Anna Gabriel ha definido mejor que nadie la estrategia del independentismo frente al ordenamiento jurídico catalán y español --o contra el Estado, como se dice ahora--, que consiste en comprobar quién es más cabezón: “Esto es un pulso y va de ver quién aguanta un segundo más”.

En el desarrollo de esa idea hemos llegado a las movilizaciones en la calle. Estaban previstas como reacción a los movimientos de la Fiscalía y del Gobierno central, y al final se han iniciado tras la actuación de la policía judicial siguiendo las órdenes de un simple juez de instrucción.

Los registros y las detenciones del miércoles han hecho que muchísimas personas, escandalizadas, se lleven las manos a la cabeza. En otros casos, las reacciones han sido posicionamientos interesados para instalarse en lo políticamente correcto: a todo el mundo le repele la violencia que siempre conllevan las actuaciones policiales, aunque sea como agentes judiciales. Y más con un despliegue tan espectacular y numerero.

Ahora se trata de convertir las órdenes de un juez en los hechos de septiembre, en algo histórico, en el error definitivo del Gobierno de Mariano Rajoy --de España, en términos independentistas-- en ese duelo a garrotazos al que alude Anna Gabriel; un error que hay que capitalizar a toda costa. Capitalizar, ¿para qué? Para sacarle rendimiento de cara al exterior, donde ya ha impactado, y en las próximas elecciones autonómicas.

Esa es la razón de fondo por la que políticos como Pablo Iglesias y Ada Colau --con el aliento del independentista Albano Dante Fachín en el cogote-- tomaron posiciones tan definidas al poco de conocer los registros. Puro cálculo electoral porque, como el Govern, consideran que la contundencia de la justicia puede ampliar la base social de la desafección, sobre todo si ellos se encargan de disfrazarla como una actuación del Gobierno o, mejor aún, de lo que llaman Estado.

La capacidad de movilización de la ANC y la CUP, ayudadas desde la mismísima presidencia del Govern, que ha convertido las órdenes de un juez en un ataque a la Generalitat y a Cataluña, saca a la calle a miles de catalanes. Una tensión que podría conducir hasta la mayoría nacionalista real en las próximas elecciones autonómicas. Otro plebiscito; como el que ya se intentó en 2015.