El secesionismo ha vivido de un constructo mental soportado en mitos y manipulaciones que a base de repetirlos adquieren categoría de certezas. Del "Espanya ens roba", desmontado brillantemente por Josep Borrell en su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, hasta los "miles" de heridos del 1-O denunciados por la hiperbólica Colau y la "violencia extrema con muertos en la calle" de la candidata a Honorable Marta Rovira.

Ha habido un escenario donde el secesionismo ha manejado con gran habilidad la teoría de los agravios, explotando ad nauseam los publicitados déficits de infraestructuras como instrumento de agit-prop y de confrontación con el Estado. Los datos publicados por la Intervención General del Estado y el propio Ministerio de Fomento sobre las cifras de inversión ejecutada desmienten con rotundidad la afirmación de un supuesto agravio inversor con Cataluña. Esta comunidad es la que mayor volumen de inversión en infraestructuras ha recibido por parte del Ministerio de Fomento durante el periodo 2006-2015, unos 8.283 millones de euros, un 17,8% del total adjudicado. Llama la atención sin embargo el preocupante déficit de inversión en infraestructuras y obra pública en Cataluña por parte del Govern de la Generalitat: mientras el resto de gobiernos autonómicos destinan por término medio un 1,7% de su presupuesto a obra pública, el ejecutivo catalán destina menos de un 1%, tendencia que se ha ido acentuando en los últimos años del procés.

Los problemas de infraestructuras en Cataluña se debeb principalmente de la ineficiencia económica e ineficacia en la gestión de la propia Generalitat

Otros elementos a considerar es la continua referencia del nacionalismo catalán a que el territorio debería recibir en función de su PIB, reivindicación que el Gobierno autonómico incumple en la provincia de Barcelona, donde invierte en infraestructuras 13 puntos por debajo de su aportación al PIB catalán. En un país fuertemente descentralizado como es Alemania, el Estado Federal invierte en Renania tan solo el 12,4% de su gasto en infraestructuras, cuando ésta representa más del 21,5% del PIB alemán, resultado de tener en cuenta criterios de extensión superficial y de cohesión social.

Los problemas de infraestructuras en Cataluña no son consecuencia solamente de déficits de inversión, como podría ser el caso de las cercanías de Barcelona, sino principalmente de la ineficiencia económica e ineficacia en la gestión de la propia Generalitat. Casos emblemáticos de lo apuntado serían el proyecto de la L9 del metro de Barcelona, con retrasos de ejecución y desvíos presupuestarios muy significativos, y el Canal Segarra-Garrigues, mastodóntica obra del último Gobierno Pujol, cuyo coste podría superar ampliamente el inicialmente presupuestado, con una previsión de finalización para 2022 que supone un retraso de 10 años con respecto al inicialmente previsto y un nivel de utilización que no llega al 15%. La historia de este proyecto estaría muy relacionada con la cultura del 3%, en donde altos responsables de las empresas constructoras han estado involucrados en el pago de comisiones a la fundación CatDem de Convergència.

Cataluña necesita el 21D un Govern que apueste claramente por invertir en infraestructuras inteligentes que mejoren la movilidad y, sobre todo, una gestión rigurosa y eficiente de todas las infraestructuras

Otros ejemplos de proyectos de infraestructuras mal gestionados serían la Estación de la Sagrera, monumento a la incompetencia y falta de entendimiento entre las administraciones involucradas, con mayores responsabilidades en este caso en la Administración Central, y los gravísimos problemas de ejecución de la reforma de la plaza de Les Glòries heredados de la administración Trias y agravados por la actual administración municipal incapaz de encontrar una solución a la urbanización de dicha plaza y al futuro de la Torre Agbar, después de haber puesto todo tipo de trabas al proyecto de hotel Hyatt y la pérdida de la sede de la EMA.

Cataluña necesita el 21D un Govern que sea capaz de pensar en las necesidades de sus ciudadanos, que apueste claramente por invertir en infraestructuras inteligentes que mejoren la movilidad, liderando una estrategia basada en la eficiencia energética y la sostenibilidad (vehículos eléctricos y autónomos), y sobre todo una gestión rigurosa y eficiente de todas las infraestructuras.