Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna que promueve Naciones Unidas, y en Cataluña las entidades probilingüismo tienen razones de sobras para estar enfadadísimas, no solo con los partidos catalanes que han acabado imponiendo un régimen lingüístico monolingüe en toda la etapa educativa obligatoria (la mal llamada inmersión), sino ahora mismo con el Gobierno español. Es imposible garantizar peor la defensa efectiva del bilingüismo. La realidad es que el Gobierno del PP no ha hecho más que meter la pata y actuar con notoria ineptitud. Ayer, el Tribunal Constitucional dio un tremendo varapalo a la Ley Wert que en este punto creyó hallar una solución obligando a la Generalitat a conceder unas becas a aquellas familias que optasen por un colegio privado en castellano. Era a todas luces una salida en falso, un auténtico disparate que invadía competencias autonómicas, y que además obligaba a los particulares a solicitarlo y litigar, adelantando el dinero de su bolsillo. Su escaso éxito ha demostrado la inutilidad de la medida.

El correctivo llega mientras seguimos sin saber qué piensa hacer el Gobierno después del contundente anuncio que la semana pasado hizo el titular de Educación y ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo de que el ejecutivo iba a garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular para sus hijos el próximo curso. Es evidente que nuevamente se ha generado una expectativa que no se va a poder cumplir, mientras se ha regalado al soberanismo una nueva cruzada de histeria contra la aplicación del artículo 155. Ha pasado casi una semana y el Gobierno sigue sin aclarar cuáles son sus planes. La idea inicial de la casilla lingüística parece descartada, como lo prueba que desde el Ministerio de Educación se enmendara anteayer la plana a la ministra Dolors Montserrat ("Ha tenido una confusión", dijo un portavoz); la titular de sanidad, en su condición de catalana, quiere protagonismo en estas cuestiones atendiendo a su papel de posible sustituta de Xavier García Albiol. Paralelamente, aparece una peregrina propuesta de garantizar que en cada municipio haya por lo memos una escuela de primaria y secundaria donde se garantice el bilingüismo. En el entorno del Gobierno parece que sigue queriéndose abordar el tema como si se tratara de garantizar un derecho de elección individual, con apaños condenados al fracaso o la irrelevancia.

¿Por qué el Gobierno no ha hecho nunca nada para obligar a la Generalitat a cumplir con un mínimo del 25% en castellano en todos los centros educativos en base a la legislación y a diversas resoluciones judiciales?

En realidad, la primera pregunta es por qué no se ha hecho nunca nada para obligar a la Generalitat a cumplir con un mínimo del 25% en castellano en todos los centros educativos en base a toda la legislación y a diversas resoluciones judiciales. Porque no se trata de dar respuesta a unas peticiones individuales sino de garantizar un derecho y una obligación que a todos atañe. El modelo lingüístico escolar, tal como ha sido interpretada la Ley de Educación de Cataluña (2009) por los tribunales a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto, sigue siendo de conjunción lingüística. También la LOMCE avala el bilingüismo en Cataluña, que en este punto no fue recurrido por la Generalitat. Por tanto, el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular. Pero en todos estos años el Gobierno no ha enviado jamás un requerimiento a la Generalitat instándola a cumplir.

Tampoco ha hecho nada el ministro en estos cuatro meses desde que está en vigor el 155. Como máximo responsable educativo que es ahora mismo Méndez Vigo en Cataluña, podría enviar una orden a todos los centros e institutos exigiendo el cumplimiento de la ley el próximo curso con el detalle de la lengua en que van a cursarse todas las asignaturas. Como muy bien explica el jurista Rafael Arenas en una reciente entrada en su blog El jardín de la hipotenusas inconclusas, con el 155 no se puede cambiar el modelo educativo catalán, que es mayoritariamente en lengua catalana, pero sí obligar a que al menos el 25% de las materias sea en castellano. Ni más ni menos. Es evidente que un nuevo Govern independentista boicotearía la orden, pero es el único camino coherente y fructífero, porque la inmersión es ilegal. Lo han leído bien, ILEGAL. Digámoslo claro.