre la retórica inflamada y aceptación del marco jurídico español. Tras meses de fuertes desavenencias que han tenido congelada la vida en el Parlament, JxCat y ERC decidieron poner a votación una resolución judicial, lo cual supone un disparate nunca visto que puede acarrearle a Roger Torrent alguna consecuencia ante la justicia. El objetivo era visualizar la negativa soberanista a aceptar la interlocutoria del juez Pablo Llarena sobre la suspensión provisional de los diputados encausados. ¿Desobediencia? Sí pero no. Pues a renglón seguido se votó algo tan contradictorio como que, “mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por las defensas”, los derechos y deberes de esos diputados podrán ser ejercidos por otros miembros de su grupo parlamentario. A efectos prácticos no se aleja mucho de lo que había dictado el juez del Tribunal Supremo a mediados de julio, cuya resolución no pretendía, contra lo que afirman los independentistas, producir un cambio de la mayoría política parlamentaria. Desde entonces Puigdemont, Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Sànchez están suspendidos y no cobran su sueldo de diputados. Así pues, nada de desobediencia, todo simbólico, pura farsa, aunque ahora JxCat y ERC discrepan sobre cómo interpretar lo que se ha votado. Es un lío solo apto para expertos. En cualquier caso, el esperpento de votación de ayer nos remita a septiembre del año pasado con la oposición constitucionalista negándose a participar en un fraude antidemocrático.
La diferencia es que en 2017 fue el inicio de un drama que arrastramos durante semanas, mientras que esta vez no es más que otra farsa que sostiene el independentismo para evitar reconocer su fracaso y sus diferencias internas. A veces las cosas ocurren como si fueran hechas a posta, adrede. Ayer una vez más. Torra por la tarde quiso dar un golpe de efecto y, en su discurso de política general, lanzó un ultimátum a Pedro Sánchez, amenazándole con retirarle el apoyo si en el plazo de un mes no presentaba una propuesta para llevar a cabo un referéndum de autodeterminación. Por un momento pareció que el separatismo tenía una nueva consigna: referéndum o elecciones. Una hábil jugada para quitarse de encima el fracaso del otro día, rehacer la unidad rota y trasladar la presión al Gobierno socialista, creyendo que este iba a contestar con su habitual tibieza y buenas palabras. Pero esta vez ha sido rápido y contundente. No hace falta esperar un mes, le ha dicho la inexpresiva ministra portavoz Isabel Celaá. “Autogobierno sí, independencia no”, aquí tiene la respuesta, con el añadido de que no se aceptan chantajes. “No habrá negociación sobre un referéndum”, remató también ayer Miquel Iceta en rueda de prensa. ¿Y ahora qué? ¿Retirará ERC su apoyo a Sánchez para los presupuestos cuando ni tan siquiera conocía la propuesta de Torra? Evidentemente no. ¿Lo hará el PDeCat en Madrid? Bastante poco probable. Dentro de dos semanas nadie se acordará de ello. Pero entonces Torra volverá a repetir que, si los presos son condenados, la unilateralidad secesionista quedará legitimada. Seguro que tampoco. Lo que no parece fácil es que el Govern Torra sea capaz de cabalgar sobre tantas farsas y ultimátums sin que los suyos, cualquier día en la calle, se le echen encima.