Como he descrito en el anterior artículo, los históricos dirigentes del pujolismo, en el caso denominado Pretoria, crearon una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a operaciones urbanísticas a cambio de la percepción de cuantiosas comisiones, que procedían ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándolas de su origen mediante la utilización de complejos entramados societarios y financieros.

Lluís Prenafeta, secretario de la Presidencia del Gobierno de Jordi Pujol desde 1980 a 1990, fue uno de los pilares del proceso ideológico y político que condujo a la actual ruptura del nacionalismo catalán, derechista e insolidario, que está soportando Cataluña. Prenafeta ya había acreditado su vinculación con el sistema capitalista cuando el 5 de junio de 1989, siendo aún consejero de Pujol, se incorporó al consejo de administración de Iberia de Seguros en representación de la sociedad Vilassar Internacional, que había presidido Manuel Prado y Colón de Carvajal, sociedad vinculada a su primo Isidor Prenafeta. Esta decisión determinó que la Fiscalía de Cataluña abriera una investigación penal contra Lluís Prenafeta que no pudo concluirse por haberla impedido el entonces Fiscal General del Estado. Su sesgo nacionalista quedó reflejado en la creación del diario El Observador --un absoluto fracaso-- y de la Fundació Catalunya Oberta. Resulta significativo que otro conocido pujolista de amplio historial delictivo, Javier de la Rosa, financiara a dicho diario con 1.000 millones de pesetas procedentes de Grand Tibidabo, lo que no impidió su cierre en 1993.

Desde estos antecedentes, no es extraño que posteriormente emprendiera actividades económicas, esta vez de un nítido carácter delictivo.

Ya dijimos en el escrito anterior que tanto Alavedra como Prenafeta “reconocieron íntegramente”, dice la sentencia, los hechos que se le atribuían por la acusación pública, una de las razones por las que se les rebajó la pena solicitada por la Fiscalía. Ambos reconocieron, entonces, la “estrecha relación personal” que mantenían con Jordi Pujol y Artur Mas.

Prenafeta y Alavedra, “sabedores de la facilidad con que se movía Luis Andrés García en los municipios ya referidos y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos ce Cataluña, se concertaron con el anterior, percibiendo ilícitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron obtener cuantiosos beneficios derivados de operaciones inmobiliarias especulativas realizadas en (el) municipio a costa y en perjuicio del interés público”. Actividades que Prenafeta desarrollaba por mediación de la sociedad Poliafrers S.A.

La actividad de ocultación y afloramiento de las ganancias procedentes de los delitos de tráfico de influencias, Prenafeta las llevó a cabo del siguiente modo, lo que determinó la comisión y posterior condena por el delito de tráfico de influencias. Ocultó fondos, que, entre 2000 y 2007, se elevaron al menos a 14.984.865 euros, de los cuales 452.290,08 procedían de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas y de otras actuaciones de intermediación prestadas a diversas multinacionales a través de empresas domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas; beneficios que fueron ocultados a la Hacienda Pública eludiendo, como era obvio, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Delitos, estos últimos, por los que no fueron condenados por haber regularizado sus deudas fiscales o por prescripción de los mismos, pese a su elevada cuantía. Es una muestra de las debilidades del sistema penal ante la delincuencia de los poderosos.

Para mantener la opacidad y encubrir la titularidad de los fondos, Prenafeta contó con la “indispensable colaboración de su esposa, Maria Lluïsa Mas Crusells”, creando sociedades instrumentales en territorios off shore, en las que, a su vez, figuraban como socios otras sociedades fiduciarias domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, en las Islas Seychelles y en Madeira. Para dificultar el seguimiento de sus operaciones, Prenafeta utilizó numerosas cuentas en entidades bancarias domiciliadas en el extranjero, que funcionaron como “cuentas puentes” para los movimientos de sus fondos en efectivo. Fondos, los dispuesto en efectivo, que se elevaban a 7.072.792,55 euros, y mediante transferencias, a 7.029.999,23 euros.

Esta fue, resumidamente, la intensa actividad delictiva, generadora de cuantiosos beneficios económicos, de los primeros dirigentes políticos del nacionalismo catalanista. Los actuales dirigentes y seguidores del independentismo están obligados, sin demora, a conocer y divulgar esta sentencia para que, unos y otros, sepan que sus orígenes se caracterizaron por la total ausencia de ética pública y la utilización del poder político para su enriquecimiento, sacrificando los derechos y necesidades de los ciudadanos. Y, todo ello, cuando aún están pendientes las decisiones penales definitivas sobre la familia Pujol y sobre el 3%.

Ante estos tan enormes como ilícitos beneficios, tenemos razones para dudar sobre cuál es el auténtico origen de los fondos que el movimiento independentista, en horas, dispone para satisfacer de forma tan inmediata las exigencias de fianzas penales y civiles del principal proceso penal contra sus presuntos responsables penales.