En las campañas electorales, los partidos buscan votos. Con dicha finalidad, resaltan la parte más atractiva de su programa y ocultan la menos favorable. El resultado es que casi nunca cuantifican el coste de sus propuestas y las pocas veces que lo hacen, los números aportados son escasamente fiables.

En sus programas, las formaciones de derechas casi siempre dicen que van a bajar los impuestos y las de izquierdas que van a aumentar las prestaciones sociales. No obstante, los primeros no suelen mencionar que debilitarán el Estado del bienestar y los segundos que incrementarán los tipos impositivos para aumentar la recaudación.

En los partidos, si el pragmatismo pondera más que la ideología, la reducción de las prestaciones sociales o el incremento de la presión fiscal no es realizado con agrado, sino por necesidad. La coyuntura económica las convierte en medidas imprescindibles para la consecución de sus prioridades. Probablemente así lo pensó Rajoy y ahora lo crea Sánchez.

A pesar de que la economía española está en expansión, la coyuntura actual difiere notablemente de la de 2006 y 2007. A diferencia de dichos años, el Gobierno tiene como principal prioridad continuar reduciendo el déficit público. Por tanto, para lograr tal propósito y destinar más dinero a los principales pilares del Estado del bienestar solo tiene una posibilidad: aumentar los tipos de algunos tributos actuales y crear otros nuevos.

Así pues, el debate en el PSOE no debería ser si subir o no los impuestos, sino cuáles de los antiguos tocar y qué nuevos crear. En relación al primer aspecto, existen dos posibilidades: aumentar los tipos efectivos de los tributos que recaudan poco e incrementar principalmente la contribución a Hacienda de los que menos les votan (las familias adineradas). Respecto al segundo, la clave está en hacer suyas las propuestas de la Comisión Europea y, si acaso, copiar algunos de los que han establecido otros países de la eurozona.

De los cuatro grandes tributos, el único que en 2017 recaudó menos que en 2007 fue el de sociedades, pues solo alcanzó el 51,6% de lo obtenido una década atrás. Desde mi perspectiva, la solución no es revertir la reforma tributaria del PP y elevar el tipo impositivo nominal del 25% al 30%, sino acercar el efectivo a aquél, especialmente en el caso de las medianas y grandes empresas. No obstante, solo por lo ganado en nuestro país.

Un resultado que se lograría si el importe agregado de los beneficios empresariales y el de la base imponible fuera más próximo. En el año 2000 ambos importes eran similares, en cambio, en 2014 el primero más que doblaba a la segunda. Para lograrlo deben disminuir sustancialmente las reducciones, desgravaciones y bonificaciones o aplicar un porcentaje mínimo sobre el resultado contable (por ejemplo, el 18%).

El mayor gravamen a las familias adineradas podría provenir de tres principales impuestos: IRPF, patrimonio y sucesiones y donaciones. En el primero, sugeriría establecer un nuevo tramo a partir de 100.000 euros, cuyo tipo se situará en el 50%. Un importe 5 puntos más elevado que el actual, pero 15,51 por debajo del aplicado por la UCD (un partido de centro derecha) en el primer IRPF de la democracia. También podría ser adecuado aumentar del 23% al 30% el tipo marginal que grava el ahorro y las plusvalías, si su importe supera los 50.000 euros.

Con la finalidad de mejorar la financiación autonómica, en lugar de transferir más recursos desde la Administración central a las periféricas, el Gobierno podría establecer un tipo impositivo mínimo relativamente elevado de los impuestos que gravan el patrimonio, las herencias y las donaciones. No obstante, para que no tributen por ellos las familias de ingresos medios y bajos debería existir un significativo importe exento.

Dentro de los impuestos especiales, destacan los que repercuten sobre los carburantes, el alcohol y el tabaco. Históricamente, es habitual aumentar su gravamen en etapas de necesidad recaudatoria. Además, el incremento del primero serviría para recuperar la recaudación perdida como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo contra el céntimo sanitario.

Entre los nuevos tributos, el Gobierno podría seguir las propuestas realizadas por la Comisión Europea y establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, los ingresos obtenidos en la nación por las empresas tecnológicas, las subastas de CO2 o el plástico. Ninguno de ellos generaría una gran recaudación, pero todos juntos constituirían un complemento nada despreciable.

En definitiva, en las anteriores líneas he indicado los impuestos que el PSOE puede establecer con escasa contestación social. Espero que suba algunos y cree muy pocos. No obstante, mi prioridad es que dedique el aumento de recaudación a lo prometido y evite la tentación de generar más burocracia y enchufar a familiares, amigos y militantes.

A diferencia de otros países occidentales, una significativa parte de la población española no quiere pagar más impuestos porque no se fía del destino del dinero recaudado. Indudablemente, nuestra historia reciente confirma sus temores. No obstante, creo que en los próximos años la población menos pudiente merece volver a tener los servicios sociales de hace una década y las oportunidades para mejorar su nivel de vida que la crisis le arrebató. Y para ello, la administración necesita más fondos.