El juez Llarena debe ser un gran jurista pero también se ha demostrado un experto politólogo; sus textos justificativos son análisis de parte de lo que podrían hacer los líderes independentistas en función de sus decisiones. Su autoridad inapelable le ha convertido en el Deus ex machina de la política catalana. Ahora está ante una de las pruebas más arriesgadas de su interpretación jurídica de la realidad política. Los abogados de Jordi Sànchez, candidato a la presidencia de la Generalitat, le han solicitado un permiso a su cliente para poder asistir a la sesión de investidura, apelando al precedente de Juan Carlos Yoldi, un preso de ETA que pudo defender su candidatura a lehendakari ante la cámara vasca.

Jordi Sànchez tiene todos sus derechos intactos en opinión de la práctica totalidad de los juristas pero no se puede gobernar Cataluña desde la cárcel, según han admitido Puigdemont y Junqueras y dicta el maltrecho sentido común. Estamos pues ante el ejercicio de un derecho que esconde una trampa política legítima: tentar a la brigada judicial del Estado a negar tal derecho y engordar de esta manera el argumentario independentista sobre la pésima salud democrática de dicho Estado o correr el riesgo de tener que mantener en prisión preventiva a un presidente electo de la Generalitat, con las repercusiones evidentes de tal imagen.

La maniobra de JxCat y ERC no está dirigida en ningún caso a disponer de un presidente efectivo del Gobierno catalán. Esto es evidente y transparente; hay más candidatos en la recámara y siempre está la CUP para mandarnos a todos a las urnas de nuevo. Sin embargo, es fácil sospechar que si el juez permite a Sànchez comparecer ante el Parlament el día 12, los diputados de la CUP no desaprovecharan la ocasión de investir al expresidente de la ANC, olvidándose por un rato de sus cábalas republicanas y priorizando el desgaste al Estado.

El juez Llarena podría ser tildado de ingenuo si se inclina por el respeto escrupuloso del derecho del diputado Sànchez o de cometer una temeridad jurídica si le prohíbe la asistencia a su sesión de investidura

En estas circunstancias, ¿qué hará el juez? Estando en el Tribunal Supremo le costará poco apartarse de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra anulando las expectativas de una salida provisional de Sànchez para acudir a la cita del Parlament. La eventualidad de su investidura, casi una certeza, le podría aconsejar una prospección de futuras insurrecciones siguiendo el hilo de su argumentario previo; si Junqueras y Forn pueden reincidir y por eso siguen en la cárcel, qué peligros no puede deparar un presidente sospechoso de rebelión.

Así pues, el juez podría ser tildado de ingenuo si se inclina por el respeto escrupuloso del derecho del diputado Sànchez o de cometer una temeridad jurídica si le prohíbe la asistencia a su sesión de investidura. Los dirigentes independentistas creen estar seguros de sacar algún rédito en uno y otro supuesto. O astutos o víctimas. Aunque tal vez, en el TS el dilema no sea exactamente este.

En pocos días conoceremos el desenlace de esta prueba de fuego para nuestro particular Deus ex machina. Por lo visto hasta el momento, habrá que tener presente el factor de la determinación. De la misma manera que hay independentistas dispuestos a ir a la cárcel por sus sueños, hay jueces decididos a superar la vieja ley para defender al Estado, corriendo el riesgo que a largo plazo les pueda suponer una reprimenda jurídica en Estrasburgo.