En primer lugar, las pensiones no deberían sufragarse únicamente con las cotizaciones sociales, sino que deberían correr a cargo de los presupuestos públicos. Constituyen con la sanidad, la educación y la asistencia social los cuatro pilares del Estado del bienestar. Los otros tres se financian mediante diferentes impuestos y no hay ninguna razón objetiva por la que las pensiones deban pagarse mediante solo uno.

En segundo lugar, no es verdad que no haya dinero para aumentar la retribución de los pensionistas en una cuantía equivalente a la de la tasa de inflación, tal y como ha manifestado reiteradamente el presidente del Gobierno. El mantenimiento de su poder adquisitivo, al menos hasta las multitudinarias manifestaciones de las últimas semanas, no estaba entre las principales prioridades del PP. Una verdadera paradoja, pues los jubilados son sus principales votantes y uno de los colectivos con mayor peso electoral. En las elecciones generales de 2016, las personas con 65 años o más supusieron el 23,8% de los ciudadanos con derecho a voto.

En el plan presupuestario de 2018,  el Gobierno prevé una tasa de inflación del 1,6%. Por tanto, las pensiones deberían aumentar un 1,35% adicional para mantener la capacidad de compra de los pensionistas. Si la partida inicial destinada a su pago era de 130.000 millones de euros, el importe extra para satisfacer sus peticiones únicamente alcanzaría los 1.755 millones.

Una cuantía inferior a los 2.000 millones de euros en que el Gobierno cifra el coste inicial del rescate de las autopistas radiales de Madrid. Ni la anterior partida, ni la destinada a la actualización de las pensiones, impedirá que el déficit público se sitúe en el presente año por debajo del 3% del PIB. El motivo es una idílica coyuntura internacional que permitirá a España crecer en 2018 un mínimo del 3%, en lugar del 2,3% previsto por el ejecutivo. Un incremento del PIB adicional que supondrá al menos una recaudación extra de alrededor de 3.000 millones de euros. Una cifra que supera con holgura el importe destinado a la actualización de las pensiones.

Las pensiones no deberían sufragarse únicamente con las cotizaciones sociales, sino que deberían correr a cargo de los presupuestos públicos

En tercer lugar, el modelo económico del PP dificulta en gran medida la percepción de unas pensiones públicas dignas a medio y largo plazo. Por un lado, pretende diseñar un país donde los ciudadanos paguen pocos impuestos y reciben escasas prestaciones del sector público. Por el otro, quiere conseguir un nación altamente competitiva, pero no basada en la elevada productividad de los trabajadores, sino en los bajos salarios percibidos por ellos.

Un ejemplo de lo indicado es el gasto social efectuado en España. En el ejercicio de 2015, se situó en el 24,7% del PIB. Una cifra inferior en 4,3 puntos a la media de la Unión Europea y por debajo de la destinada por países menos desarrollados, tales como Grecia y Portugal.

En 2016, los ingresos públicos se situaron en el 37,7% del PIB. Un nivel muy inferior al del promedio de los países de la zona euro (46,1%). En dicho año, si la Administración Pública española hubiera recaudado como la de la nación media de la eurozona, aquélla habría conseguido 93.956 millones de euros adicionales. Indiscutiblemente, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones no sería ahora objeto de debate, pues ningún político se atrevería a indicar que no existen fondos para asegurarlo.

Si una gran parte de los ciudadanos percibe bajos salarios, y no se procede a gravar en mucha mayor medida a las rentas del capital, el crecimiento de la recaudación de impuestos será limitado. A medio plazo, el resultado será unas pensiones públicas exiguas y un poder adquisitivo de las mismas significativamente inferior al actual.

Si una gran parte de los ciudadanos percibe bajos salarios, y no se procede a gravar en mucha mayor medida a las rentas del capital, el crecimiento de la recaudación de impuestos será limitado

En cuarto lugar, el principio de solidaridad del sistema de pensiones, que beneficia a unos y perjudica a otros, debe continuar. No obstante, la interpretación realizada debe ser muy diferente a la vigente. Ahora, la principal solidaridad no es la de los trabajadores que cotizan por la base máxima respecto a los que lo hace por la mínima, sino la de los que han trabajado 45 años respecto a los que solo lo han hecho durante 15. Los primeros han regalado 8 años y 6 meses y los segundos han sacado el máximo provecho de lo cotizado.

La solidaridad debería ser la tradicional. En concreto, una transferencia de renta, a través del sistema de pensiones, desde los que perciben un mayor salario hacia los que cobran uno escaso. Debido a ello, mi propuesta consiste en incrementar sustancialmente la base máxima cotización y llevarla desde los 3.751,2 euros actuales a los 7.500 euros, sin aumentar la pensión más elevada. El resultado sería más y mejor solidaridad, así como mayor recaudación.

En quinto lugar, el problema principal de las pensiones no está en sufragar las actuales, sino en las de la generación del baby boom. En concreto, los nacidos entre 1958 y 1977, ejercicios en los que los nacimientos anuales superaron los 650.000. Para conseguir dicho objetivo, además de aumentar los tipos impositivos de los principales tributos, a medio plazo sería esencial facilitar la llegada de inmigrantes, para lograr un mayor número de trabajadores por pensionista, y elevar de forma inmediata la edad general de jubilación a los 70 años.

Este último factor es propio del sentido común. Afortunadamente, el incremento en la esperanza de vida hace que aumenten los años de disfrute de la jubilación y la mayor formación de los jóvenes reduce el período de vida activa. Por tanto, cada vez más, disminuye la diferencia entre lo pagado y recibido por el trabajador medio, pudiendo próximamente el resultado convertirse en negativo. En consecuencia, con la finalidad de recurrir lo menos posible a otros impuestos, sería muy conveniente reducir el incremento de los gastos de la Seguridad Social y generar un mayor crecimiento de sus ingresos.

Se debería pasar de un sistema en el que trabajador sabe lo que va pagar (aportación definida) a otro en que conoce lo que va a percibir cuando se jubile (prestación definida)

Finalmente, las reglas por las que se establece la cuantía de las pensiones habrían de ser fijas, en lugar de variar cada poco tiempo, tal y como últimamente ha sucedido. A la hora del cálculo de la pensión debería contar la totalidad de la vida laboral y el trabajador habría de poder elegir el importe que quiere percibir cuando se jubile.

Para obtenerlo, cada año la Administración debería indicar lo que le corresponde pagar por cotizaciones, un importe que no sería fijo. En otras palabras, supondría pasar de un sistema en el que trabajador sabe lo que va pagar (aportación definida) a otro en que conoce lo que va a percibir cuando se jubile (prestación definida).

En definitiva, el problema actual de las pensiones es el resultado de la falta de sensibilidad del Gobierno y de la implantación de un modelo económico retrogrado por parte del PP, más propio de un país emergente que de uno desarrollado.

El verdadero problema llegará a partir de 2024, cuando la generación del baby boom empiece a jubilarse de forma masiva. Espero y deseo que nuestros políticos consideren a las pensiones como una de sus prioridades legislativas, dejen de actuar de forma populista y consigan convencer a todos los españoles que, si cumplen las reglas (cotizan lo suficiente), tendrán una jubilación dorada.