Cuatro años después de su creación, cuando la vicepresidenta del Gobierno resaltara que su constitución respondía a una optimización de medios --ahorro de costes y mayor coordinación--, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vive sus momentos más tensos rodeada de críticas y de una actitud gubernamental que parece buscar su erosión de medios y, aunque parezca reiterativo, también de competencias.

La competencia en materia económica, aunque muchos parecen ignorarlo, es uno de los factores que debería acompañar a todo ciudadano en una sociedad democrática, por el mero hecho de serlo, aunque los poderes públicos parezcan más preocupados, por la cuenta que les tiene, por su vis como votante o como contribuyente.

Quizá por ello, el nacimiento de la entidad que unificaba a cuatro reguladores (energía, telecomunicaciones, transportes y postal) y una autoridad de supervisión (competencia) en un solo macroorganismo, generó todo tipo de expectativas que se han ido diluyendo con el paso de los años como consecuencia de muchos y variados factores. Entre ellos cabría señalar la falta de medios y apoyos por parte del gobierno de turno, consciente éste de que es más rentable mantener la amistad de las grandes empresas que tratar de defender los derechos de los consumidores reduciendo, por ejemplo, el precio de la electricidad (una de las más caras de Europa) o acotando el escándalo telefónico que supone el 902 como negocio.

A la postre, de lo que se trata es de optar por una concepción de mercado y de tener claro, por ejemplo, que el abuso de una posición dominante por parte de empresas que restringen la competencia, afecta en mayor medida a los ciudadanos con menor poder adquisitivo o que aquellos mercados en donde las empresas verdaderamente compiten, los precios que pagan los consumidores tienden a reducirse y las condiciones de acceso al consumo de bienes y servicios mejoran.

Demasiados y poderosos intereses en el campo de juego como para que la CNMV y su presidente Marín Quemada impongan sus criterios en materia de competencia en un momento en que Bruselas cada vez tiene más protagonismo o que lo intereses en juego son cada vez mayores.

El futuro papel de la CNMC se presenta un tanto descafeinado y de eficacia reducida

En esas circunstancias, no es de extrañar que el gobierno apruebe un Real Decreto por el que el Ministerio de Industria, dirigido por Álvaro Nadal, homo œconomicus de confianza de Rajoy, le quita varias competencias a la CNMV en materia de energía y de la sociedad de la información, entre las que se encuentran la fijación de tarifas y peajes en el poderoso sector eléctrico.

Así las cosas, el futuro papel de la CNMC se presenta un tanto descafeinado y de eficacia reducida. Como botón, valga solo una muestra referida al sector eléctrico en donde el Gobierno tiene que repartir para los próximos años cerca de 10.000 millones de euros.

En ese escenario resulta una pretensión un tanto pueril tratar de abordar las causas que influyen en que nuestra factura de la luz sea de las más caras de Europa y tratar de buscar solución a problemas como el coste de ininterrumpibilidad, los peajes del sistema, la parte regulada de la tarifa, la potencia instalada, el déficit tarifario, las redes, los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares o el papel que debe jugar el regulador en todo este proceso.

La historia tiene su peso y cuando ésta se acumula, su peso se acrecienta y mientras que en España el 80% del precio de la electricidad es determinado por el mercado y el 20% restante a plazo, en Alemania, por ejemplo, el porcentaje es justamente el inverso. A lo mejor por ese lado se entienden las razones por las que las subastas en el sector eléctrico, al decir de los expertos, tienen más trampas que una película de chinos.

Para quienes creemos vivir en un país serio y democrático, no podemos ignorar que los objetivos y los compromisos que garantizan la existencia de un organismo como la CNMC deben ser sagrados y que en el figurado frontispicio de la comisión aparece una frase que no puede olvidar: “El objetivo principal de la CNMC es garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios”.