La fallida moción de censura presentada contra Mariano Rajoy por Unidos Podemos ha servido, al menos, para dos cosas: para que el presidente del Gobierno haya tenido que oír críticas contra la corrupción del PP de una dureza inhabitual y para reconstruir los puentes entre las dos principales formaciones de la izquierda, aunque una futura colaboración entre el PSOE y el partido de Pablo Iglesias necesitará aún obras de apuntalamiento de los pilares que sostienen esos puentes.
Una de las expectativas de la sesión parlamentaria, condenada la moción desde el principio, era precisamente la actuación del nuevo PSOE después del regreso a la secretaría general de Pedro Sánchez y pocos días antes del congreso de este fin de semana que deberá consagrar la nueva línea política y reafirmar a través de los votos de los delegados la figura del secretario general elegido en las primarias.
El portavoz provisional del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos, que será el próximo secretario de Organización, hizo un discurso bien pensado y medido, con dos partes perfectamente diferenciadas: en la primera, tras reivindicar lo que Iglesias y sus seguidores llaman con desprecio “el régimen del 78”, cargó contra el Gobierno de Rajoy, sobre todo por los casos de corrupción y por su política de fomento de las desigualdades sociales, y en el segundo tramo se abrió a acuerdos parlamentarios con Podemos, aunque desenmascaró las intenciones de Iglesias al presentar la moción utilizando un argumentario interno de los morados en el que se reconocía que su objetivo no era tanto “echar al PP”, sino seguir encabezando la ola de indignación que se percibe en la calle ante el inesperado regreso del competidor Pedro Sánchez al frente del PSOE.
Sin una mayoría alternativa clara, la segunda moción en pocos meses, después de que solo haya habido tres en 40 años, no tiene ningún sentido
Después de haber impedido en 2016 la investidura de Sánchez votando junto al PP, Iglesias se puso en la moción de censura la piel de cordero, al menos el primer día, se ofreció al PSOE para colaborar en una política de izquierdas y animó a los socialistas a presentar antes de Navidad una nueva moción de censura. No parece probable que Sánchez se decida a hacerlo, entre otras razones porque sería necesario el concurso de Ciudadanos, cuyo veto a Podemos y viceversa quedó patente en la segunda jornada de la moción con las descalificaciones mutuas que se dedicaron Albert Rivera e Iglesias.
Sin una mayoría alternativa clara, la segunda moción en pocos meses, después de que solo haya habido tres en 40 años, no tiene ningún sentido. Sánchez ha superado de algún modo la Declaración de Granada del PSOE con su propuesta del Estado plurinacional, pero no parece que esté dispuesto a aliarse con los partidos independentistas, como le sugiere Iglesias, para derribar a Rajoy.
El congreso del PSOE aprobará la enmienda del secretario general que afirma que “manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, hay que perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado”. Esta misma idea es la que anidaba en el discurso de Ábalos en el debate de la moción de censura, que debió dar en la diana porque al diputado de ERC Gabriel Rufián le pareció más rancio que los que pronunciaba el anterior portavoz socialista, Antonio Hernando.
De desarrollar este reconocimiento del Estado plurinacional se ocuparán en el PSOE Patxi López, nuevo secretario de Política Territorial, y, sorprendentemente, Guillermo Fernández Vara, que presidirá el Consejo de Política Federal (organismo que reúne a los barones) después de haber sido uno de los mayores críticos de Sánchez, a quien llegó a acusar de “dividir” y “destrozar” el partido, de impedir la discrepancia, de acabar con una organización “de referencia” para convertirla en “irrelevante”, de “laminar” a los disidentes, de llevar en su ADN los cambios de criterio, de no tener proyecto propio y de que su “modelo de país y de partido no es el del PSOE”.
Aunque la nueva ejecutiva no se plantea como “de integración”, sino como “de confianza”, según admiten los nuevos dirigentes, proponer al líder extremeño para un cargo no está nada mal después de lo que dijo de Sánchez. Desde el Consejo de Política Federal, Fernández Vara tendrá la oportunidad de defender sobre Cataluña una idea quizá ya imposible de llevar a la práctica, pero que repite últimamente con insistencia: “restaurar” mediante modificaciones legales el Estatut de 2006 que recortó el Tribunal Constitucional. Solo Cataluña se rige por un Estatuto que no es el que los ciudadanos quisieron, señala el presidente extremeño.