Cuenta Pedro Solbes, el que fuera superministro de Economía con Felipe González y Rodríguez Zapatero, que cuando la gran recesión mostró su peor cara en 2008, este último le "exigía" exprimir el cajón de los gastos para alguna de sus habituales ocurrencias. Ante la negativa del que posteriormente fuera consejero de Enel y Barclays, este era reconvenido por el presidente con una frase que ha hecho historia: "No me digas, Pedro, que no hay dinero para hacer política".

Como era previsible, el nuevo Gobierno de Sánchez, como todo gobierno socialdemócrata que se precie, ha iniciado su andadura con una declaración de intenciones que suponen un incremento del gasto y una contradicción con el llamamiento que el presidente había hecho a sus ministros nada más tomar posesión: "Respetar la estabilidad económica y presupuestaria derivadas de nuestra condición de estado miembro de la Unión Europea".

No solo de gestos inocuos va a vivir Sánchez --que también-- sino que todo apunta a que va a rebañar hasta el límite los más recónditos rincones de las partidas presupuestarias que le permitan hacer frente, con garantías, a las próximas elecciones, una vez que haya apurado la actual legislatura, pese a su compromiso de convocar comicios cuanto antes adquirido en la moción de censura.

Siguiendo los pasos marcados por el Partido Popular ofreciendo barra libre al PNV en los Presupuestos Generales del Estado y unas admirables concesiones en el cupo y plegándose a las exigencias de unos y otros para actualizar las pensiones al IPC o incrementar las retribuciones de policías y guardias civiles, el Gobierno de Sánchez no ha esperado mucho para anunciar decisiones que van a suponer incrementar sustancialmente el gasto como es la supresión del copago a los pensionistas, la universalidad de la sanidad o la gratuidad de las autopistas. ¡Le van a sobrar votos al PSOE en los próximos sufragios y, por lo pronto, las manifestaciones de pensionistas han desaparecido!

A partir de ahí, un gobierno con tan exigua representación parlamentaria y con un Partido Popular con mayoría absoluta en el Senado solo puede sobrevivir en la esfera de las decisiones que le permitan regatear su debilidad parlamentaria. Y ahí el repertorio es infinito, pero en ningún caso barato, lo que van a provocar en el partido político que apoya al Gobierno una grave contradicción, ya que el grupo parlamentario socialista se ha significado en lo que va de legislatura por vetar todo aquello que pudiera afectar al gasto público y a la reducción del déficit.

A estas alturas, pocos dudan que el Gobierno vaya a terminar por plegarse a las exigencias de Podemos de subir el salario mínimo a 1.000 euros o de igualar los permisos de paternidad y maternidad, sin olvidar una de las más sentidas demandas del PSC de recortar la inmensa deuda del Gobierno catalán con el Gobierno español.

La economía española sigue en fase de crecimiento, aunque a un ritmo inferior al de los últimos tres años y con unas expectativas que no son especialmente favorables como consecuencia, entre otras cosas, de los precios del crudo y de la nueva política monetaria anunciada por Draghi. Ello va a suponer un esfuerzo adicional en materia deuda y de déficit.

A partir de aquí, una propuesta. Hoy, la deuda pública o soberana se sitúa en 1,160 billones de euros, lo que supone un nuevo récord --98,8% del PIB-- y un incremento del 1,4% respecto al cierre de 2017. Por lo que respecta al déficit público, este se ubica en el 3% del PIB, el mayor de toda la UE, pese a la Ley de Estabilidad.

Dentro de dos años, el Gobierno de Sánchez deberá rendir cuentas ante el país sobre estas dos ratios que, además, son especialmente controladas por la Comisión Europea. Será entonces cuando se comprobará si ha habido dinero para hacer política y si el incremento de la recolección fiscal habrá sido suficiente para ello.