Hace un par de semanas, distintos medios de comunicación lanzaban a los cuatro vientos la idea de que España era hoy mas racista que ayer e incluso alguna tontaina abría su popular programa radiofónico del fin de semana enfatizando que el racismo crecía en España. Unos y otros basaban sus subjetivas valoraciones en un reciente informe elaborado por SOS Racismo, organización que denunciaba "un aumento del racismo institucional" que se producía por parte de empleados públicos en las ventanillas de los centros de extranjería, oficinas donde se tramitan las solicitudes de nacionalidad o en algunas actuaciones de los cuerpos de seguridad.
Los medios de comunicación españoles que se hicieron eco de tan jugosa noticia no necesitaron nada más que la supuesta credibilidad de una organización "sin ánimo de lucro, de acción antirracista, independiente, democrática, multiétnica y plural", tal y como se califican, aunque si nos atenemos a su página web, la falta de transparencia de este tipo de organizaciones es monumental, lo cual no es óbice para que se conviertan en juez y parte acusadora sin que necesiten carga de prueba alguna ni veracidad de los hechos para lanzar una acusación de tal gravedad y magnitud.
Para muchos de los medios españoles basta que un tal Mikel Mazkiaran, secretario general de la Federación SOS Racismo, lance tan graves acusaciones para convertirlas en titulares y manchar la actuación y el comportamiento de funcionarios y con ello de la sociedad española, ya que las situaciones de xenofobia que se producen en España "no se limitan solo a lo que se conoce como delitos de odio" sino que también puede detectarse en el entorno laboral y en la vida privada en forma de discriminación al alquilar una vivienda o al entrar en una discoteca. ¡Con dos! Si al INE o a Eurostat se lo pusieran así de fácil a la hora de elaborar sus estadísticas, Europa se habría hundido hace décadas.
En el gran cajón de sastre de lo que se conoce como economía social o tercer sector conviven organizaciones muy serias, necesarias, eficaces y dignas de alabanza con otras poco serias y en ocasiones innecesarias
Forma parte SOS Racismo, junto con otros muchos cientos de ONG y otros tipos de organizaciones, de la conocida como economía social o tercer sector, a medio camino entre el sector privado y el sector público, y que da empleo a más de dos millones de personas en España de forma directa o indirecta, lo que representa el 10% del PIB en facturación. Y lo más importante, están enganchadas en demasía a los Presupuestos Generales del Estado, cuya financiación no están dispuestas a perder, ya que la captación de fondos privados y el recurso a la sensibilidad de la buena gente no está fácil en estos tiempos de mileuristas.
En ese gran cajón de sastre en el que está SOS Racismo, y sus poco transparentes estructuras y actividades, conviven organizaciones muy serias, necesarias, eficaces y dignas de alabanza (las más), junto con otras poco serias, en ocasiones innecesarias y cuya configuración actual viene determinada por diversas leyes, que en ningún caso parecen suficientes como viene a demostrar un reciente cuestionamiento por parte del interventor del Ayuntamiento de Barcelona por la forma en la que el gobierno de Ada Colau concedió una subvención de 336.00 euros al Observatori DESC --la ONG en la que trabajó antes de ser alcaldesa--, la PAH --la plataforma de la que fue portavoz-- y otras dos organizaciones afines al ideario de Barcelona en Comú. El informe de la intervención que analiza la aportación de fondos públicos a las citadas ONG subraya que el "carácter excepcional" de la subvención que el ejecutivo de Colau esgrime para adjudicar la ayuda mediante "concesión directa" --es decir, a dedo-- "no parece justificado".
El asunto no es una cuestión menor, ya que está en juego el reparto del 0,7% del IRPF, lo que motiva cambios de modelo, intervención del Tribunal Constitucional y repartos aleatorios de fondos que supone que en la convocatoria de 2017 se distribuirán más de 300 millones de euros procedentes de los contribuyentes que marcaron la casilla de fines sociales en su declaración de la renta.
En paralelo, y aunque parezca que no hay relación causa efecto, algo parece moverse como lo demuestra el hecho de que la cada vez mas imprescindible Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) investigará "la eficiencia" de los cerca de 25.000 millones de euros concedidos cada año a todos los sectores en un ejercicio de control de gasto sin precedentes como consecuencia del mandato realizado por el Gobierno de analizar, con detalle, tanto las subvenciones concedidas por la Administración central, como por las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
