Las ayudas financieras otorgadas a las extintas cajas de ahorro siguen dando juego. Un reciente estudio del Banco de España calcula su importe en más de 60.000 millones de euros. De esta cantidad, el Estado aportó 40.000 millones. Los restantes 20.000 corrieron a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos, organismo integrado por los bancos y entidades de ahorro. El Banco de España estima ahora que de los 40.000 millones desembolsados por los contribuyentes, a lo sumo se recuperarán 12.200 millones.

Dicho con otras palabras, siete de cada diez euros sufragados por el conjunto de los habitantes, se esfumaron para siempre. Fue inútil el empeño de rehabilitar a toda costa unas cajas desvalijadas y hundidas por sus propios gestores. ¡Y eso que, según proclamó en su día el ministro Luis de Guindos, el rescate no iba a costar un céntimo al erario! Que santa Lucía conserve la vista a esa lumbrera.

Es de recordar que las cajas más dañadas y que requirieron mayor volumen de auxilios públicos revestían una característica común: la de albergar en su cúpula a nutridas mesnadas de antiguos vicepresidentes del Gobierno, ministros, diputados, senadores, alcaldes y otros profesionales del politiqueo.

La práctica de los partidos consistente en catapultar sus correligionarios a los órganos de mando de las entidades resultó nefasta para el común de los ciudadanos

Por ese motivo, puede afirmarse, sin incurrir en exageración alguna, que la práctica de los partidos consistente en catapultar sus correligionarios a los órganos de mando de las entidades resultó nefasta para el común de los ciudadanos. Ahí están los ejemplos de Caixa Catalunya, Bankia y CAM, por no citar sino algunos de los más aparatosos.

Así, pues, ya se ha cifrado con bastante precisión el coste del desastre perpetrado en las cajas de ahorro por politiquillos de toda laya. A este respecto, se me ocurre una pregunta inocente. ¿Cuánto ha supuesto otro salvamento paralelo, el de las comunidades autónomas? A raíz de la crisis, la gran mayoría de ellas registró déficits abultados y sus estados contables se poblaron de agujeros como un queso emmental.

Las agencias de calificación de riesgo dieron entonces en rebajarles su rango de solvencia. A algunas las degradaron al nivel del bono basura. El recorte tuvo como fatal consecuencia que se les cerrara el grifo crediticio privado por una larga temporada. Ante este panorama, no les quedó otro remedio que pedir árnica al Estado.

Desde entonces, el Gobierno central ha dispensado a las regiones la estratosférica suma de 150.000 millones, casi el cuádruple de la absorbida por el restablecimiento de las cajas. Es ocioso señalar que tal dineral no estaba previsoramente almacenado en las arcas públicas. Por tanto, el erario tuvo que lanzar emisiones y más emisiones de deuda.

El Estado mostró y sigue mostrando una magnánima generosidad con las regiones, pues les ha concedido semejante financiación sin coste, es decir, a un tipo de interés cero. Aun así, muchas autonomías empiezan a enviar señales de que nunca podrán devolver los préstamos recibidos. Por ello, en otro gesto de magnanimidad desmedida, pues se trata del dinero de todos, el Gobierno central ya ha anunciado que planea condonar parte de esa deuda.

El Gobierno central ha dispensado a las regiones la estratosférica suma de 150.000 millones, casi el cuádruple de la absorbida por el restablecimiento de las cajas, y ya ha anunciado que planea condonar parte de esa deuda

La comunidad más favorecida es Cataluña, con 51.000 millones, equivalentes a la tercera parte de los recursos puestos a disposición de las demarcaciones de toda España. Cataluña tiene cerrados los mercados internacionales desde hace años. Las tres principales agencias calificadoras, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, catalogan la deuda catalana en los niveles denigrantes del bono basura, por su altísimo riesgo de impago. De hecho, sin la asistencia estatal, hace mucho tiempo que las finanzas vernáculas habrían caído en una quiebra atronadora.

Se critican hasta la saciedad --y con razón-- los socorros del Estado a las cajas arruinadas por la incompetencia y los desmanes de los políticos. Pero la financiación a unos territorios que derrochan el dinero a manos llenas, constituye otro gigantesco desfalco del peculio de los ciudadanos.

Entre pitos y flautas, es decir, entre cajas y autonomías, la gestión de nuestros políticos manirrotos ya nos ha costado la friolera de 177.000 millones. Esa enorme losa recae implacable sobre las espaldas de la presente generación y, si nadie lo remedia, seguirá haciéndolo sobre las futuras.