Utilizar las pensiones como arma arrojadiza política es una absoluta irresponsabilidad. Entrar en competición para ver "quién las sube más" es jugar con la viabilidad del sistema y las ilusiones de sus beneficiarios. Las pensiones se basan en un pacto entre generaciones que la clase política tiene que respetar. Cuando hablamos de pensiones, el corazón del Estado del bienestar junto con la asistencia sanitaria pública, las discrepancias se deben superar y donde hay callejones sin salida estamos obligados a tender puentes. No podemos abordar este debate sin tener en cuenta algunas claves y sobretodo algunas cifras...

Las pensiones en España suponen el 40,9% del Presupuesto General del Estado. Hay casi 9 millones de beneficiarios con una pensión media de 1.077 euros. El Estado destina a esta partida la friolera de 144.834 millones, gasto que ha ido creciendo en los últimos años casi de manera exponencial. En los últimos diez años ha aumentado el número de pensionistas en 1.300.000 personas (con una pensión media mucho más elevada) y el gasto público en pensiones ha subido más de un 50%.

El problema de las pensiones es, en esencia, demográfico. La caída de las tasas de natalidad a partir de la segunda mitad del siglo XX y el aumento de la esperanza de vida provocan que la pirámide poblacional se esté invirtiendo. Esto significa que cada vez hay menos personas en edad de trabajar que tienen que soportar más pensionistas con sus ingresos, lo que genera una gran presión sobre el sistema. Las proyecciones para España son especialmente delicadas, ya que se trata de uno de los países con mayor esperanza de vida y en los que más ha caído la natalidad. El número de beneficiarios se sigue disparando: por una parte, en 2060 habrá menos de dos personas en edad de trabajar por jubilado, mientras que ahora hay 3,5; y, por otra, en 2050 pasaremos de los 8,5 millones de personas de más de 65 años en España a 16,4 millones. Esto nos obliga a desarrollar políticas que incentiven la natalidad, que ordenen adecuadamente los flujos migratorios y que protejan a la familia.

Los trabajadores, con nuestras cotizaciones, somos los que contribuimos a pagar la mayor parte de las actuales pensiones. Las aún elevadas tasas de paro y la precarización de salarios (y de nuestras bases de cotización), que persisten en la actualidad como secuela de la crisis económica, hacen que los ingresos que recibe la Seguridad Social no sean suficientes para cubrir el montante final. Las cuentas de la Seguridad Social aún no se han recuperado de la destrucción de 3.300.000 puestos de trabajo entre 2008 y 2013. Por eso, es más que evidente que la creación de empleo debe ser la primera prioridad política de cualquier gobernante en España. Además, ese objetivo supremo debería estar acompañado por mejoras salariales antiprecariedad, lucha contra el fraude y el empleo irregular, apostar por la formación de los trabajadores, incentivar fiscalmente los complementos de pensiones privados, ampliar la compatibilidad entre salario y pensión a todos los autónomos, la ampliación voluntaria de la vida laboral, entre otras medidas.

Hay que ir mejorando las pensiones en España, pero desde luego teniendo en cuenta todos estos factores si queremos que no quiebre el sistema. Es necesario recordar que el Estado a día de hoy ya está utilizando el crédito para poner completar los compromisos en esta materia. Por eso, la moderación, las reformas y el respeto a los equilibrios presupuestarios son el camino. Todo el mundo intuye que estamos hablado de una auténtica bomba económica con temporizador. Todavía estamos a tiempo de evitar el colapso, el empobrecimiento masivo de nuestros mayores y la destrucción de la columna vertebral de nuestro Estado del bienestar.